Con el fin de “evitar señalamientos al Estado mexicano por parte de organismos nacionales e internacionales”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retiró los fusiles Heckler & Koch G36 que habían sido distribuidos entre las policías estatales de Chiapas, Jalisco, Guerrero y Chihuahua.
Esto ocurre después de que la dependencia federal recibiera presiones por parte de distintos grupos, entre académicos y, sobre todo, organizaciones de Alemania quienes alzaron la voz al saber que una compañía de su país había vendido armas a una nación que se encuentra bajo sospecha de violación a los derechos humanos.
Todo comenzó a inicios de mayo, según información difundida por Reforma, cuando autoridades aduanales de Alemania tuvieron conocimiento de que la compañía Heckler & Koch vendiera los fusiles en cuestión pese a las regulaciones que marca la Ley de Control de Armas de Guerra en dicha nación, misma que prohíbe la negociación de armamento con entidades donde existe la sospecha fundadas de que se cometen violaciones a los derechos humanos o de actos corruptos.
La adquisición de estas armas se llevó a cabo en el periodo que abarca de 2006 a 2009, donde se pagaron 230 millones 666 mil 214 pesos (poco más de 13 millones de euros) por el concepto de 9 mil 652 fusiles que fueron importados para repartir entre 27 estados de la República.
Sin embargo, más de la mitad de las armas adquiridas, casi un 51.8% de éstas, fueron otorgadas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas por parte de la Sedena durante el periodo de 2006 a 2009 para operaciones en contra del crimen organizado.
Al día de hoy, según informa Sedena, se retiraron 3 mil 758 fusiles y fueron canjeados por otro tipo de armamento, sin especificar de qué marca o su origen.
Armas usadas en Ayotzinapa, presumen
Los fusiles Heckler & Koch han sido señalados de haberse utilizado en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y hasta la fecha no se tiene paradero de ellos, pese a que la Procuraduría General de la República manejó la versión de que fueron asesinados y calcinados.
La denuncia fue hecha en Alemania a través de activistas y académicos. Ante esto, la Sedena insiste en que la distribución del armamento en los estados previamente mencionados no violó ninguna ley mexicana, toda vez que hasta el momento no existe investigación respecto al caso.
Posibles sobornos
Juan Ignacio Samperio, diputado de Movimiento Ciudadano, impulsa un punto de acuerdo aprobado el 17 de junio de esta año, que solicita determinar y fincar, de ser necesario, responsabilidades a los servidores públicos involucrados en el ingreso ilegal de este armamento alemán.
En el país europeo, mientras tanto, los tribunales manejan las versiones de que incluso la empresa que suministró el armamento, habría sobornado a las autoridades mexicanas con dinero en efectivo, con el fin de conseguir los contratos.