Los pueblos indígenas son los más olvidados en un país de corrupción, asesinatos y desigualdad. Pero como cada año en México, se conmemoró el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.
Los discursos no dejaron de ser la retórica de una realidad inverosímil; por un lado la Presidencia de la República, a través de un comunicado, destacó que “en México, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”.
Mientras que Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), advirtió que en México las condiciones de vida que enfrentan los millones de indígenas en el país han ido en detrimento.
Correa destacó que los grupos indígenas se enfrentan a una “ofensiva” de parte de compañías trasnacionales del sector minero, petrolero o generadoras de energía, que los despojan de sus territorios para apoderarse de sus recursos naturales, por lo que pidió que las leyes mexicanas se armonicen con tratados.
El reflejo de esta otra realidad, es que cada día llegan más campesinos indígenas a la Ciudad de México en busca de mejores condiciones para sus familias, o peor aún, dejan en el abandono sus hogares para emigrar a los Estados Unidos en busca del sueño americano.
Ahora, “nuestros indígenas” como demagógicamente se les ha adoptado, tienen que salir de sus comunidades sin importar el peligro que corren, ya que pueden morir a manos del crimen organizado en el intento, ahogados en el Río Bravo¡ o ser presas fáciles de “caza” para los rancheros estadounidenses.
Y es que mientras el Gobierno de la República, el de los estados y de los municipios, insistan en que los más de 15 millones de indígenas de México tienen plenamente garantizados sus derechos, sin que de verdad haya acciones enfocadas al mejoramiento de su calidad de vida, así como a la generación de mayores oportunidades de desarrollo para los pueblos indígenas, lo único que se puede observar es pobreza, hambre y desigualdad.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas (0NU), pidió de manera diplomática a los gobernantes mexicanos, garantizar los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas, tal como se estableció el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de la ONU.
Pero tal pareciera que, como siempre, todo se queda en un discurso, pues a pesar de que en México existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, la pobreza continúa en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, como los estados con mayor población indígena.
Estados que, por cierto, también cuentan con el mayor índice de analfabetización, educación de baja calidad e incluso injusticias sociales y legales a granel, ya que muchos indígenas son detenidos y consignados debido a que no existe un traductor que los ayude a llevar un proceso judicial claro.
Al respecto, la CNDPI insistió en que continúa su trabajo con una estructura de diálogo intercultural e incluyente, orientado a fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, para fortalecer su proceso de desarrollo social y económico con respeto y apego a su cultura y al ejercicio de sus derechos constitucionales.
Pero lo anterior claramente contradice a los datos que reveló este fin de semana Max Correa, quien destacó que el 31.8% de este grupo poblacional se encuentra en pobreza extrema, mientras que el 41.4% está en pobreza moderada.
“Situación alarmante, si se considera que México es el segundo país con mayor número de indígenas en el Continente Americano, sólo después de Perú”, reveló.
Al respecto, y pese a lo que digan las autoridades, la Encuesta Nacional de Discriminación en México de 2011 dio a conocer que el 23% (2.3 de cada 10) de los mexicanos no compartirían su casa con personas de otra cultura, y el 14% (1.4 de cada 10) lo haría de manera condicionada; es decir, los indígenas también sufren discriminación.
Pero la ONU ha reiterado que estos problemas deben abordarse con urgencia en el marco de la agenda para el desarrollo 2016, de una manera culturalmente aceptable que se ajuste a las concepciones y las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de bienestar y desarrollo.
Sin embargo, las acciones gubernamentales a favor de los indígenas sólo se quedan en papel, tal y como lo señaló este domingo la Presidencia de la República y como se pudo apreciar en otros estados de la república.
El Organismo Internacional urgió a erradicar con acciones específicas el hambre y superar la pobreza extrema en todos los municipios indígenas, así como la construcción de la infraestructura básica en sus comunidades.
“La Cruzada Nacional contra el Hambre respalda a más de seis millones de personas de origen indígena”, señala la respuesta de México a la ONU.
Sin embargo, aquí la pregunta es: ¿dónde ocurrió o dónde se aplicó?, porque en México, la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la injusticia, son alugunos de los dogmáticos estigmas de los pueblos indígenas, pueblos que intentan luchar, sobrevivir y sobreponerse día a día, ante los constantes rechazos, discriminación y desatención de todas las autoridades del país hacia los más de 15 millones de ellos.