Artículo exclusivo para Siempre!
Carlos Arrieta
Cada día que pasa se puede confiar menos en las autoridades mexicanas, ya sea porque protegen o dejan a escapar a capos de la mafia, detienen a presuntos culpables y luego les piden disculpas al demostrarse su inocencia, o se descubre que son parte de una red de tráfico de menores, tal y como acaba de ocurrir en el estado de Sonora, en donde se dio a conocer que altos funcionarios vendían a menores de edad entre 5 y 9 mil dólares.
Raúl Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, informó que hasta el momento han detectado nueve casos de menores vendidos, aunque -resaltó- que este hecho lleva varios años funcionando, a tal grado que personas que fueron vendidas cuando eran pequeñas ahora ya son adultas.
“Estos pseudofuncionarios identificaban a las madres, muchas en situación de vulnerabilidad, personas de bajos recursos o madres que tenían problemas de adicciones, y lo que hacían es quitarles los bebés para luego darlos en adopción pero a cambio de dinero”, argumentó.
¿Pero este hecho debe sorprendernos? En diciembre de 2014, el diputado por el Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso mexicano dio a conocer que más de 500 mil niños han desaparecido en los últimos seis años en México, según datos de Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) de México, ya que no existen cifras oficiales exactas, lo que desde su punto de vista demostraba la falta de voluntad por parte del Gobierno para resolver este problema.
Y aunque ahora, la Fiscalía Estatal ha acusado a 16 personas de formar parte del tráfico de menores y considera como principal sospechoso a Vladimir Arzate, de 30 años y trabajador de la Fiscalía Especializada en Protección de la Infancia, este problema no es propio de esta entidad.
El Senado de la República difundió que de 2007 a 2011 el número de niños desaparecidos en el país ascendió a 150 mil, es decir, de tres a cuatro niños cada 60 minutos.
Por otra parte, la procuraduría de Sonora informó que la Fiscalía Especializada en Protección de la Infancia, tiene potestad para retirar la custodia de menores en riesgo y entregarlos a los organismos de atención familiar correspondientes pero en lugar de hacer esto, Arzate trabajaba en complicidad con un médico que expedía falsos certificados de nacimiento para los niños robados a nombre de los padres adoptivos y poniendo a estos como progenitores biológicos.
Y mientras esto pasa en Sonora, para el resto del mundo, México ha realizado progresos significativos en cuanto a garantizar mayores niveles de bienestar para niños, niñas y adolescentes, a través de abordajes innovadores orientados a disminuir la mortalidad infantil, ampliar coberturas de educación básica y brindar mayores niveles de protección social a los niños y sus familias, según la UNICEF.
Por su parte, las autoridades ya minimizaron lo ocurrido, ya que de acuerdo al funcionario de derechos humanos, todos los niños fueron adoptados por familias mexicanas, generalmente adineradas que posiblemente cayeron en la desesperación por los largos trámites de adopción. Incluso, recalcó que les daban una vida ejemplar pero hicieron mal las cosas, por lo que previsiblemente tendrán que enfrentar la justicia. Además, hasta el momento, a los implicados se les acusa de tráfico y robo de niños, por lo que podrían enfrentar de 15 a 40 años de prisión.
Sin embargo, no hay que verlo como un hecho aislado, ya que los niños siguen desapareciendo, ya sea porque son vendidos a familias que no pueden tener hijos o con fines de explotación sexual o venta de órganos. Es decir, este hecho es solo la punta del iceberg de un problema a nivel nacional, ante el cual al parecer los funcionarios de alto nivel prefieren cerrar los ojos y dejarlo pasar.