Aquila, Michoacán.- Hasta el momento un niño de 12 años ha muerto y cuatro personas más resultaron con lesiones graves por proyectil de arma de fuego, entre ellas otra niña de 6 y un menor de 17 años, consecuencia nuevamente de un posible exceso en el uso la fuerza pública a manos de policías estatales, denunciaron pobladores de la comunidad indígena de Ixtapilla, perteneciente al municipio de Aquila, Michoacán, donde sucedieron los hechos.

Primero se habló de que los responsables de disparar durante una manifestación pudieron haber sido los elementos del Ejército Mexicano que realizaban operativos en esa región de la Costa-Sierra.

Sin embargo, localizados ya en la madrugada de este lunes, habitantes del lugar, acusaron a los elementos de la Fuerza Ciudadana que iban en el operativo, de haber disparado no solo en contra de la multitud, sino también, en dirección a los domicilios ubicados sobre la carretera que cruza ese poblado localizado sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo.

Los hechos ocurrieron por la tarde de este domingo, luego de que en la mañana se detuviera al líder de las autodefensas de ese municipio de Aquila, Semeí Antonio Verdía Zepeda, a manos de elementos del Ejército Nacional, Marina Armada de México y policías estatales.

Verdía es acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, e investigado a la par, por delitos electorales del fuero común y federal tras el robo y destrucción de material electoral, ocurridos durante los comicios del pasado 07 de junio.

Su captura tuvo reacciones de inmediato y pobladores de esa región, así como guardias civiles armadas de diferentes comunidades, exigieron su liberación inmediata a través de bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de esa zona colindante con el estado de Colima.

Una de las manifestaciones fue justamente en la comunidad de Ixtapilla, donde luego de que los habitantes lograran liberar de vehículos oficiales a dos de las autoridades del lugar detenidas minutos antes por encabezar las manifestaciones, militares y policías de la Fuerza Ciudadana arremetían en contra de la población.

Los antimotines lanzaron gases lacrimógenos hacia la población para esparcirlos, pero, entre la poca visibilidad, se realizaron una serie de disparos que dejaron sin vida en el lugar a Edilberto Reyes García, de 12 años de edad; mientras que la niña Neymé Natalie Pineda Reyes, de 6; Horacio Valladares, de 32; Melesio N., de 60 y Antonio Alejo Ramos, de 17, resultaron con lesiones de proyectil de arma de fuego de grueso calibre.

Tanto Edilberto Reyes, así como la niña Neymé Natalie y Antonio Alejo, se encontraban desde las ventanas de sus casas, como espectadores de las acciones conjuntas de estatales y militares, emprendidas contra los pobladores.

Y es que los habitantes, desesperados por liberar al presidente del Consejo de Vigilancia, Ezequiel Celestino y a un encargado del orden, arrojaban piedras en contra de las fuerzas de seguridad para que se los entregaran.

Una vez que lograron su cometido, los pobladores arropaban a sus autoridades, para después atestiguar lo que contundentes denunciaron:

“La Fuerza Ciudadana fue la que disparó; iban dos camionetas junto con los militares y se cree que las pedradas que tiraba la comunidad, así como el hecho de que los compañeros lograran bajar a nuestras autoridades del camión donde los tenían, fueron las causas que originaron que los policías se bajaron de sus vehículos con esa reacción de coraje y nos dispararan a matar prácticamente”, narró Aldo, una de las fuentes consultada.

Esta versión coincide con la de otros pobladores que se encontraban en el lugar de los hechos, que además agregaron, su manifestación era pacífica y el bloqueo carretero solo era para impedir el paso a vehículos oficiales, no así a particulares, a los que dejaban pasar sin ningún problema.

A pesar de que las fotografías del menor muerto, así como de las demás víctimas eran enviadas a diferentes medios de comunicación, éstos no podían dar crédito; la autoridad mentía y señalaba que no tenían registro de algún hecho violento.

Los habitantes se encargaron de mandar las pruebas suficientes que comprobaban el hecho, y fue hasta minutos antes de la medianoche, cuando por fin las autoridades reconocieron que se había registrado un ataque en contra de los pobladores de esa comunidad indígena.

Tras aceptar el hecho violento, los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, confirmaron la muerte del niño de 12 años y las lesiones de las otras cuatro víctimas.

Incluso señalaron que las personas heridas habían sido trasladadas a Tecomán, Colima, para su atención médica. Al menos tres de los cuatro se debaten entre la vida y la muerte, entre ellas, la pequeña de 6 años de edad.

Mediante un comunicado titulado “ATAQUE CONTRA CIVILES EN AQUILA NO QUEDARÁ IMPUNE, AFIRMA EL GRUPO DE COORDINACIÓN MICHOACÁN”, las autoridades también aseguraron que “Las fuerzas castrenses y de seguridad pública están obligadas a actuar con apego al marco legal y respeto a los derechos humanos”.

De igual forma, las autoridades dijeron lamentar el ataque contra la población civil, y que ofrecían todo el apoyo a los familiares de las personas afectadas.

Asimismo, reiteraron, que promoverán que se realicen las investigaciones a fondo para deslindar responsabilidades, y que este artero hecho no quede impune, a pesar de que es su obligación, de acuerdo a lo establecido en la ley.

“El Grupo de Coordinación Michoacán tiene el firme compromiso de que los derechos humanos sean respetados en todas las acciones operativas que deben tener como objetivo primordial salvaguardar la integridad y bienestar de la población…”, asumieron.

Pese a esta justificación oficial, los habitantes de esa comunidad, de los poblados aledaños, del municipio, así como sus colindantes, lanzaron un ultimátum al gobierno federal y al estatal, para que les entreguen a los responsables de haber disparado en contra de esas personas inocentes.

Además, de que advirtieron, ya se encuentran reunidos para determinar el plan de acciones paralelo, en el que radicalizarán su movilización en contra del gobierno sustituto de Salvador Jara Guerrero, al que acusaron de mantener, a través de las policías estatales, vínculos con grupos del crimen organizado y permitir su operatividad.

Pero de igual forma, anunciaron que se movilizarán para exigir la liberación del líder de la Policía Comunitaria de esa región, Semeí Verdía Zepeda.

“Iniciaremos con bloqueos permanentes sobre la carretera federal 200 y sellaremos cualquier acceso vial a Colima; nos extenderemos hacia Coalcomán, y si podemos, llegaremos hasta Tepalcatepec y otros municipios de la Tierra Caliente donde nos dicen que nos apoyan. De ser necesario, también bloquearemos toda la carretera costera hasta llegar al Puerto de Lázaro Cárdenas, comunidad por comunidad”, advirtió, otro de los habitantes de Aquila que pidió el anonimato por motivos de seguridad.