Artículo exclusivo para Siempre!
Carlos Arrieta
Que casi un millón de habitantes de 205 provincias en Brasil hayan protestado en contra de su gobierno, no es un hecho menor. Dilma Rousseff debería replantear mejor su permanencia al frente de esa nación. La mandataria nacional ha logrado la unidad… en su contra: más de 2.5 millones habitantes de 250 ciudades.
El ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, exaltó esta diferencia de 1.6 millones de habitantes que habían dejado de protestar en las calles este fin de semana.
Edinho quiso olvidar que la reagrupación de diferentes organizaciones está en puerta y que incluso se han fusionado el agua y el aceite para exigir la dimisión de Dilma.
Sin dejar de llamarles “grupos antidemocráticos”, el portavoz de la presidencia señaló que la jefa de Estado quiere intensificar el diálogo que inició con los partidos políticos, el Congreso, los empresarios y los movimientos sociales para atender también las reivindicaciones de quienes se manifestaron contra el Gobierno.
“Consideramos que las manifestaciones fueron importantes, sin importar el número, el Gobierno las reconoce y las considera como una expresión normal en una democracia”, agregó el ministro Silva.
A diferencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien siempre atendió a través de sus ministros de Estado gran parte de las demandas de la sociedad, Rousseff ha llevado al límite el ataque frontal -por desatención- en contra de la mayoría de los sectores de la población.
En ese sentido, ya valoran en la Cámara de Representantes la posibilidad de ajustes importantes que les permita la legislación brasileña, con el fin de estabilizar política, social y económicamente fuego que ha encendido Dilma.
No es fácil. El escenario es catastrófico si se piensa en que Lula da Silva subió a los primeros lugares la producción y comercialización de Petróleo, mientras que Rousseff ha descuidado ese sector, punta de lanza del mercado internacional hasta el 2010, cuando Luiz Inácio dejó la presidencia brasileña.
Hoy, Brasil enfrenta una crisis severa de corrupción y fraude millonario en Petrobras, empresa nacional que dirigió Dilma en dos ocasiones: 2003 y 2010. Ante este escenario, la Cámara de Representantes, ya considera también abrir un juicio político en contra de la jefa de Estado.
Además de una crisis política y del malestar generado por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras que ha salpicado a decenas de grandes empresas y políticos, Brasil enfrenta una grave crisis económica.
La economía va en franca caída desde hace cuatro años. Los precios de los productos de la canasta básica han incrementado hasta en un 30 por ciento en los últimos ocho meses del gobierno de Dilma y los salarios están por los suelos.
Según las últimas proyecciones de los analistas, la economía brasileña sufrirá una contracción de cerca del 2% en 2015 y del 0.15% en 2016, lo que configura una recesión que ya es sentida por la población, quien la que enfrenta la mayor inflación del país en los últimos doce años y una tasa creciente de desempleo.
Es por eso que los legisladores cariocas tendrán que tomar una determinación urgente, pero muy inteligente, que no se convierta en un riesgo mayor de inestabilidad política, económica y social para los más de 200 millones de habitantes brasileños.
En ese sentido, tras un análisis que ha iniciado ya en la Cámara de Representantes, se busca un perfil que pueda asimilarse al de Lula.
Y es que el político brasileño, salido del sindicalismo para convertirse en el presidente de esa nación entre 2003 y 2010, promovió un programa que tenía como prioridad erradicar la pobreza con políticas sociales y liquidar la deuda con el Fondo Monetario internacional (FMI).
Pese a los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto durante su primer mandato, Lula da Silva volvió a imponerse en las presidenciales de 2006 y dio buenos resultados a corto, mediano y largo plazo.
La moneda está en el aire y las próximas semanas podrían ser determinantes para que se conozca cuál será el destino inmediato de Brasil.