A casi un mes de la fuga “esperpéntica” —como la calificó un agente de inteligencia norteamericano— del Chapo Guzmán, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios que participaron en una de las cadenas de corrupción más sofisticadas de las que se tenga memoria.
¿Quiénes son y dónde están los autores intelectuales y materiales de la “afrenta al Estado mexicano”, como calificó el hecho el presidente de la república, desde Francia? ¿Dónde están los traidores a la nación y a sus instituciones?
Conforme trascurren los días y reina el silencio, no se dice la verdad, no se responsabiliza a nadie y nadie paga por esa burla, crece la percepción de que el mismo gobierno dio todas las facilidades para que el líder del Cártel de Sinaloa lograra huir y, a ese tenor, se confirme —como se acusa desde el exterior— que México es el paraíso de la corrupción e impunidad.
Tema grave el del Chapo para el prestigio de un jefe de Estado que ha hecho todo y se ha enfrentado a todo para colocar el país en la órbita mundial de la modernidad.
Exhibir y sancionar a los responsables de la fuga es hoy tan o más trascendente que su recaptura. ¿Por qué? Porque de castigar la corrupción, a ojos de todos y sin que medie duda alguna, sin importar a quién se sancione, depende dejar en claro que las instituciones mexicanas no están bajo una situación de extraterritorialidad, ajenas al Estado y controladas por el poder del crimen organizado.
Sólo algunas preguntas para tratar de despejar incógnitas:
¿Por qué en mayo de 2014, los más altos funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad deciden suspender los trabajos de inspección y recuperación del penal del Altiplano, cuando varios diagnósticos advertían sobre el riesgo inminente de una evasión?
¿Dónde estaba la noche que se fugó el Chapo el director de Inspectoría General, y dónde los otros tantos funcionarios que —desde sus oficinas ubicadas dentro y fuera del Altiplano, incluyendo el Cisen— cuentan con pantallas para vigilar —durante las 24 horas del día— los movimientos de los presos?
A casi un mes de la fuga de Joaquín Guzmán Loera nadie se atreve a explicar por qué las torres del Altiplano no tienen vigilancia. ¿Por qué de las mil 280 cámaras instaladas sólo sirve el 50% de ellas? ¿Por qué no sirven los sistemas para detectar metales, sustancias tóxicas, sustancias explosivas y documentos falsos? ¿Por qué si, desde 2013, diversas inspecciones habían detectado la realización de obras civiles, presencia de herramientas de construcción y maquinaria al alcance de los internos, nadie hizo nada?
¿Por qué nadie ha tocado los mil 500 millones de dólares que hacen del Chapo, según la revista Forbes, uno de los delincuentes más ricos del planeta?
Ninguna respuesta y una sola certeza: México sigue pagando el costo de la impunidad y la traición.