Las denuncias de corrupción y la grave crisis económica han acentuado la caída de la popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rosseff; el nuevo mínimo de aprobación que alcanza la líder del Partido de los Trabajadores (PT) es 7,7%, mientras un 70,9% considera negativa su gestión, en comparación a un 64,8% en marzo.
La encuesta publicada este martes fue realizada por la firma MDA para la Confederación Nacional del Transporte (CNT, patronal); las cifras suponen un nuevo golpe para la cada vez más abandonada Rousseff, rodeada de acusaciones, criticada por colegas de su partido y por la oposición creciente a su mandato.
MDA preguntó sobre el grave escándalo de corrupción develado en la estatal Petrobrás, ante lo que el 69% consideró que Rousseff tiene alguna responsabilidad en esas irregularidades, que han llevado a algunos sectores minoritarios de la oposición a demandar que se le inicie un juicio político de cara a la destrucción de la mandataria.
Según el sondeo, 62,8% de las personas consultadas se mostró a favor de ese juicio, frente a 32,1%, que se declaró en contra; el caso de controversia se refiere a los más de 50 políticos involucrados en sobornos de las principales empresas de construcción de Brasil que se habría derivado de los sobreprecios cobrados a Petrobrás.
Contra Rousseff no hay investigaciones, pero sus rivales políticos desean que vaya a juicio político, lo que llevaría a revisar si su campaña electoral se financió con dinero de los sobornos.
La caída al 7,7% está por debajo de la cifra conocida el primero de julio, cuando se cumplieron seis meses del inicio del segundo mandato de Rousseff, mientras un sondeo del Instituto Ibope sitúo la aprobación del gobierno en 9%.
La negativa del gobierno y de la propia mandataria son evidentes, sobre todo si se compara con el 51% de votos que Rousseff obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones de octubre pasado, en las que fue reelegida para un segundo mandato.
Desde entonces su aceptación ha caído como resultado del escándalo de Petrobras y también por una difícil situación económica, que tiende a agravarse, y frente a la cual su gobierno adoptó medidas de austeridad para proteger la calificación del grado de inversión del país.
Una de las causas de la grave crisis política del gigante sudamericano es que la amplia alianza social inaugurada por Lula “llegó al final, pero el sistema político no logró ser modernizado para estas épocas”, opina el experto en el tema Francisco Fonseca, profesor de la Fundación Getulio Vargas.
“Se agotó el modelo de ingresos con crecimiento del mercado interno y ahora también se agota su expresión política; la coalición de partidos” en el oficialismo.
Podría desaparecer el PMDB
En Nueva York, frente a un grupo de empresarios norteamericanos, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, declaró este martes que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza junto con el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, podría salir del gobierno “un día cualquiera, de ahora en adelante”.
Aclaró que el distanciamiento podría ocurrir en 2018, cuando el grupo parlamentario decida si impulsa candidato presidencial.
Cunha, convertido en opositor al gobierno, decidió sacar a la luz 11 pedidos de juicio político contra al jefa de Estado, presentados en la Cámara Baja a inicios de año, quien reunió este martes a su gabinete para analizar la crisis generada por las denuncias de corrupción; el titular de la Cámara pretende enjuiciar a la presidenta.
La batalla entre el jefe de Diputados y el Palacio del Planalto generó una “grave crisis institucional”, admitieron miembros del gobierno, situación que analizó la jefa del Estado con sus principales ministros, en busca de establecer una estrategia.
A la par del posible pedido, Cunha anunció la formación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el mayor de fomento en América Latina, por supuestas irregularidades.
Fuentes del gobierno aseguraron que un proceso al BNDES significaría un nuevo obstáculo para la economía, porque es la principal fuente de financiamiento público de grandes obras.