Ante una investigación por presunta “desobediencia civil”, el presidente regional de Cataluña, el independentista Artur Mas, declaró ante un juez de Barcelona; en 2014 organizó una consulta simbólica sobre la secesión de esta región española.
Cerca de las 00:00 horas, tiempo local, Mas llegó a la sede judicial acompañado de su defensor, unos 400 alcaldes de la región, además de otros dirigentes nacionalistas y cientos de militantes que gritaban en unísono como muestra de apoyo: “¡Todos somos Mas!”, también consignas a favor de la separación de España y en contra de la justicia española, mientras agitaban banderas independistas.
Es “algo inaceptable”, dijo desde Bruselas sobre las protestas el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que también las considera una amenaza al tribunal.
Antes del entrar al complejo, el presidente saludó a los manifestantes alzando cuatro dedos de su mano derecha, un símbolo de las cuatro franjas rojas de la bandera catalana.
Mas, pendiente de ser reelegido tras la victoria de su coalición en las elecciones regionales del 27 de septiembre, estuvo una hora declarando, pero se negó a responder a la fiscalía y a la acusación particular.
“No entiendo por qué estoy aquí dando explicaciones. En todo caso, las tendría que dar en el Parlament.. La consulta fue una decisión política”, expresó; Mas podría enfrentar penas de suspensión e inhabilitación de hasta 10 años.
El presidente catalán dio inicio a su comparecencia con una breve declaración de diez minutos, de índole política y anunció que no contestaría a las preguntas de la fiscalía “no por falta de respeto personal o institucional”, sino por el “cambio de criterio” en relación con la presentación de la querella.
Mas recordó que los fiscales catalanes no construyeron una base para presentar una querella y reprochó las “imposiciones” de la Fiscalía General del Estado.
La declaración de Mas siguió con el discurso de los otros dos inculpados, su exvicepresidenta Joana Ortega y la responsable de Educación del ejecutivo regional, Irene Rigau, quienes ya declararon el martes pasado. Por un lado asumió su responsabilidad en el proceso que desembocó en el 9-N y recordó que era el “principal hito de la legislatura”; por el otro, negó que haya cometido un delito de desobediencia porque, a partir del 4 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional vetó la consulta alternativa, el proceso quedó en manos de los voluntarios (cerca de 40 mil).
La fiscalía lo inculpa de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por haber supuesto como respaldo el veto del Tribunal Constitucional español para celebrar la votación simbólica sobre la separación de España el 9 de noviembre de 2014, de esta región de 7.5 millones de habitantes.
La jornada de elecciones simbólica cobraba una importancia especial para el independentismo, que recordaba el 75º aniversario del fusilamiento ejecutado por la dictadura de Francisco Franco del presidente catalán Lluis Companys, que en 1934 había llegado a declarar una efímera republica catalana de pocas horas.
La consulta, sib valor legal, pretendió remplazar al referendo rechazado en su totalidad por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, pero prohibida por el Tribunal Constitucional que consideró que el presidente catalán no tenía competencias para organizarla; unos 2.3 millones de personas habían participado en la consulta y un 80% apoyó la independencia.
Mientras se realiza la comparecencia, la coalición Juns pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por Artur Mas y victoriosa de las elecciones del 27 de septiembre, negocia con la ultraizquierda CUP para formar un gobierno regional de corte separatista que empresa un proceso con el que se pueda declarar la independencia en 2017.
Información de La Jornada y El País, España