Sin conciencia del riesgo catastrófico
Raúl Jiménez Vázquez
En el mensaje presidencial emitido el 2 de septiembre desde Palacio Nacional se consignó que durante el año pasado se registraron sucesos que generaron molestia e indignación en la sociedad, como los ocurridos en Iguala. Lo que no se dijo es que el maremágnum de protestas nacionales e internacionales se debió, entre otras razones, al hecho de que la barbarie de que fueron objeto los estudiantes de Ayotzinapa evidenció que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada, tal como lo advirtió meses antes el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y que el territorio nacional está literalmente plagado de fosas clandestinas, lo que se corrobora con el hallazgo en un rancho de Nuevo León de los restos de cuando menos 31 personas.
Tampoco se hizo alusión a la circunstancia de que la impunidad de los crímenes de Estado perpetrados a lo largo de la guerra sucia fue el caldo de cultivo de este otro inefable crimen, cuya falta de esclarecimiento, en palabras del emblemático exjuez español Baltazar Garzón, es una ofensa a la conciencia de la humanidad entera. Igualmente se pasó por alto que la guerra antinarco provocó el escalamiento de las desapariciones forzadas, fenómeno que fue visibilizado en el informe de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
En suma, la referencia al suceso del 26 de septiembre de 2014 debió ser aprovechada para reconocer los reales alcances del agravio contra los normalistas, la verdadera dimensión de la problemática nacional de las desapariciones forzadas y la necesidad de desarrollar medidas integrales y eficaces para su erradicación.
No haberlo hecho, validó las severas críticas proyectadas por destacadas organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, la que por voz de su directora del Programa para América señaló que México está perdiendo “estrepitosamente” la batalla contra las desapariciones, y Open Society Justice Iniciative, cuyo director ejecutivo presentó un informe en donde se sostiene que Ayotzinapa cambió la opinión internacional sobre México y que la desaparición se debió a la vinculación entre autoridades y el crimen organizado.
Esto último le da la razón al fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, quien hace unos días declaró que los acontecimientos de Iguala fueron posibles gracias a la convergencia de delincuentes, policías y militares. Sólo así podría explicarse que se arremetiera con tanta violencia contra jóvenes desarmados.
Problema que se soslaya, estalla. La tragedia de Ayotzinapa, los más de 25 mil desaparecidos, la impunidad prevaleciente en torno a los crímenes de la guerra sucia, los crueles ataques a manos de milicianos perpetrados en Tlatlaya, Tanhuato, Ostula y Calera; todo ese cúmulo de atrocidades no resueltas está a punto de estallarle en la cara a Peña Nieto. Empero, ni él ni su equipo parecen estar conscientes de este riesgo catastrófico.