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Carlos Arrieta
Mientras unos exigen la liberación de su comandante de Policía Comunitaria y la detención del o los responsables de la muerte de un menor en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán, otros argumentan fraude electoral y adelantan un escenario de violencia entre diferentes comunidades indígenas de esa zona de la Sierra-Costa.
Apenas el pasado viernes, una treintena de pobladores, principalmente de la comunidad de El Coire, bloquearon la carretera 200 Lázaro Cárdenas – Manzanillo, a la altura de Maruata.
Desde ese lugar ubicado sobre la carretera Costera, exigen que el exlíder de las autodefensas, Semeí Verdía Zepeda, detenido en un penal de Morelia, sea “castigado severamente y no se le permita salir por mucho tiempo”.
Estos “nuevos inconformes” se pronunciaron, incluso, por la liberación del desbloqueo que otro grupo de comuneros de Santa María Ostula mantiene desde el pasado 19 de julio, cuando se detuvo a Verdía y por los hechos que dejaron a un menor de 12 años muerto, y cinco personas más lesionada, entre ellas una menor de 6 años de edad y otro jovencito de 17.
Lo que no se imaginaban, era que serían identificados por la gente de Ostula, como enviados del gobierno de Michoacán y como empleados del ayuntamiento de Aquila, plagado de funcionarios relacionados al crimen organizado y que por ello se han convertido en los principales promotores de la detención de Semeí Verdía. Les estorba.
Desafortunadamente para los habitantes de esa región localizada a 439 kilómetros al sur de la ciudad de Morelia, esta intromisión de autoridades municipales, bajo las órdenes de las estatales, ha desatado el encono entre dos grupos de indígenas: unos de choque y provocación (empleados del ayuntamiento) y otro que busca justicia, según reveló Jerónimo, uno de los líderes comunitarios.
El representante comunal dijo que “para nadie es un secreto que los empleados del ayuntamiento, quieren, a como dé lugar, conservar sus quincenas en la administración municipal, al denunciar a sus contrarios como una forma de servir al excandidato perdedor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mohamed Ramírez Méndez”.
Es decir, “a toro pasado”, los “nuevos inconformes” también argumentan fraude en las elecciones del pasado 7 de junio en contra del candidato de su preferencia, Mohamed Ramírez.
Mientras que la gente que respalda a Semeí Verdía se ha mantenido sin posturas electorales, pero sí firmes en que no van a permitir que ningún poblador vaya en contra de lo que el Concejo Mayor Indígena de esa región ha determinado: presionar para la liberación de su comandante policial y justicia para el o los responsables de la muerte del menor de 12 años, Edilberto Reyes García.
Cabe mencionar que entre los puntos de bloqueo de uno y otro grupo, sólo existen no más de 40 kilómetros de distancia, por lo que se han tensado cada vez más las amenazas lanzadas desde los trabajadores del ayuntamiento, hacia el grueso de la población.
Y es que quienes tienen bloqueada la carretera 200, a la altura de Maruata, han sido rechazados inclusive por la mayoría de los habitantes de su lugar de origen, la comunidad de El Coire, así como por los pobladores de Maruata, centro turístico de mayor afluencia de esa región de la Sierra-Costa michoacana.
Al tiempo, los habitantes de Santa María Ostula, han advertido que si el conflicto trasciende, será responsabilidad de las autoridades estatales, pero principalmente de las municipales quienes han armado a ese pequeño grupo de empleados municipales y sus allegados, para confrontar al “grupo incómodo” para las autoridades.
Foto: Héctor Tapia