Reforma constitucional de derechos humanos
Raúl Jiménez Vázquez
El 11 de junio pasado se conmemoraron cuatro años de la entrada en vigor de la trascendental reforma por la que los derechos humanos se elevaron a rango constitucional y ahora, junto con las tradicionales garantías individuales y sociales, integran el llamado bloque de la constitucionalidad.
El cambio a la normatividad suprema del país se condensó en cinco postulados o axiomas capitales: I) los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el sólo hecho de serlo, es decir, no son otorgados por el Estado, sino que éste debe limitarse a reconocerlos, II) las normas relativas a los derechos humanos deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, III) los jueces deben ejercer el control de convencional ex officio y por ello han de desaplicar las disposiciones que no sean compatibles con dichos tratados, IV) debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia posible a las personas, V) todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en concordancia con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Pese a su claridad meridiana, tales imperativos éticos y jurídicos aún no son una realidad tangible, lo que, además de corroer la legitimidad de las instituciones, evidencia la falta de voluntad política para dar el gran viraje hacia la cultura de la defensa y enaltecimiento de la dignidad humana.
Esta grave disonancia ha contribuido al agravamiento de la crisis humanitaria que vive el país y ello no ha pasado inadvertido para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el que hace unas semanas emitió un informe aseverando que en México “existen significativos problemas en materia de derechos humanos que incluyen a la policía y al ejército involucrados en abusos serios, como asesinatos extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y abusos físicos”.
Desde una perspectiva similar, el exjuez español Baltasar Garzón declaró recientemente que es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado para el caso Ayotzinapa.
Análogamente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigieron investigar a todos los civiles y militares implicados en la matanza de Tlatlaya, requerimiento que resulta ineludible a la luz de la existencia de una directiva miliciana de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad” que habría incitado a la ejecución sumaria, lo que podría conllevar responsabilidad penal por cadena de mando a los superiores jerárquicos y responsabilidad institucional para las fuerzas armadas.
El incumplimiento craso de la reforma constitucional de derechos humanos nos interpela a todos, especialmente a las autoridades. ¿Qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto para que sus principios no queden reducidos a meros compromisos de papel?