Entrevista a Elías Huerta | Presidente-Asociación de Doctores en Derecho | Exclusiva para Siempre!
Moisés Castillo
México se encuentra en un momento espinoso, no sólo porque la economía está estancada y la violencia no cede: nuestra democracia está debilitada y no da resultados por la ineficacia institucional. El Latinobarómetro 2015 revela un dato preocupante: México ocupa el último lugar en satisfacción ciudadana con la democracia en América Latina. En ese estudio, Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana tienen niveles de satisfacción por arriba del 50 por ciento. ¿Por qué esta desaprobación social?
Contexto
El antiguo régimen tuvo un largo proceso de afirmación presidencial que consistió en eclipsar a los otros dos poderes, de ahí la subordinación del legislativo y del judicial. Si bien la transición democrática ha tenido algunos avances, los caprichos del Ejecutivo federal siguen vigentes. Un ejemplo es el impulso que le dio a la candidatura de Eduardo Medina Mora para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte), una candidatura fuertemente cuestionada por amplios sectores sociales. Sólo hay que recordar su labor desastrosa en la Procuraduría General de la República en la primera etapa de la guerra antinarco.
Es por ello que en marzo de este año, antes de que se concretara su designación como ministro, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación envió una carta al presidente del Senado, Miguel Barbosa, en la cual advierte que estaría en riesgo la autonomía judicial en caso de que no se elija a alguien con méritos.
Seis meses después, la misma Asociación envía una misiva, en ese mismo tono, pero al presidente Enrique Peña Nieto por su tentación de impulsar la candidatura del senador con licencia priista Raúl Cervantes Andrade, exdirector jurídico del PRI, ya que en noviembre próximo habrá dos vacantes en el máximo tribunal constitucional del país.
“El pueblo mexicano agradecerá —dice la misiva— ese gesto de madurez política y de cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, pues anteponiendo el bienestar de la unión a intereses políticos o partidistas, dejará como legado al terminar su gestión una Suprema Corte de Justicia fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los derechos de los mexicanos”.
Se tiene reservas sobre la posible llegada de Cervantes Andrade, ya que podría resultar un fuerte conflicto de interés al ser un personaje muy cercano a la Presidencia: es primo del actual consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejo Cervantes, y primo de Alfredo Castillo, actual titular de la Comisión Nacional del Deporte. A estos tres funcionarios se les conoce en el círculo político como “los primos”.
El artículo 95 de la Constitución establece que quien aspire a ser ministro de la Corte debe gozar de buena reputación y no haber ocupado un cargo público un año antes del nombramiento.
Fiel de la balanza
Para Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, el proceso ideal en la selección de ministros de la Corte debería seguir el procedimiento de designación del fiscal general de la república.
“Ese sería un procedimiento más amplio, más plural, más congruente con los tiempos que vivimos, de mayor participación ciudadana y que no sea una decisión estrictamente política y partidista en un régimen muy cuestionado”.
Sería adecuado un procedimiento transparente y razonado, pero inevitablemente prevalecerá un acuerdo partidista previo para asignar vacantes en la Corte. ¿Cuál es su postura?
En la Constitución se acaba de instaurar un procedimiento interesante para designar al fiscal general de la república que me parece que deberíamos caminar hacia esta ruta para la designación de ministros de la Corte: el Senado le envía 10 candidatos al Ejecutivo federal, que pueden ser más; el Presidente toma una terna y se la regresa al Senado para que designe al fiscal general con el voto de las dos terceras partes de los presentes. Las grandes decisiones no se toman en función a lo que le conviene a México sino en función a lo que le conviene a los grupos en el poder, en este caso a los partidos políticos.
¿Ministros que no tengan una carrera judicial sólida pueden afectar resoluciones de la Corte?
No necesariamente. Me parece que en los órganos de la máxima representación jurisdiccional del país como es la Corte, sobre todo que es un tribunal constitucional, pueda haber diferentes visiones. La Corte, a partir de 1995 cuando se dio esa reforma de gran calado en el Poder Judicial que la creó como tribunal constitucional, se ha convertido en el fiel de la balanza de los asuntos políticos también.
No parece que esté mal que haya también en la Corte visiones de juristas destacados que no hayan tenido necesariamente la carrera jurisdiccional. Sí creo que debe de haber una mayor presencia en el máximo tribunal del país de juzgadores con prestigio, pero es muy sano que haya otros personajes de la vida jurídica mexicana que integren la Corte. Es un buen equilibrio, es muy sano.
De llegar el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade a la Corte y con la designación de Eduardo Medina Mora como ministro, ¿está en riesgo la autonomía judicial?
No, el presidente de la república tiene la opción constitucional y la tradición de poder de hacer una integración mixta de la terna, particularmente en este caso que hay dos vacantes. Sería recomendable que hubiera un funcionario de carrera judicial en una de las ternas, que inclusive fueran dos mujeres (se va la ministra Olga Sánchez Cordero), las que conformaran la propuesta del Ejecutivo para compensar el tema de la equidad de género. No vería mal que un jurista que no ha abrazado la carrera judicial, como el senador con licencia, pudiera integrar alguna de las ternas e inclusive ser eventualmente designado ministro de la Corte.
Somos un régimen presidencial
La última palabra la tiene el Senado de la República, existen negociaciones partidistas como la del PRI-PAN que llevaron a Medina Mora a la Corte. ¿En qué momento la Corte se convirtió en un espacio de negociación, de influencias políticas?
Vivimos en un régimen presidencial, es un tema que viene a partir de la evolución histórica-política-jurídica del país. Intervienen dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para conformar el Judicial. En este caso, la fórmula es que el Ejecutivo propone y el Legislativo designa. Hay una vertiente de que si por una circunstancia no se ponen de acuerdo la mayoría de los legisladores, en una segunda opción, el Presidente envía otra terna y puede elegir esta vez si no hay consenso entre los legisladores. No es algo extraño, sucede en muchos países. Sería muy sano la intervención de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colegios de abogados, facultades de derecho, que pudieran participar en la propuesta de las ternas.
¿Existe el riesgo de regresar a tiempos en que la Corte no era completamente independiente? ¿Cómo afectan los intereses políticos a la vida del Poder Judicial?
Se ha avanzado en esta importante reforma de 1995 hacia una verdadera independencia del Poder Judicial, aunado a que de esa reforma surgió también el órgano que se separó de la Corte, que es el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que administra y lleva toda la vigilancia de todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, salvo los ministros y la gente que trabaja en la Corte.
Esta otra vertiente del Poder Judicial, en donde no intervienen los ministros, es la que resuelve sobre quiénes son los jueces, cómo promoverlos, cómo formarlos, eso es crucial y le da mayor solidez en autonomía al Poder Judicial, y la Corte ha logrado consolidarse como una institución fundamental del Estado mexicano.
Santiago Creel aseguró que aunque le gustaría ser ministro no aspiraba al cargo, porque, lo cito, “la Corte necesita ministros que tengan una visión imparcial y podría causar un enorme daño a la institución”. El priista Cervantes Andrade podría hacer lo mismo, ¿no cree?
No estaría tan convencido en este caso de que Creel esté absolutamente descartado como candidato a ministro. En estos días hay el rumor que si finalmente se da una negociación en el Senado de PRI-PAN, que son los que hacen la mayoría para designar a los ministros, entonces no descartaría al panista. Independientemente de eso, creo que es muy legítimo como académico, como jurista, que el senador con licencia pueda aspirar al cargo. Los abogados en este país y en otras naciones, nuestra aspiración superior es llegar a ocupar un lugar en el máximo tribunal del país.
Garante de la legalidad
¿No afectaría la imagen de la Corte?
Nosotros también, que somos académicos, que estamos dedicados al ejercicio libre de la profesión, no nos podemos autocerrar la puerta y decir que el senador con licencia no estaría calificado para el cargo. Le hace bien a la Corte tener visiones diferentes, ahora tiene un juego político, ya no es una Corte que tiene un sentido estrictamente jurisdiccional.
Hoy todos los conflictos que se suscitan entre los poderes de la Unión y entre todos los servidores públicos que tienen que ver con el ejercicio del orden federal o locales, se dirimen vía las controversias constitucionales a la Corte. Tener las visiones de juristas que no tienen exactamente juzgadores de carrera, me parece que es positivo.
¿Qué papel debe jugar la Corte en momentos donde la confianza ciudadana es casi nula hacia autoridades y servidores públicos?
Históricamente está obligada a jugar un papel importante. Los clásicos griegos hablaban del gobierno de los jueces y tenemos experiencias internacionales fundamentales. En Italia, por ejemplo, por motivos de corrupción en la clase política, surgieron los jueces y a través de una operación que se llamó manos limpias llevaron al primer ministro Giulio Andreotti a la cárcel y se recompuso el tejido social-político-económico del país europeo, porque los jueces asumieron ese papel.
En épocas de crisis, de falta de confianza y credibilidad, la actual Corte está obligada, con sus fallos y actuación, a dar un mensaje a la ciudadanía de que existe una institución sólida y confiable. La Corte está obligada a fortalecerse y ser un garante de la legalidad en el país.