BERNARDO GONZALEZ SOLANO
Mientras Michel Tremer, vicepresidente brasileño, a fines de agosto todavía decía: “es impensable que la presidenta Dilma Rousseff sea sujeta en el Congreso al proceso de destitución”, el analista para Brasil de Eurasia Group, Jõao Augusto de Castro Neves, reflexionaba: “ella (Rousseff) está al borde del abismo y seguirá allí, pero nadie está dispuesto a dar el empujón”. Lo cierto es que el panorama no es nada halagüeño para la ex guerrillera sucesora del famoso ex mandatario Luíz Inacio Lula da Silva, cuando aún no cumple su primer año de reelección el 69% de los brasileños  califica la gestión de la mandataria como “mala o pésima”, el porcentaje desaprobatorio más alto de un gobierno nacional en los 27 años que se realiza este tipo de sondeo.

Situación que pudo ser diferente, pero la propia Dilma admitió en una entrevista a la prensa de Brasil que se equivocó al no percibir que la crisis económica era mucho más severa de lo que parecía a fines del año 2014, después del balotaje: “Me equivoqué en haber tardado tanto en percibir que la situación podría ser más grave de lo que imaginábamos”. Rousseff agregó que no se esperaba una caída tan grande de la recaudación de impuestos. Situación que se agravó por el amargo remedio que ella y su equipo económico aplicaron para salvar la economía de los errores cometidos en su primer gobierno. Primero subió los impuestos y luego recortó los gastos públicos, con lo que frenó aún más la economía. Ahora, la presidenta analiza otros impuestos, lo que, dicen los expertos, empeorará aún más la recesión y la popularidad de su gobierno, severamente criticado por los escándalos de corrupción en empresas públicas, sobre todo en la petrolera estatal, Petrobras, que ya han llevado a la cárcel a varios de sus ex colaboradores.

Así las cosas, el producto interno bruto de Brasil se contrajo un 1,9% en el segundo trimestre del año, según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGF); es decir, la economía del gigante suramericano encadenó dos descensos trimestrales consecutivos y entró oficialmente en recesión técnica lo que supone un problema no sólo local sino para toda la región. Para tratar de reequilibrar las cuentas, la administración optó por la austeridad con aumento de impuestos y el recorte de inversiones, lo que aunado al pesimismo originó el descenso del consumo de las familias brasileñas, cuya tasa anual no sufría un descenso semejante desde hacía 12 años. En lo que va del año, ha perdido ya 345,000 empleos. Y las perspectivas son peores.
Lejos del crecimiento y el dinamismo económico que caracterizaron la era de Lula –aunque ahora se sabe que no todo era perfecto sino que había fallas que tenían que aparecer temprano que tarde–, el segundo mandato de Dilma Rousseff se ha convertido ya en una pesadilla en su segundo periodo. Combatida por las sombras de la sospecha de corrupción (que hasta el momento no han podido demostrar), con un débil apoyo parlamentario y una repulsa popular creciente en la calle –tres grandes manifestaciones contra su presidencia en diez meses–, Dilma ha tenido que hacer frente a constantes demandas de impeachment (juicio político) de la oposición. De hecho, el recuerdo del juicio político en contra del presidente Color de Mello en 1992, en cierta forma impiden que Dilma sea enjuiciada. En aquel entonces, como ahora, la crisis política y la económica se alimentaron una de otra. El índice de aprobación de Rousseff –de 7.7%– es evidencia de un nivel similar del profundo desencanto popular.
En tales circunstancias, ya han sido presentadas catorce demandas para que el Congreso disponga un juicio político con fines de destitución con la jefa del Ejecutivo, Dilma Rousseff. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la semana pasada rechazó cinco de ellas, en base a qué no cumplían las exigencias técnicas necesarias para abrir el impeachment contra la mandataria. Por los mismos motivos, el líder de la cámara baja ya había archivado otras seis peticiones. Además Cunha tiene que analizar otra tres, entre las que se encuentra una de un grupo de reconocidos abogados, incluyendo a Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), el propio partido de Lula y de Dilma. Sin duda, para que la cuña apriete tiene  que ser del mismo palo. Hasta el momento ninguna ha reunido los “fundamentos jurídicos” que prevé la Constitución de la República Federativa do Brasil  para proceder en contra de la primera presidenta del país en la historia.
Al respecto, el columnista y profesor de Ciencias Políticas y ex portavoz del presidente Luíz Inacio Lula da Silva, ligado al PT, André Singer (Sao Paulo, 1958), considera que la gravedad de la situación exige un acuerdo mínimo del partido en el poder (el PT), con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido de la Social Democracia  Brasileña (PSDB); y concluye: “la propuesta de impeachment, que desgraciadamente está creciendo en la sociedad, es golpista y, si llega a ocurrir, la democracia brasileña va a pagar un precio muy alto, porque no hay ninguna justificación. Sería un retroceso  para la democracia que es, tal vez, la principal conquista de la sociedad brasileña. Además, cuando no hay estabilidad política, los agentes económicos no saben a qué atenerse. Hay que parar este proceso”.

El profesor Singer, que dicta cátedra en la Universidad de Sao Paulo, resume la crisis política y económica de su país con una expresión: “Dilma Rousseff  ha agitado un panal de avispas” –y defiende un mínimo arreglo entre las tres principales organizaciones partidistas del país– “treinta años de construcción democrática y social”. Y, asegura que de ese desenlace depende el futuro de la República Federativa y el de la izquierda durante mucho tiempo.

En un artículo publicado en la revista Novos Estudos, del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, André Singer defiende esta tesis, un trabajo que le llevó medio año de investigación. En su escrito asegura que con el propósito de acelerar el “lulismo” (que define como la política del ex mandatario brasileño para captar el voto de los más pobres al PT sin enfrentarse con los más ricos) mediante el “activismo estatal”, Rousseff se buscó muchos enemigos. Singer explica: “optó por un camino de enfrentamiento abierto…Entabló una estrecha alianza con el sector industrial de la burguesía mientras se enfrentaba de forma explícita con el sector financiero. No siguió la regla de oro del “lulismo”, que es hacer cambios sin enfrentamientos”.
Según el analista y catedrático de ciencias políticas, la diferencia importante con Luíz  Inacio es que éste gobernó durante el “boom” de las materias primas, un “boom” que aprovechó para impulsar una política que retomara el crecimiento y, a la vez, redujera la pobreza. En cambio,  a Rousseff le ha tocado gobernar en una coyuntura económica muy diferente y ha cometido errores –según el analista–; entre ellos adoptar una dura política de ajuste fiscal en un intento de congraciarse con los mercados. Pese a ello, Singer la defiende porque, según él, se atrevió a enfrentarse a los bancos y a mantener los intereses bajos y la política de pleno empleo.
Además, el citado ex portavoz de Lula, asegura: “se ha adoptado una política de ajustes fiscales que la burguesía llevaba exigiendo desde hacía tiempo, lo qué, en mi opinión, es un error. Eso ha provocado una recesión profunda que continuará el año que viene. Se están generando enormes costes sociales, parecidos a los de Europa, pero en un país con mucha menos protección social y una mayor desigualdad. Por lo tanto con consecuencias todavía más graves”.
En fin, dice Singer, Brasil ha dado un giro conservador en el gobierno de la protegida por Lula. “No sabemos cuánto va a durar, pero es evidente desde el punto de vista de la política del gobierno y del crecimiento de sectores de la derecha. Sin embargo, el Gobierno sigue siendo de centro-izquierda. Y en este momento está intentando controlar una situación extremadamente difícil. Se ha vuelto muy impopular, su base parlamentaria está muy fragmentada y existe la amenaza de destitución de Rousseff”.

El miércoles 7 de octubre, la presidenta brasileña recibió otra pésima noticia, como si le hicieran falta. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió, unánimemente, rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. El tribunal sospecha que la administración hizo maniobras fiscales irregulares. Esta es una de las apuestas más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una posible destitución de Rousseff. Desde 1937 el tribunal no hacía algo semejante. Getulio Vargas fue el presidente destituido en aquella ocasión. Los adversarios de la mandataria apuestan por dos vías: en el caso de responsabilidad fiscal, el proceso se desarrollaría en el Congreso. En caso de financiamiento ilegal de la campaña electoral del 2014, la Justicia Electoral podría anular el mandato de Dilma Rousseff.

En fin, en unas declaraciones publicadas por el periódico Folha de Sao Paulo, el jefe del ejército, Eduardo Villas Bons, en una teleconferencia con dos oficiales de la reserva, advirtió claramente: “Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, crítica, una crisis de naturaleza política, económica y ética muy seria y con preocupación de que, si continúa, pueda transformarse en una crisis social con efectos nocivos sobre la estabilidad”. No obstante, el militar, que fue designado por la propia Rousseff como jefe de las fuerzas armadas, aclaró que las “instituciones civiles funcionan correctamente”.

Ni qué decir: al buen entendedor pocas palabras. En Brasil nadie olvida que la democracia apenas se restableció en 1985, después de 21 años de dictadura militar que comenzó en 1964 con un golpe de Estado militar. La sensibilidad de los brasileños es muy alta frente a la posible injerencia del ejército en la espera política. La propia Dilma fue torturada por los militares. VALE.