Rumbo al primer centenario
Alfredo Ríos Camarena
El contenido de las Constituciones mexicanas corresponde a nuestra historia y a sus grandes movimientos sociales. El documento fundamental de 1824 crea el régimen federal y da origen a la soberanía y a la independencia.
El de 1857 establece los principios liberales y de derechos humanos, y además, resuelve la controversia entre la Iglesia y el Estado, al separar estas dos entidades, dándole a cada una el lugar que le corresponde.
La de 1917 es motivo de orgullo para juristas y académicos, porque crea las bases de un Estado social, dándole por primera vez el rango constitucional a las garantías sociales.
Este proceso histórico nacional fue consecuente con los paradigmas del mundo occidental, particularmente con el Estado social de derecho, que estuvo en consonancia con los principios del keynesianismo y del desarrollo social de casi todos los países democráticos.
Sin embargo, al derrumbarse el socialismo soviético, perdió fuerza el proyecto del Estado de bienestar y se regresó a las viejas teorías de la economía liberal, nacidas de los principios teóricos que fundamentó Adam Smith.
Surgieron nuevos pensadores, que incluso estuvieron en México desde los años cuarenta, y se inició un proyecto que hoy conocemos como neoliberal desde las ideas de Von Hayek y de Von Mises, que puso en práctica el gobierno de la Gran Bretaña con Margaret Thatcher, y en Estados Unidos el pensamiento económico del grupo de Chicago, encabezado por Milton Friedman y auspiciado por el presidente Ronald Reagan.
Los paradigmas de la economía social cambiaron radicalmente frente a la teoría que le da más fuerza al mercado que al Estado; los organismos internacionales públicos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y otros, impusieron a raja tabla estos principios, utilizando —como arma de presión— la exagerada deuda de los países emergentes.
México no fue la excepción, sólo que esta nueva forma de ver la economía y el Estado choca con la Constitución, que no ha sido modificada en su totalidad, sino simplemente reformada a través de una serie de cambios desde hace más de 20 años, produciendo una Carta Magna parchada y contradictoria, que no es congruente con la política económica neoliberal, y que tampoco ha permitido el avance del Estado social de derecho.
En estas condiciones nos acercamos al aniversario número 100 de nuestra Constitución política con problemas ideológicos, entrecruzados e incoherentes, de la propia Carta Magna; esto no nos permite avanzar ni en un sentido ni en otro.
Por eso, es necesario reflexionar hacia el futuro, ¿qué queremos como nación? ¿Cuál es la teoría económica constitucional? ¿Es el Estado —como lo señala el artículo 25— el rector del desarrollo y de la economía? ¿Está la legislación laboral y agraria —de carácter clasista y parcial— a favor de los intereses sociales?
O bien, ¿debe desaparecer este modelo de desarrollo para ingresar a plenitud en un capitalismo abierto y cruel, que mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza y a un 0.01% en la opulencia insultante?