Presunta entrega pactada
Raúl Jiménez Vázquez
En la carta de instrucciones enviada en 1946 por el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Spruille Braden, al embajador norteamericano en México, se consignó: “Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. Debe parecer que la iniciativa proviene del Gobierno de México y éste tiene que insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra concesión”.
Dicha profecía fue finalmente transportada a la realidad gracias a las presiones de la entonces jefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton, quien según correos electrónicos desclasificados y divulgados hace unos días, impulsó la privatización de la industria energética mexicana. Sin ambages, ahí se reconoce que la excanciller de la Casa Blanca alentó un acuerdo de apertura y ayudó a romper el monopolio de Pemex para favorecer las grandes petroleras internacionales.
Tales esfuerzos políticos desembocaron en la reforma energética de diciembre de 2013, con la que se trastocaron decisiones políticas fundamentales relativas al proyecto nacional; la propiedad originaria y el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos; el carácter estratégico del petróleo y la electricidad; la rectoría del Estado; el régimen de economía mixta y la noción de áreas estratégicas de la economía nacional; el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
Con ello se alteró la esencia social de la Carta Magna para dar cauce a un texto privatizador, desnacionalizador y extranjerizante. Lo que conllevó el derrumbamiento del Estado emergido de la revolución de 1910, la conversión de los hidrocarburos y la electricidad en simples commodities o mercancías y su puesta a la entera disposición de inversionistas privados, el debilitamiento de la seguridad energética, la integración de los recursos energéticos al mercado norteamericano y la incorporación de México al perímetro de seguridad de Estados Unidos.
De confirmarse la veracidad de esta información, la reforma energética sería fruto de graves violaciones a los principios constitucionales de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y de una presunta entrega pactada del patrimonio energético de los mexicanos, a la que le sería aplicable analógicamente el artículo 50 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual son nulos los acuerdos basados en la corrupción del representante de un Estado, efectuada directa o indirectamente por otro Estado.
Todo esto pone de relieve el imperativo ético, jurídico y político de revertir una oprobiosa imposición que, además, es claramente contraria a los intereses nacionales.