Aunque no se descarta la posibilidad de acabar las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el gobierno está dispuesto a ejecutar un cese al fuego, bajo la condición de que sea bilateral, dijo el jefe de la delegación del gobierno colombiano en las pláticas de paz, Humberto de La Calle.
El presidente Juan Manuel Santos había condicionado el cese bilateral a la rúbrica definitiva del acuerdo de paz por considerar que la guerrilla podría aprovecharla para fortalecerse, ante lo que De la Calle aseguró que la postura había “cambiado” y puede darse si la guerrilla asume su responsabilidad en materia judicial y se somete a la verificación nacional e internacional.
Sin embargo, el jefe de la delegación reconoció que el proceso de paz “está en el peor momento desde que iniciamos las conversaciones” debido a la escalada de violencia de las FARC, tras lo que han muerto soldados y la infraestructura petrolera y energética del país ha sido afectada por actos de sabotaje.
El punto 4 de las conversaciones contempla la erradicación del cultivo y comercio de las drogas ilícitas y las medidas para compensar a las comunidades campesinas que dependen económicamente de esa actividad.
Al respecto la guerrilla se pronunció: Las FARC “hacen publica su voluntad de acordar con el gobierno del Presidente Santos, y con plena participación de las comunidades, los procedimientos que sean necesarios para desarrollar desde ya el acuerdo firmado sobre el punto 4 de la agenda de La Habana”, referido a ese tema, dijo a la prensa Lozada.
Por su parte, Carlos Antonio Lozada, miembro negociador de la guerrilla pidió este domingo al gobierno colombiano aplicar los pactos logrados en las negociaciones de paz, que se realizan en La Habana, Cuba, contra drogas ilícitas en Colombia, ante el crecimiento del problema.
La principal guerrilla de Colombia, que desde noviembre de 2012 negocian en La Habana un acuerdo de paz con el gobierno de Santos basados en una agenda de seis puntos, dijo que el principio inicial de que nada está acordado “no puede ser excusa para que el gobierno y el Estado se sustraigan de sus obligaciones constitucionales”.
Información de La Jornada y Milenio