El 8 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial de Ficrea luego de que detectara que su principal accionista, Rafael Olvera, desvió alrededor de 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores.
En un comunicado dentro de su portal el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) instruyó a la CNBV entregar copia de los documentos relacionados con la intervención gerencial, observaciones, multas y apercibimientos impuestos a Ficrea.
Lo anterior, derivado de la resolución de los siete recursos en el Pleno del Instituto, interpuestos por un afectado en contra de CNBV, quien argumentó que declaró bajo “reserva” la información, su inexistencia, la entregó incompleta o proporcionó otra que no correspondía a la requerida.
El Pleno determinó que las negativas de la entidad reguladora no eran procedentes y le ordenó la entrega, entre otras cosas, de los documentos fuente que dan cuenta de las multas y apercibimientos aplicados a Ficrea del 1 de enero de 2010 al 7 de noviembre de 2014, así como proporcionar versión pública del oficio de observaciones número 123/100877/2014, del 26 de junio de 2014 y del oficio de observaciones de la Visita de Inspección Especial, en materia de prevención de lavado de dinero.
Otra de las solicitudes es dar a conocer los informes actualizados que le entregó el Interventor Gerente de Ficrea, entre el 22 de diciembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015, que contienen: relación de bienes y derechos a valor real cedidos en pago a Ficrea que estaban en posesión de Leadman Trade y de Baus & Jackman.
“(También) dar a conocer el documento, mediante el cual confirmó a HR RATINGS que desde 2012 sabía de la triangulación de Ficrea en sus contratos; así como indicar fuente, lugar y forma en la que se puede consultar el documento de la Autorización para la operación de la Federación Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, S.C., como Federación, en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, añadió.
Recuento desde marzo 2014
Ficrea, Sociedad financiera Popular, solicitó permiso para constituirse como un banco; para esa fecha sus activos llegaban a 2 mil 750 mdp.
En noviembre, CNBV interviene a la empresa tras percatarse de una serie de triangulaciones sospechosas de recursos, ya que la compañía usaba una sociedad anónima llamada Leadman, la cual se utilizaba para transferir recursos acreditados de Ficrea.
En su momento, la Comisión concluyó que era un caso en donde habría sospechas de lavado de dinero y de inmediato ordenó la suspensión de actividades en sucursales de la sociedad financiera e informa a los afectados que el Comité de Protección al Ahorro definirá el proceso de pago de sus ahorros.
Tras una serie de protestas por parte de los ahorradores defraudados, funcionarios de la CNBV, Condusef y representantes de la PGR, en donde recibieron las peticiones de los afectados y se crea la Comisión bilateral entre los mencionados.
Como estrategia, se lleva a cabo un inventario de cuentas bancarias de la base de datos de los ahorradores, deudores y cuentas de la sociedad financiera, ponen como plazo hasta el 3 de diciembre para decidir el futuro de Ficrea y pagar a los clientes.
Para el mes de diciembre autoridades entregan un informe detallado sobre las cuentas de Ficrea, por su parte la CNBV pidió más tiempo para llegar a una resolución con respecto a la sociedad financiera popular, con el argumento de no contar con la suficiente información.