La tregua unilateral de un mes anunciada a partir del próximo lunes, 20 de julio, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue extendida a cuatro meses, aseguró el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el mismo periodo en que su gobierno decidirá si sigue negociando la paz con esa guerrilla.

La decisión es parte del acuerdo de “desescalamiento” del conflicto armado y aceleración del proceso de paz con la guerrilla anunciado el domingo pasado en Cuba, donde las partes sostienen diálogos de paz desde noviembre de 2012 sin decretar un cese al fuego en el terreno.

Días antes de ese acuerdo, las FARC ordenaron una tregua unilateral de un mes a partir del 20 de julio, ratificada posteriormente en el documento firmado por las partes en La Habana, en el que sin embargo no se hace mención a la duración de la misma.

Fuentes de esa guerrilla en Cuba no confirmaron ni negaron este miércoles la extensión de la tregua por cuatro meses y pidieron a la AFP remitirse al documento conjunto divulgado el domingo en La Habana.

Textualmente, el comunicado dice que mientras se busca acelerar las negociaciones. “las FARC, como medida de desescalamiento mantendrán la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas” y “el gobierno nacional a partir del 20 de julio pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia”.

Acciones que, según el texto, serán revisadas “en cuatro meses” por cada una de las delegaciones para “la evaluación tanto del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento, como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los avances de la mesa”.

Santos aseguró, además, que antes del inicio de la tregua de las FARC y del proceso de reducción de las acciones militares contra esa guerrilla, quedará en libertad el subteniente Cristian Moscoso, quien cayó en poder de los rebelde en días pasados durante un enfrentamiento.

“Se decidió que se acelera la negociación sobre los dos puntos que faltan, simultáneamente: el fin del conflicto y las víctimas, dentro del que está el punto fundamental de la justicia (que se aplicará a los guerrilleros desmovilizados)”, señaló el mandatario.

“Si en cuatro meses no hemos avanzado en el tema de justicia, no habrá paz”, insistió.

Con las conversaciones con las FARC, Colombia busca acabar con un conflicto armado de más de medio siglo, que ha dejado al menos 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados.

Hasta ahora ambas partes habían consensuado tres de los seis puntos de la agenda, y acordado un programa de desminado y la creación de una Comisión de la Verdad, sin embargo, el plan de desminado que realizaban las FARC y el gobierno colombiano fue suspendido temporalmente tras la muerte de un soldado.

Wilson Martínez fue el uniformado que perdió la vida cuando trataba de destruir, bajo los parámetros de seguridad, una mina en el departamento de Antioquia, al norte, ante lo que el Ejecutivo decidió parar las actividades y revisar de manera integral las condiciones del plan, acordado en las negociaciones del proceso de paz.

“La Organización Ayuda Popular Noruega y el jefe del Batallón de Desminado del Ejército, coronel Willinton Benítez, acompañado de la Dirección Integral Contra Las Minas adscrita a la Presidencia de la República, coordinaron la evacuación de los heridos, la salida del fallecido y las nuevas medidas y protocolos de seguridad que se pondrán en práctica luego de una breve pausa en el programa para hacer su evaluación integral”, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Martínez era uno de los voluntarios que realizaban trabajos de limpieza en la vereda El Orejón, municipio de Briceño, desde el pasado 8 de julio cuando comenzó el plan piloto destinado a extender la depuración en el resto del territorio nacional.