Mancera y Eruviel Ávila encaminan sus acciones
José Luis Camacho
En las pasadas elecciones los mexicanos les dieron una gran lección a los partidos políticos, lo cual quedó demostrado con la alternancia que fue una constante en la mayoría de los cargos importantes que estaban en juego, pero las derrotas en ciertos estados fueron muy significativas y con grandes consecuencias.
Con evidente interés en 2018, los gobernantes de las entidades que resultaron afectadas con el voto de castigo y que aún seguirán en gestión al menos un par de años, están realizando cambios importantes en sus gabinetes, algunos muy necesarios y otros muy drásticos, pero hasta el momento pocos que en verdad se noten.
Aunque el PRI en el Estado de México pudo conservar la mayoría en el Congreso, así como mantener la mayor parte de los municipios de la entidad, es cierto que perdió puntos clave como Naucalpan, Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Texcoco, además de que otros le fueron muy peleados con diferencias muy cerradas, como Cuautitlán Izcalli.
Recientemente, el gobernador Eruviel Ávila Villegas nombró un nuevo comisionado de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández; con este cambio ya serían cuatro los realizados en lo que va de la actual administración en dicha área.
Cabe destacar que esta entidad se encuentra actualmente en los primeros lugares en delitos como extorsión y robo de vehículo, además de que en los últimos meses han aumentado drásticamente los crímenes de desaparición y asesinatos de mujeres de entre 18 y 25 años de edad, de acuerdo con reportes del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, está la derrota del PRD en la Ciudad de México, debido a que Morena, uno de los pocos partidos que resultaron ganadores el pasado 7 de junio, le arrebató el control de la Asamblea Legislativa y un significativo número de delegaciones.
Sorpresivamente, la semana pasada, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera solicitó la renuncia de todo su gabinete, con la finalidad de realizar una evaluación de ocho semanas para dejar solamente a quienes la aprueben.
Esta medida resulta tan drástica como absurda, pues podría darse la impresión de que la administración ha quedado en el limbo y sin cabezas, además de que es complicado comprender cómo se realizará esta evaluación en un periodo tan largo y qué sucederá durante estos 60 días con las dependencias.
La verdad es que esta medida no convence mucho, porque además no se dieron a conocer cuáles serán los parámetros y quién realizará dichas evaluaciones. Tal vez eran suficientes dos o tres enroques rápidos pero más atinados y directos.
Seguramente los dos suspirantes tienen buenas intenciones, pues los desastrosos resultados en sus entidades les han abierto los ojos de cuál es la magnitud del enojo y molestia de sus gobernados, además de que han visto muy amenazadas sus intenciones para 2018.
Miguel Ángel Mancera también comprendió que es necesario castigar a los responsables de actos irresponsables y corruptos de las administraciones pasadas, como los encargados directos de la construcción de la famosa Línea 12 del metro de la Ciudad de México.
Por ello, a punto de cumplirse 16 meses de que se cerró parcialmente, se están realizando las primeras acciones judiciales en contra de los exfuncionarios que estuvieron involucrados.
Remontándonos un poco en el pasado, recordemos que la construcción de la línea dorada comenzó en julio de 2008 e inicialmente estaba proyectado que concluyera su construcción para diciembre de 2011, no obstante, se inauguró hasta el 30 de octubre de 2012, es decir 10 meses después.
En lo económico obviamente el monto también se elevó mucho más de lo que se había establecido en un principio, es decir: 17 mil 500 millones de pesos, pues después se supo que el costo final de la obra fue de 21 mil 331 millones de pesos.
Y a todo ese dinero también hay que sumarle los millones extras que ha costado la reparación de la línea, sin que hasta el momento se hayan podido reabrir las 11 estaciones clausuradas, a pesar de todos los trabajos que se han realizado.
Pero todos estos millones al parecer han sido inútiles, algo que es por demás absurdo, pues el medio millón de usuarios de la Línea 12 siguen sin poder utilizarla, padeciendo entonces —hay que decirlo— el pésimo servicio de gran parte del transporte público de la capital, que además es insuficiente.
Esta semana se realizaron las primeras detenciones en contra de Juan Armando Rodríguez Lara, exdirector de Administración del Proyecto Metro, y Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar. Asimismo la PGJDF adelantó que aún estaban pendientes de cumplimentar diversas órdenes de aprehensión en contra de Enrique Horcasitas Manjarrez, director del Proyecto Metro y otros responsables directos de la obra.
De lo que nada se sabe aún, es si también habrá consecuencias para Ebrard Casaubón que recientemente aseguró, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que regresará de su estancia en Francia si así se lo requieren las investigaciones, aunque advirtió que no lo hará antes ya que está pasando el verano con sus hijos menores.
Por su parte, la constructora ICA dio a conocer que espera ganar la licitación para construir la ampliación de la Línea 12, pese a los problemas técnicos que presentó el primer tramo, los ejecutivos de la empresa aseguran que las fallas de la línea no son su culpa y así ha quedado demostrado.
Es un hecho que culpas hay, alguien no hizo bien su trabajo o solamente buscó adjudicarse beneficios afectando la obra y con ello a los 435 mil usuarios diarios de la Línea 12.
Las comisiones investigadores son las responsables de determinar quién, y el Gobierno de la Ciudad de México de subsanar los daños, y que esto no sea solamente como medida con miras a 2018, que en verdad sea en beneficio de los capitalinos.