Tal como lo anunció en su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto remitió ocho iniciativas de ley a la Cámara de Diputados, entre las que destaca la reforma para crear la Secretaría de Cultura.
En dicha iniciativa, se propone fusionar en el Conaculta todas las áreas relacionadas con la cultural, aplicar una política de estudio, preservación y difusión integral del patrimonio cultural; de impulso a las culturas populares y urbanas en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales.
De igual forma se busca un estímulo a la creación; de educación artística e investigación cultural; de fomento al libro y la lectura; de uso extendido en todas sus actividades de las tecnologías de la información y la comunicación; de creación de programas culturales para públicos infantiles y juveniles; de promoción de la cooperación cultural internacional; de renovación de los mecanismos de trabajo entre la Federación, los estados y las comunidades.
La nueva secretaría se sumará a las 17 ya existentes y potencializará el Programa Especial de Cultura y Arte; dará una perspectiva de equidad e inclusión sociales a la acción cultural en su conjunto con nuevos programas para incrementar la aportación de la cultura a las acciones del gobierno.
A su vez demás, el presidente Peña Nieto envió la iniciativa para reformar las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario para concesionar el desarrollo de infraestructura en materia de transporte, “dado que el sector privado puede ser más eficiente en la operación de la misma, según análisis”. Las concesiones, hasta por 30 años, las otorgará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de caminos y puentes, puertos, aeropuertos y servicio ferroviario, con la intención de activar el desarrollo de la infraestructura nacional, así como impulsar la competitividad al atraer inversiones, nuevas tecnologías, el intercambio de mercancías y los mercados internacionales.
Otra iniciativa es transferir a la Secretaría de Desarrollo Social el Instituto Nacional de la Economía Social, hoy adscrito a Economía; por último, una iniciativa para modificar la Ley de Asociaciones Público Privadas para establecer un nuevo mecanismo de autorización presupuestaria, el cual consiste en que el Ejecutivo incluya los proyectos en su propuesta de Presupuesto.
Con información de El Universal