POR LOS CAMINOS DEL SUR
Manuel Nava
Acapulco.- A la par de las movilizaciones del magisterio para frenar la reforma educativa, una serie de actos que vienen ocurriendo en Guerrero con miras a lograr la liberación de ciertos presos y presionar a la aprobación de la ley de amnistía.
Las declaraciones, casi a la par con los hechos ocurridos entre el 15 y el 18 de agosto, ponen en evidencia lo vulnerable que se encuentran las autoridades de gobierno en la entidad y el negativo impacto que recibirán las principales actividades económica que de suyo se encuentran maltrechas.
La expresión más clara de ello está en voz de Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, recluido en el penal de Chilpancingo quien asegura que por la vía legal es difícil que avancen los procesos para liberar a los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC), recluidos en diversos penales del estado y del país.
Sólo con la movilización se logrará la libertad de todos los presos políticos. Llamamos a las organizaciones sociales y a las Crac para que se movilicen y hagan respetar las leyes que nos amparan, y con eso alcanzaríamos nuestra libertad, seríamos libres, agregó el dirigente.
Molina González fue detenido en noviembre de 2013 y recluido en un penal de Oaxaca, luego trasladado al penal de Almoloya, estado de México, y de ahí al de Chilpancingo. También se encuentran recluidos Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Bernardino García y Marco Antonio Suástegui, entre otros y se demanda la liberación de todos ellos.
Molina González, sostuvo que “de aprobarse la ley de amnistía por parte del Congreso del estado, sin duda nos acogeríamos a ella, aunque aceptarla significaría que nosotros cometimos algún delito, y no fue así. Está en juego la Ley 701, que si se respetará, otra cosa sería, porque con ello se demostraría que nosotros estamos dentro del marco legal”.
A su vez Bernardo Ayala Jiménez, coordinador de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue enfático al decir que “el gobierno no tiene interés resolver los problemas pues no ha demostrado por la vía jurídica de qué delitos es acusada Nestora, es una presa política; en lo jurídico no hay nada que perseguir; los cargos que le imputan no tienen validez”.
Advirtió que “el gobierno nos obliga a manifestarnos. Nosotros, la Policía Comunitaria de Olinalá, seguimos en pie de lucha”.
En su opinión, por parte del gobierno solo existen estrategias dilatorias del gobierno estatal para liberarla pues ni el gobernador Ortega, ni el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, responden los teléfonos, y solamente se han reunido con ellos en una ocasión en Chilpancingo.
Nestora Salgado García, cumplirá dos años recluida el próximo 23 de agosto.
El 15 de agosto familiares de 10 presos de la Crac protestaron en el Cereso de Ayutla de los Libres para exigir su libertad, en la protesta participaron contingentes de Chilpancingo que también se manifestaron por la libertad de los presos políticos, algunos recluidos desde el primero de diciembre de 2013.
En una acción más radical, el sábado 15 de agosto, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) tomaron las instalaciones Papagayo 2 de la Comisión de Agua Potable de Acapulco, durante más de 48 horas en demanda de la libertad de su dirigente Marco Antonio Suaustegui.
Los comuneros suspendieron el funcionamiento de las cuatro bombas que surten de agua a la parte alta de Acapulco y parte de la zona turística al tomar el control de las instalaciones que se encuentran en Salsipuedes, en la zona rural del municipio, en la ribera del río Papagayo.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, se encuentra preso desde el pasado 17 de junio, actualmente está recluido en el penal estatal de La Unión, en Costa Grande, acusado de robo agravado, y cuatro delitos más considerados como no graves.
Los líderes del Cecop algunos de los cuales iban con el rostro cubierto, exigieron una audiencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez. “Queremos que venga el gobernador”, fue el grito reiterado.
Fue hasta el lunes 17 de agosto cuando liberaron los pozos de captación Papagayo 2, luego de acordar con el gobierno del estado que la autoridad estatal intervendrá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad, para que este órgano emita una resolución lo más pronto posible y conforme a derecho, en relación al proceso por robo agravado que se sigue contra el vocero del Cecop.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que “lo que el gobierno hizo fue mandar mensajes en el sentido de que se iba a disponer el uso de la fuerza pública para desalojar los pozos” y luego de dos mesas de negociaciones se llegaron a “acuerdos básicos” entre los cuales figura que “el gobierno del estado a través del TSJ, se comprometió a emitir una resolución apegada a derecho lo más pronto, de ser posible esta semana, sin presiones de ninguna índole, a partir de ahí, el Cecop hizo una valoración en su asamblea y determinó que si es la decisión, y hay la claridad de que se va resolver conforme a derecho, dejarían un momento de tiempo y entregarían los pozos”.
Debe tomarse en cuenta que las instalaciones de abastecimiento de agua Capama en la ribera del papagayo resultan estratégicas no solo por que surten del vital líquido a las comunidades sino a la ciudad y la zona turística de Acapulco.
No hubo inteligencia capas de prevenir esa movilización la cual pudo haber sido más radical y mayores consecuencias.
En los casos descritos, independiente de que los movilizados cuenten o no con argumentos de peso para su demanda, subyace el desprestigio del sistema de impartición de justicia en el estado y de ahí que su principal argumento es la duda en que se esté realizando un juicio justo o el debido proceso.
Lo otro es el temor de las autoridades para aplicar la ley pues cuando actúa, termina en escándalo.
A la par con estos hechos se dio el 15 de agosto caso de la detención de Walter Añorve Rodríguez, líder cetegista, fue detenido por policías ministeriales por el presunto delito de robo de un vehículo oficial, propiedad de la secretaría de finanzas, aunque cuatro horas después fue liberado porque no existió el delito porque dicha unidad le fue “prestada” por el gobierno de Guerrero.
Sin embargo los cetegistas agredieron a reporteros que pretendieron entrevistar al dirigente al momento de su liberación y aunque horas pidieron disculpas se trata de una expresión intolerancia que se ha venido repitiendo.