Militares a sus cuarteles
Raúl Jiménez Vázquez
La directiva miliciana de “abatir delincuentes en horas de obscuridad” sin duda fue la causa directa de la ejecución sumaria de civiles perpetrada en Tlatlaya. La percepción en el sentido de que existe un enemigo al que hay que aniquilar está detrás de los ataques indiscriminados que efectivos militares llevaron a cabo en las localidades michoacanas de Ecuandureo, en la que más de treinta jóvenes fueron ultimados a mansalva, y Santa María Ostula, comunidad indígena en la que balas provenientes de armas reglamentarias segaron la vida de dos menores de 6 y 12 años de edad, así como en Calera, Zacatecas, donde siete jornaleros fueron desaparecidos y posteriormente asesinados.
Tal consigna se inscribe dentro de la lógica de la confrontación armada que dio pauta a la emisión de la Directiva Integral para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, cuya instrumentación transmitió nítidamente a los comandantes la visión de que había que “ir contra el enemigo”, “apoyarse en tropas amigas”, “tener amplia libertad e iniciativa” y “disponer del mayor fuego posible para arremeter contra los blancos establecidos”.
La guerra antinarco obedece a esa sangrienta línea de acción y por ello en ese lapso los muertos ascendieron a más de 100 mil; los desaparecidos a más de 26 mil; los desplazados a más de 250 mil, y los huérfanos a más de 10 mil. Todo ello pinta un dantesco cuadro de violaciones graves a los derechos humanos cuyo icono indiscutible es un pelotón de la muerte que operó en la zona norte del estado de Chihuahua.
El núcleo duro de esta tragedia no es otro que la decisión de haber sacado al Ejército de sus guarniciones y haberle asignado tareas inherentes a la seguridad pública que son exclusivas de las autoridades civiles. Tan grave irregularidad no ha pasado inadvertida para las instancias internacionales. El Consejo de la Unión Europea, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido insistentes en el hecho de que la seguridad pública no debe estar en manos castrenses.
Más aún, en el fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, se consignó: “Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
Es hora de revertir un magno error político que le está costando al país sangre, sudor y lágrimas. Además de fincar las responsabilidades correspondientes, incluyendo las derivadas de la cadena de mando, es imperioso programar el regreso de los militares a sus cuarteles.