Entrevista a Pedro Salazar Ugarte | Director del IIJ de la UNAM | Exclusiva para Siempre!
Ofelia Alemán García
Este sábado 26 de septiembre se cumplió un año del estallido del conflicto de Ayotzinapa, un conflicto que hiciera patente la pericia para gobernar de la actual administración.
Poco antes de este aniversario que conmemora la falta de respuestas transparentes sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es entregado en México el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual sigue generando muchas reacciones.
Recordemos que dicho informe fue solicitado por el propio gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición formalizada el 30 de octubre de 2014 en Washington.
Una de tales reacciones —tal vez la más mediática y controvertida— es la de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, organización no gubernamental que atiende a víctimas de este delito.
Cabe mencionar que la señora Miranda de Wallace sufrió el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Wallace, en julio de 2005, motivo por el cual surgió dicha organización.
Aunque algunos medios como Proceso y Los Angeles Press en aquel entonces presentaron reportajes que atestiguaban la elaboración de pruebas falsas, Miranda de Wallace declaró recientemente que los normalistas de Ayotzinapa habían sido secuestrados, descartando la posibilidad del delito de desaparición forzada, el cual implicaría a miembros del Estado como los perpetradores.
Este argumento, según Miranda de Wallace, descalificaría el informe de la GIEI realizado por peritos expertos en derechos humanos ya que no tendrían competencia en materia penal, como lo requeriría la tipificación del delito por secuestro.
En la misma tónica que la señora Miranda de Wallace, Samuel González Ruiz —un afamado y controvertido jurista mexicano cuya trayectoria profesional lo ha llevado a compartir colaboraciones internacionales en materia penal junto con el académico Edgardo Buscaglia, y ahora asesor jurídico de Alto al Secuestro— recalcó que no sólo la intervención de la CIDH sería cuestionable sino que se requeriría de instancias internacionales de mayor escala y competencia que la Organización de Estados Americanos (OEA), mayores instancias como la Organización de las Naciones Unidas.
Posturas sin fundamentos
En entrevista exclusiva para Siempre!, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, reprobó profundamente la descalificación al sistema interamericano de derechos humanos y además señaló que las personas que hacen dichas aseveraciones solamente muestran un profundo desconocimiento jurídico del derecho internacional.
“Son posturas absolutamente sin fundamento, muy irresponsables, que no se hacen cargo de la complejidad de la situación y que no dan cuenta del funcionamiento real del sistema interamericano de los derechos humanos”, aseveró el doctor Salazar.
Sobre la mención de involucrar otros organismos internacionales como la ONU, el doctor Salazar enfatizó que “traer ejemplos de otros modelos de justicia internacional me parece que es desproporcionado y lo único que hace es arrojar incertidumbre sobre un tema de por sí ya delicado. Allí hay mucha irresponsabilidad y mucha ignorancia sobre el tema”.
Adicionalmente, aclaró puntualmente que el hecho de que coyunturalmente el secretario general Emilio Álvarez Icaza sea de nacionalidad mexicana, “en ningún momento constituye un impedimento para que el sistema conozca casos sobre México. Los únicos personajes que no intervienen en las discusiones en asuntos sobre México son el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, porque así lo establecen las reglas del propio sistema. Obviamente los secretarios técnicos son de distintas nacionalidades y eso no supone que no puedan conocer en este caso de los asuntos sobre México por tratarse coyunturalmente de una persona mexicana”.
Nuestro respeto al sistema interamericano
México, ante las presiones del exterior, no tiene escapatoria de los pactos y compromisos internacionales. En el caso de la ONU, México es uno de los cincuenta y un miembros fundadores de las Naciones Unidas, y según el centro de información de esta organización para México, Cuba y República Dominicana, la delegación mexicana estuvo representada por Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco Castillo Nájera, quienes firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, y el 7 de noviembre de ese mismo año México fue admitido en la ONU.
En el caso específico de la OEA —la organización regional más antigua del mundo según se detalla en su portal de Internet— México firma su adhesión en 1889 contribuyendo así a la creación del sistema interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional.
El doctor Salazar también hizo patente que los Estados suscritos a la OEA firmaron libre y voluntariamente la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, la cual sirve de base para dar cohesión al sistema interamericano de los derechos humanos en Latinoamérica. Dijo: “Lo que tenemos es un sistema de protección regional e internacional de los derechos humanos que funciona en dos instancias autónomas e independientes, la Comisión y la Corte, al cual pueden llevar casos todas las personas que habitan en los países miembros de la OEA una vez que su caso se haya agotado en las instancias internas de su país”.
Pilar fundamental de las democracias latinoamericanas y bastión clave del fortalecimiento de los derechos humanos en el continente, en palabras del doctor Salazar, las decisiones que se hayan tomado si bien son controvertidas, el sistema interamericano: “Merece nuestro acompañamiento, nuestro respeto y creo que también merece que le demos una oportunidad para seguir colaborando en el desahogo en temas trascendentales”, señaló.
Ayotzinapa, aún sin conclusión legal
Para explicar el caso Ayotzinapa ante el sistema interamericano, el doctor Salazar ejemplificó con otros casos que ilustran el funcionamiento de dicho sistema. Uno de ellos el controvertido caso Castañeda Gutman contra México, cuando Jorge Castañeda Gutman —hijo de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, prestigiado político, diplomático e historiador mexicano— quería contender como candidato independiente en unas elecciones federales cuando esa figura todavía no estaba en las legislaciones mexicanas.
Sin respuesta de las autoridades internas, Castañeda Gutman llevó el caso a la Corte Interamericana y recibió una sentencia parcial y poco definitoria.
El otro caso es Radilla contra México. Rosendo Radilla, un militante de izquierda guerrerense, desapareció durante los años setenta. Tras muchos años de investigaciones en México, sus familiares llevaron el caso al sistema interamericano y finalmente, en 2009, la Corte sentenció y condenó a México por la violación de los derechos humanos del desaparecido.
“El caso Ayotzinapa no se encuentra en ninguna de estas etapas. Todavía nos encontramos en un momento en el que las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito nacional interno, siguen llevando a cabo sus indagatorias y agotando sus procesos jurídicos. Todavía no hay una conclusión legal del caso en las autoridades mexicanas”, aseveró el doctor Salazar.
La petición de México para realizar una investigación y el informe con los resultados son una versión adicional a la oficial, “pero el caso todavía no está y pasarán muchos años para que pueda pasar a la Comisión y a la Corte Interamericana. Y no ha habido hasta el día de hoy una condena contra el Estado mexicano por violación de derechos humanos en virtud de esos hechos”, precisó Salazar.
Los hechos acaecidos en Iguala a un año de su denuncia son muy lamentables y también son objeto de observación de la comunidad internacional. Tal vez algún día tendremos la sentencia definitiva: la Corte Interamericana condena a México por el caso Ayotzinapa. ¡El Estado mexicano reprobado!
@ophelyas