A un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora ocasionado por la Minera Grupo México, pobladores aledaños al lugar exigen más atención para mejorar las condiciones ambientales del río, pues los comunitarios viven en la desolación, en medio de enfermedades y desempleo.
Tanto las autoridades del gobierno como Grupo México, responsable de dicha catástrofe, han incumplido con el compromiso de habilitar nuevos pozos para abastecer a la población, así de limpiar el caudal contaminado por el derrame tóxico.
Cabe señalar que el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno, en una de las pilas de lixiviados, así como por la falta de una válvula de alivio en una pileta; esto, de acuerdo con la versión del gobierno federal.
Los contaminantes que fueron detectados con las revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, además de que la sustancia llegó hasta la Presa el Molinito, que de acuerdo con declaraciones del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud , no se presentó una contaminación “fuera de las normas”.
El día 7 de agosto, los habitantes de la zona notaron la contaminación en el río e informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora. Aunque al día siguiente la empresa notificó sobre el incidente vía telefónica a la autoridad federal, según información de la Secretaría del Medio Ambiente, la alerta “formal” ocurrió hasta el día 12 de agosto.
Sin embargo, en ese momento la empresa argumentó que el derrame fue ocasionado debido a las lluvias por arriba de la media, lo cual es negado por las autoridades, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en las marcas del líquido en los contenedores.
En el septiembre de 2014, las autoridades federales que integran el Comité Técnico que administra el Fideicomiso Río Sonora anunciaron que como parte del resarcimiento de los daños se tendrían que perforar, equipar e interconectar a la red de distribución 18 nuevos pozos de agua para abastecer a los damnificados, además de adquirir 37 plantas potabilizadoras para eliminar metales pesados y así garantizar la protección de la salud a los pobladores del siete municipios.
Aunque hasta el momento el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, reveló que apenas han logrado habilitar 11 nuevos pozos y será hasta dentro de ocho meses cuando se cuenta con primera planta purificadora.
Motivo que provoca angustia a los pobladores de los siete municipios aledaños, ya que les falta fuentes confiables de abastecimiento, situación que con el tiempo ha ido empeorando y empobreciendo a la población que depende del agua en el río Sonora, para consumo humano y que daña el desarrollo de actividades como pesca, ganadería y agricultura.
El saldo por el derrame del río fue de 22 mil 878 personas afectadas quienes aún reclaman sus pagos por toma de agua, agricultura y ganadería, mientras que otros ni siquiera están incluidos como los 6 mil habitantes de “El Molinito” en la zona rural de Hermosillo, quienes quedaron fuera pese a las afectaciones en dicha zona.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoce sólo a 360 personas con daños en salud asociados a la contaminación del río, pero activistas aseguran que son más 600 personas las afectadas.
Proponen nuevo proyecto para potabilización en el Río Sonora
El día de ayer el ayuntamiento de Hermosillo presentó al Fideicomiso del Río Sonora un proyecto nuevo que contempla una potabilizadora especial, para metales pesados, en la presa Abelardo L. Rodríguez , comentó el alcalde del municipio, Alejandro López Caballero.
Éste señaló que dicha alternativa tendría un costo aproximado al dos mil millones de pesos que costaría el proyecto original, en el que el gobierno municipal solicitó la construcción de la planta en la presa “El Molinito”.
Declaró que en días pasados el agua de la presa Abelardo L. Rodríguez podría usarse para consumo, pues el alcalde aseguró que el vital líquido no se incorporará a la red de agua de Hermosillo.
Aún no hay solución, ni castigo en contra de Grupo México
La empresa Minera Buena Vista del Cobre filial de Grupo México, aún no recibe su castigo por el derrame en el río Sonora; las autoridades federales en su momento señalaron diversas medida en contra de la concesonaria de la mina, como la presentación de denuncia penal, una demanda por responsabilidad ambiental, multas, medidas de resarcimiento, apoyo a la población afectada y reparación al medio ambiente.
La denuncia penal fue iniciada por Profepa contra distintos “directivos” de la empresa Buenavista del Cobre, por la comisión probable del delito previsto en el Artículo 414 del Código Penal Federal, mismo que señala una pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quienes dañen los recursos naturales por manejar sustancias contaminantes sin aplicar medidas de prevención o seguridad, o las orden o autorice.
Por otra parte, la procuraduría comenzaría a integrar la averiguación previa y hacer los trabajos previos para lograr la consignación de los presuntos responsables ante un juez de la competencia.
Pero hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha ejercido ninguna acción penal, de acuerdo con lo señalado por el diario Reforma.
Hasta este momento, la Profepa señaló que la averiguación previa se encuentra todavía en tramite en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
Actualmente la PGR ya cuenta con todos los dictámenes del impacto ambiental ocasionado por el derrame el día 6 de agosto de 2014, es por ello que especialistas como Juan Ricardo Juárez Palacios, presidente del Comité Técnico Asesor de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, cuestionan duramente la acotación del gobierno federal en la reparación del daño.
Con base en la información de Reforma, Palacios comentó que “van a cuentas gotas haciendo la reparación del daño ambiental y no es ni medianamente suficiente frente a la dimensión del problema”.
Señaló que es equivocado el arreglo que hicieron las autoridades porque debió haberse aplicado a fondo la ley de Responsabilidad Ambiental antes de llegar a una negociación con la minera.
Ante los señalamientos de especialistas, se podría suponer que la Minera Buenavista del Cobre goza de ciertos privilegios por parte de las autoridades, en tanto los que pagan la ineficiencia del gobierno y de Grupo México son los habitantes cercanos al Río Sonora, quienes no sólo sufren de problemas de salud, sino también de una escasa economía.