Clamor del pueblo
Manuel Nava
Acapulco, Gro.- El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resultó ser jugo de limón en la herida. Desacreditó la investigación que llevó a cabo el gobierno de México, pero no aclara en lo referente a los móviles que existieron para que se desencadenaran los hechos de aquellas horas del 26 y 27 de septiembre del 2014 y menos aún sobre el posible paradero de los 43 normalistas.
Al respecto la interrogante se mantiene vigente: si no fueron asesinados e incinerados en Cocula y si no aparecen sus cuerpos, ¿dónde están?
“Para nosotros, los 43 normalistas de Ayotzinapa están vivos hasta que se demuestre lo contrario, nosotros seguimos reclamando la presentación con vida, ése es un clamor que tenemos como pueblo”, dijo Walter Emanuel Añorve Rodríguez, integrante de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), quien anticipó nuevas acciones conjuntas de las organizaciones gremiales del magisterio y los padres de los 43 normalistas que de entrada incluye una ceremonia de “grito de resistencia”, que se llevará a cabo la noche del próximo 15 de septiembre, en la plaza heroica Escuela Naval, de Acapulco.
Antecedentes
Los hechos del 26 de septiembre de 2014 sólo pueden explicarse en el contexto de la descomposición del tejido social que vive México. La situación que permitió el asesinato y desaparición de decenas de estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero, tiene ingredientes clave:
- La simbiosis entre los cuerpos de seguridad pública y el crimen organizado. La asociación de los cuerpos de policía con bandas criminales es un fenómeno ya generalizado en el país, y ha adquirido particular fuerza en algunas regiones. Se trata de territorios donde el tráfico de drogas ha construido corredores para mover sus mercancías; donde desde hace años el narcotráfico y sus negocios —la extorsión, el secuestro, el robo— han penetrado el sistema político; donde la corrupción ha permitido que los cargos públicos sirvan de instrumento para el crecimiento de las fortunas de los miembros de la clase política; territorios donde prevalece la impunidad.
2.- La degradación de la vida democrática. Para empezar, los derechos ciudadanos sufren graves quebrantos. El peligro proviene no sólo del crimen organizado, sino también de sus cómplices: los funcionarios responsables de procurar seguridad a la población, los cuales se sienten atacados si se exhibe que han dejado de cumplir con sus obligaciones fundamentales. La degradación de la vida democrática es también resultado de las actividades de financiamiento de las campañas políticas por parte de los agentes económicos que se benefician de la ilegalidad y que dan por resultado una clase política envilecida, corrupta, ignorante y prepotente.
3.- La socialización de la violencia. No implica solamente su silenciamiento, sino la aceptación de la telaraña de reglas informales que la protegen y justifican y, aún más grave, su utilización por parte tanto de aquéllos que deberían proteger a la población, como de los mismos grupos que, habiéndola sufrido, la integran a su propia vida cotidiana y la emplean justificándola como una forma para demandar reivindicaciones.
Iguala no había sido punto de acción de los normalistas de Ayotzinapa. Previo al 26 de septiembre de 2014 tuvieron actos en conjunto con la UP y el FODEG, agrupaciones que estuvieron enfrentadas a Abarca y Pineda. De las protestas encabezadas por ellos en Iguala en 2013 resaltan dos, una el 25 de enero contra la reforma educativa federal, no contra el alcalde. Durante la protesta hubo bloqueos, pero según la prensa local, no hubo daños.
En la otra, el 13 de noviembre, secuestraron siete autobuses para “botear” por la ciudad durante dos horas. Esta última fue en protesta por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, ocurrida a principios de noviembre.
Sin embargo, el 26 de septiembre, en el evento que extraoficialmente daba inicio a la precampaña de Pineda, hicieron presencia en Iguala. No se sabe si “a reventar” el evento, o sólo a botear. Felipe Flores Vázquez, secretario de Seguridad Pública en el municipio tomó el control y se precipitaron los hechos ya conocidos.
El lugar de los hechos
Iguala es uno de los cinco municipios que integran la columna vertebral del estado de Guerrero en términos políticos y económicos. La ciudad se ubica en un valle rodeado por 9 cerros. Además de los hechos históricos que ocurrieron en el municipio, su importancia radica en que era un centro comercial de relevancia para la entidad.
En 1998 la ruta México-Cuernavaca-Balsas fue cerrada al tránsito ferroviario. Ello permitía el abasto y embarque de productos alimenticios y minerales. Los talleres de oro formaron parte desde siempre de la actividad económica del municipio.
Su ubicación resulta, además, geoestratégica. Es la puerta de entrada a las regiones Norte y Tierra Caliente. Traza corredores hacia los estados de México y Morelos con municipios de Sultepec, Tenancingo y Tejupilco en el primero, y en el segundo los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango.
Desde 2009, Iguala fue territorio de los Beltrán Leyva y, por consecuencia, de los Guerreros Unidos, el cual nació como un grupo de sicarios entre cuyos dirigentes estaban los hermanos Pineda Villa.
En 2005 se sumaron a un grupo de sicarios superior con los cuales el cártel de Sinaloa defendió sus territorios de los ataques de los Zetas, que actuaron en favor del Cártel del Golfo además de la Familia Michoacana.
En 2012, el cartel local de Los Rojos incursionó en dicho territorio estableciendo una cabeza de playa en el municipio de Tepecoacuilco, a cinco kilómetros de la ciudad de Iguala. Balaceras, secuestros y cuerpos regados comenzaron a ser hechos cotidianos. Los responsables, según los reportes, eran Los Rojos.
Para 2013, Iguala debió haber transitado al “mando único” estatal, sin embargo, la seguridad la seguían llevando los agentes locales, aquéllos ahora detenidos como supuestos autores materiales. Según los datos expuestos por Abarca en su primer informe de gobierno, de los 298 policías adscritos a Iguala, 210 habían presentado el examen de control de seguridad estatal a finales de 2013.
Por su actividad comercial, Iguala es un importante punto de cruce de la droga y, desde hace algunos años, un centro de consumo de la misma, particularmente de la amapola y sus derivado así como de la droga sintética.
De acuerdo con los datos de la Sedena, en el 60 por ciento de los 61 mil 621 kilómetros se produce el 60 por ciento de la amapola en todo el país. La zona de plantíos de amapola abarca 56 municipios del norte del estado, entre los cuales destaca la comunidad de Pandoloma, un pequeño poblado de poco más de mil habitantes, del municipio de San Miguel Totolapan, enclavado en la zona montañosa del noroeste del estado y cercano a Iguala.
Además, Pandoloma fue una de las comunidades donde se ubicaron campamentos de adiestramiento de los grupos armados, entre 1990 y 1995 de entre los cuales surgió el EPR.
Durante 2010, en los 56 municipios se destruyeron 23 mil 906 plantíos de amapola, que sumaron más de 3,843 hectáreas sembradas, lo que equivale a casi cuatro canchas de futbol juntas.
El 20 de enero de 2011, en un operativo realizado en Chilpancingo, se aseguraron poco más de 248 kilogramos de goma opio. La Sedena aseguró en su momento que fue el aseguramiento más grande en la historia de México.
Según el gobierno de Estados Unidos, durante 2010 los estadunidenses gastaron 27 mil millones de dólares en heroína. Los usuarios se incrementaron de 119 mil en 2003 a 335 mil en 2012, lo cual da una idea de la magnitud del negocio que está de por medio y que de alguna manera ha sido controlado por Guerreros Unidos.
Los medios estadounidenses se refieren a la situación de abuso de heroína en Chicago como una “epidemia” que se ha extendido de las zonas urbanas donde tradicionalmente se usaba la droga, a zonas rurales de Illinois.
Según reportes del Centro de Inteligencia Nacional contra las Drogas, las bandas mexicanas operan en 1 mil 286 ciudades de Estados Unidos. Todas las mafias mexicanas consideradas como exportadoras de drogas poseen células en Chicago.
Chicago tambien es Guerrero
Guerrero ha sido un alto exportador de mano de obra. En la localidad se dice que la segunda ciudad más poblada es Chicago, Illinois, con aproximadamente 800 mil guerrerenses que ha desarrollado organizaciones de migrantes y hasta 2013 ejercieron presión sobre el gobierno de Estados Unidos.
Entre ellos figuran los Dreamers, estudiantes indocumentados que buscan romper, presionar o lograr resultados medibles, eficientes y cuasi inmediatos en las políticas migratorias estadunidenses.
Los Dreamers son pragmáticos, tienen poca tolerancia hacia los discursos, propuestas y soluciones gubernamentales y no necesariamente buscan un puesto en la administración pública, lo cual, aunado a que el movimiento es primordialmente horizontal y sin adhesión a algún partido o ideología (salvó los #UndocuQueers), hace difícil cooptarlos, convencerlos o silenciarlos.
Los Beltrán Leyva lograron extenderse en su corta existencia —e intensa fragmentación— en 30 ciudades de la Unión Americana. Ahora, según la acusación contra la gente de Vega, es posible afirmar que los Guerreros Unidos, los mismos que secuestraron y asesinaron a 43 estudiantes, según la cifra oficial, movilizan kilos y kilos de heroína en Chicago.
El movimiento migrante mexicano está desgastado y acéfalo, y constituye la apertura de un espacio favorable para los Dreamers.
El 21 de agosto de 2013 la policía en el área de Chicago detuvo a un sujeto cuyo nombre aún se mantiene oculto a quien encontraron 200 mil dólares en su auto. El mismo hombre llevó a los agentes a una casa donde se incautaron otros 230 mil dólares, 12 kilos de heroína y nueve kilos de cocaína.
También capturaron al dueño de la droga, quien aceptó un trato con la policía y en adelante se convirtió en un informante secreto, el cual reveló que Pablo Vega Cuevas y media docena de personas más a quienes consideraba miembros del Cártel de los Guerreros Unidos introducían y controlaban la distribución y venta de droga en Chicago.
La misma persona detalló que transportaban drogas, al menos heroína y cocaína, de México a dos bodegas establecidas en Aurora y Batavia, en la zona de Chicago. Vega importaba y vendía las sustancias al mayoreo al dueño de una empresa llamada R. Sánchez Landscaping, Inc., e Isaías Mandujano. Señaló que Arturo Martínez, un socio de Vega y contrabandista con base en México coordinaba los envíos y entrega de las drogas. Martínez arreglaba el uso de vehículos con compartimentos ocultos para el traslado de las sustancias.
Vega coordinaba, en Estados Unidos, a Alexander Figueroa, Eliseo Betancourt y Wilfredo Flores. Los tres fungían como distribuidores y realizaron movimientos de droga de México a Illinois en autobuses comerciales para pasajeros y se obtuvieron indicios de que ocultaban droga en embarques terrestres de fruta.
Se presume que la heroína proviene de las flores nacidas en la Sierra de Guerrero, San Miguel Totolapan, donde los Guerreros Unidos sostienen una cruenta batalla por el control del acopio de la goma de opio con Los Rojos, Los Ardillos y Los Caballeros Templarios de Michoacán.