BERNARDO GONZÁLEZ SOLANO
Hace poco menos de cinco meses nadie podía decir que en la centroamericana y atribulada República de Guatemala se desarrollaría una “revolución” sin armas, sin barricadas y sin derramamiento de sangre como se acostumbra en esa parte de Hispanoamérica. Lo sobresaliente del caso es que la sociedad guatemalteca obtendría, en pocas semanas, una victoria cívica que culminaría con el derrocamiento de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, acusados de asociación delictuosa, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Ambos funcionarios ya están en la cárcel, en espera de ser enjuiciados, así como Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la ex vicepresidenta, presunto director de “La Línea”, el entramado que servía para cometer el fraude aduanero. Es seguro que “La Línea” no es el único caso de corrupción, ni el más grande, que haya tenido lugar en la historia de Guatemala. Sin embargo, nadie negará que fue la mecha que prendió el fuego de la “Revolución de la Dignidad”, el movimiento popular en contra de un Estado coludido con la delincuencia organizada, lo que da pie para que esta nación centroamericana sea ejemplo de movilización social.
Según cuentan algunos periódicos, la movilización social guatemalteca nació en la noche del lunes 16 de abril pasado. Lucía Mendizábal, de 53 años de edad, propietaria de una compañía de bienes raíces, prendió su aparato televisor. El noticiario que en ese momento se transmitía la disgustó más de lo acostumbrado: informaba del descubrimiento de una trama de fraude en las aduanas dirigida por el secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Otro fraude oficial más, pero éste superó su resistencia y se indignó como nunca. Asqueada, minutos después colgó un mensaje en Facebook para sus amigos: “A ver si esta vez hacemos algo”. Eso fue más que suficiente para que creciera, como nunca, la ola de indignación popular en todo Guatemala. En pocas semanas, las redes sociales derribaron de la presidencia al general en retiro, Otto Pérez Molina.
Lucía y sus amigos, siete para ser exactos, redactaron un primer comunicado en contra de la corrupción. Convocaron a una manifestación en un parque de la capital guatemalteca para demandar la renuncia de la vicepresidenta y el retiro de la inmunidad presidencial, con el lema “#RenunciaYa”. Y el presidente Otto Pérez Molina renunció. La manifestación que pedían Mendizábal y sus amigos –que en pocos día sumaron más de 35,000 seguidores– tuvo lugar el sábado 25 de abril. La Revolución de la Dignidad estaba en marcha. Ya nadie podía detenerlos. La indignación popular guatemalteca se impuso ante todo.
En el camino la sociedad guatemalteca encontró un aliado incorruptible. La noticia que indignó a Lucía Mendizábal tenía antecedentes. Desde el mes de mayo de 2014, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) –fiscalía especial controlada por la ONU–, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, iniciaron una investigación ante denuncias de que un grupo de importadores, con la complicidad de funcionarios aduanales, robaban al fisco adulterando la documentación para que las importaciones llegaran al país sin el pago debido de los derechos aduanales.
Los propios implicados bautizaron a la trama con el nombre de “La Línea”, por un número telefónico con el que mantenían comunicación importadores y funcionarios. Durante ocho meses, los dos organismos investigadores grabaron más de 66 mil conversaciones telefónicas entre los involucrados, así como más de seis mil comunicaciones electrónicas, lo que sirvió para sustentar la demanda. El 16 de abril pasado empezaron las aprehensiones de varios de los conjurados. En mayo, Baldetti tuvo que renunciar y está en prisión provisional. El 21 de agosto, la CICIG acusó a Pérez Molina de ser el verdadero jefe de la trama aduanera. Fue la puntilla. El ex general no tuvo más que renunciar al perder el fuero. Al día siguiente, el juez Miguel Angel Gálvez, del Tribunal de Mayor Riesgo B, ordenó su encarcelamiento. Guatemala había derribado a su presidente.
Sobre tan particular proceso, Valerie Julliand, Coordinadora de la ONU en Guatemala, la responsable del organismo de investigación que destapó el escándalo, declaró a Jan Martínez Ahrens: “El movimiento de protesta ha despertado la alegría y la esperanza. Cuando llegué a Guatemala hace dos años, éste era un pueblo resignado. Y ahora la gente ha descubierto que tiene voz y vuelve a decidir. El camino es largo, pero el país ha entrado en la lógica de la democracia…La gente no va a volver a su letargo. Pero la protesta no puede durar sin que se organice en un movimiento político. En el medio plazo, puede dar lugar a fuerzas que ahora no existen…(¿Quiénes forman este movimiento?)…Es muy diverso y ha transcendido su origen. Empezó como un movimiento urbano y ladino, pero poco a poco se ha extendido. Se han sumado indígenas y gente del interior, organizaciones de mujeres, estudiantes de todas las universidades, personas corrientes, la tercera edad y hasta asociaciones de motociclistas. Es algo inédito”.
A la pregunta de un posible contagio al área centroamericana, Julliand contestó: “En esta época de Facebook, Twitter, teléfonos inteligentes y Google, los movimientos se expanden rápidamente. La primavera árabe arrancó en Túnez y saltó fronteras. Lo que ocurre en Guatemala puede ser el inicio de un cambio en toda la región, porque en los otros países se han dado cuenta de que se puede hacer”.
En fin, la funcionaria de la ONU sintetizó el fenómeno político guatemalteco: “Todo empieza con el escándalo de las aduanas, donde se roba el dinero de los impuestos. Esto toca a la clase media, a su dinero, y por eso son ellos los que inicialmente se manifiestan. Pero en el movimiento ha surgido una reflexión y hemos visto lo que nadie podía imaginar, los ladinos hablando en nombre de los indígenas, la clase media defendiendo a los pobres. La gente ha abierto la mente y se ha rebelado contra la injusticia”.
Bien harían varios políticos centro y sudamericanos en recordar el viejo refrán: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
El desenlace de la renuncia de Otto Pérez a la presidencia de la República fue inmediato: 116 diputados (de 158 en total) aceptaron la decisión del mandatario, acusado por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. “Mi compromiso es someterme con entereza al imperio de la ley”, dice la carta del desaforado. Poco después, el exjuez de la Corte de Constitucionalidad, el abogado y notario por la Universidad de San Carlos, Alejandro Maldonado Aguirre, de 79 años de edad –que ocupaba la vicepresidencia desde el mes de mayo tras la renuncia y encarcelamiento de Roxana Baldetti–, juró ante el Congreso como nuevo presidente hasta la conclusión del periodo de Pérez, el 14 de enero de 2016.
Tras la caída de Otto Pérez Molina, Guatemala celebró elecciones generales para elegir al nuevo presidente y el congreso. Los resultados de estos comicios, el domingo 6 de septiembre, mostraron la nueva cara del país. Para empezar, la asistencia a las urnas desmintió los pronósticos de la prensa y las encuestadoras que aseguraban que habría un alto abstencionismo. Con el 98,22% de las mesas electorales escrutadas se demostró que habían acudido a depositar su boleta casi el 80% de los electores, algo inédito. Lo más relevante, según el mandatario interino, Alejandro Maldonado, es aceptar la sacudida política y social que supuso el caso de investigación de la “Línea”: “Tembló el sistema sin disparar una bala…El voto es un deber y un derecho para poder exigir. Los guatemaltecos vienen a dar confianza y honradamente deben ser recompensados con la misma actitud. Si el pueblo cumple, los estadistas tienen que cumplir”.
De tal suerte, el domingo 6 de septiembre buscaron la presidencia de Guatemala 14 candidatos de otros tantos partidos políticos. Una vez más, desde 1985, cuando el país retornó a la democracia después de la dictadura militar, en estos comicios ninguno de los abanderados logró el 50% de los votos más uno, por lo que habrá una segunda vuelta electoral del 25 de octubre próximo, en poco más de un mes, entre los dos aspirantes más votados.
Según la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral, los comicios presidenciales en su primera vuelta fueron ganados por el candidato del Frente de Convergencia Nacional, el actor y economista Jimmy Morales, de 46 años de edad, con el 23,89% de los votos, o sea 1,159,626 papeletas, que compitió con un único lema: “Ni ladrón, ni corrupto”. Seguido de cerca por el empresario Manuel Baldizón, del partido derechista Libertad Democrática Renovada, con el 19,59% de los votos. Y por Sandra Julieta Torres Casanova –5 de octubre de 1955– (que fue primera dama de Guatemala con el presidente Alvaro Colom), de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 19,68% de la votación. Los dos posibles contendientes son enemigos políticos irreconciliables.
Hasta el momento de escribir este reportaje, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala no había definido cuál de los dos candidatos: Manuel Baldizón o Sandra Torres, sería el que competiría con Jimmy Morales en la segunda vuelta. Mientras tanto, como dijo Alejandra, una humilde vendedora de flores en las calles de la capital guatemalteca: “El país anda mal…el que venga ya sabe lo que le puede ocurrir. Si no lo hace bien, lo volvemos a sacar”. De cualquier manera, Guatemala ya no es el mismo que hace cinco meses. VALE.