La guerra santa entre Jorge Carlos Vergara Madrigal y su aún esposa, Angélica Fuentes Téllez, engarzados en una polémica lucha por la custodia de Valentina y Mariaignacia, y los miles de millones que representan Omnilife-Chivas, ha puesto al descubierto claros ejemplos de las más bajas pasiones del ser humano y también, de la aplicación de la justicia en México.
El pleito de vecindad llevado a los escenarios públicos por el controvertido empresario jalisciense, reveló lo que pareciera el secreto a voces del pueblo: posibles actos de corrupción en el ejercicio y aplicación de la balanza.
Poco después de emitir la orden de aprehensión en contra de la aún esposa de Jorge Vergara, quien no quiere soltar el 50 por ciento de las millonarias acciones del negocio en común, Efraín López Ramírez, juez de distrito en Ciudad Guzmán, fue cesado de su cargo.
Más tardó el magistrado en emitir la orden, que el pleno del Consejo de la Judicatura de Jalisco convocara a sesión extraordinaria y determinara, por unanimidad, que tanto Efraín López como su secretario, Erwin Alberto Ramírez Pérez, fueran retirados de sus cargos. Si bien la determinación de aprehender a la empresaria no ha variado en lo absoluto.
El Consejo de la Judicatura de Jalisco aceptó que se tomó tal acuerdo, debido a la posibilidad de una irregularidad muy grave, cometida por el juez Efraín López Ramírez, pero no especifica nada más. A la par, decidió nombrar a José Herminio Jasso Méndez, como juez interino del caso –decisión que no gustó para nada a la defensa de Vergara Madrigal-, quien ha saturado los tribunales con demandas civiles, penales, mercantiles y del orden familiar, en contra de su otrora adorada pareja, a la que acusa de haber malversado, al menos, 4 mil millones de pesos, desviados a cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza.
El caso del cese del juez Efraín López Ramírez es uno de tantos ocurridos en Jalisco, el estado más prolífero en eso de ajustarles las cuentas a los responsables de la aplicación de la justicia.
Aunque han trascendido algunos otros casos de magistrados relevados de sus cargos por inconsistencias, como el ocurrido meses antes en Torreón, Coahuila, en contra del juez de distrito Luis Armando Jerezano Treviño, -cuestionado por su incurrir en irregularidades en el trámite y resolución de distintos juicios de amparo relacionados en la operación de casinos-, es el de Efraín López el cese más sonado en los últimos tiempos.
Disciplinar jueces pareciera una constante en el Consejo de la Judicatura de Jalisco. Sus públicas decisiones abonan quizá a que en la primera parte de este 2015, el cuerpo colegiado haya recibido al menos una docena de quejas en contra de distintos magistrados, llegando a la destitución de nueve jueces.
En medios han trascendido las declaraciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, en relación a las acciones disciplinarias ejecutadas: sanciones a más de 40 jueves, 13 auxiliares, 23 secretarios, 10 notificadores, 6 secretarios de acuerdos y dos actuarios.
Entre las sanciones que ha aplicado el Consejo, están los regaños en privado, los públicos, y por oficio, hasta llegar a la separación temporal –de quince días hasta seis meses, sin goce de sueldo-, o la definitiva de sus cargos.
Vega Pámanes ha dejado en claro que las decisiones disciplinarias por los actos de corrupción y otras irregularidades detectadas son muy independientes a las resoluciones o sentencias emitidas por cada juez previamente; eso, ha dicho, no se modifica.
Antes de ello, en la capital del país, fue cesado otro juez mexicano, uno que gustaba de amparar autos chocolate. El caso, ajeno a los balonazos Vergara-Fuentes, pasó sin pena ni gloria en los anaqueles del escarnio público de México.