Después de Ayotzinapa, no puede haber algo más importante para el Estado que fortalecer la autonomía y el prestigio del Poder Judicial.
En un momento en que nadie cree en la justicia mexicana y cuando las organizaciones internacionales más importantes en materia de derechos humanos tienen puesta una enorme lupa sobre el país, lo peor que podría ocurrir es restar legitimidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte).
Viene a cuento decir esto porque, conforme se acerca la sucesión en la Corte para sustituir a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, crecen las voces para exigir al presidente de la república que evite imponer, promover o recomendar candidatos cuyo principal mérito sea su cercanía política con el titular del Ejecutivo federal.
Esas voces tienen razón. Según avance la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, que hoy encabeza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y en la medida en que diferentes ONG sigan presionando para conocer lo que sucedió en Tlatlaya y en otros escenarios, la agenda de la Corte va a estar dominada por casos relacionados con la violación de derechos humanos.
Casos que pondrán a prueba al gobierno, que van a requerir sentencias o resoluciones apegadas a la Constitución, totalmente creíbles y confiables, capaces de demostrar, por su imparcialidad, que a México le interesa la verdad y la justicia por encima de cualquier interés de carácter político, personal o partidario.
Hoy, más que nunca, la probidad del Poder Judicial es estratégica para que el sexenio pueda concluir, y concluir con estabilidad. Para decirlo con más claridad: el primero que se fortalece con un sistema de justicia consistente es el mismo presidente de la república.
No tendría caso hacer este tipo de análisis si no se advirtiera —como se señaló en este mismo espacio la semana pasada— que se cierne sobre el país una clara presión internacional interesada en provocar un cambio en México, en hacer estallar el sistema político nacional a través de lo que el multimillonario George Soros ha denominado “revoluciones de colores”.
A la Corte deben ir ministros jurídica y éticamente creíbles. Ya no existen espacios para que la justicia sea convertida en rehén de cuotas, cuitas o cuates. El país ya no lo soporta.
Si esto no se entiende, si el Senado va a privilegiar el criterio de la cuota por encima del interés nacional, entonces, veremos cómo el debilitamiento del Poder Judicial va a acelerar —por su falta de legitimidad— la descomposición política y social del país.
México no está en guerra, pero sí en medio de un quiebre institucional, de una hora cero que exige tomar decisiones sin equivocarse.