Carlos Ángel Arrieta
El senador del PRI Omar Fayad Meneses fue aplastado por la plataforma que quería criminalizar. Las redes sociales, las páginas web y los sistemas de comunicación por internet pulverizaron la “ley mordaza” que se ha ganado el nombre del imprudente legislador.
Fayad no se ha dado cuenta -o vive en la época de las cavernas- que pretender criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red y las plataformas sociodigitales, incluidas aquellas utilizadas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades, era una imprudencia.
El sueño guajiro de Omar Fayad no es más que una solicitud de “alguien” a muy altos niveles de la esfera política que no midieron las consecuencias y fue justamente la movilización en los ciberespacios los que han acabado con la trayectoria política –si es que le quedaba alguna- del legislador.
Criminalizar la libertad de expresión en esta época, es como pretender ingresar a un cráter lleno de lava y salir con vida. El viejo PRI debe entender que ya no existen murallas, y menos cibernautas, que detengan a multitudes.
Pero que errática decisión querer callar el sentir y pensar de los millones y millones de mexicanos y que el presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad en la Cámara Alta no haya tenido si quiera el valor de entrarle a una iniciativa de ley para que se reforzara el combate de delitos cometidos en la red, como la pornografía infantil, el secuestro virtual, la extorsión e incluso la trata de personas.
Le dio miedo a Fayad. No quiso abordar un tema en el cual muchos, pero muchos personajes de la vida pública que tal vez conoce muy bien podían salir raspados. Eso no lo hace un delincuente, claro, pero sí un cómplice por omisión.
El pretender impulsar una ley mordaza, solo habla de la pobreza política que quiere, a como dé lugar, vulnerar los derechos fundamentales de los mexicanos y sin la más estricta técnica penal para tipificar delitos aún no reconocidos en México, como lo señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Vaya, osada decisión de Omar Fayad. Amedi se le fue con todo al legislador y no le dio tregua; lo hizo pedazos y evidenció su ignorancia ante un tema tan vulnerable y necesario en este nuevo México, la libertad de expresión.
Tal parece que l@s legislador@s del Congreso de la Unión actuales están más preocupad@s por lo que se diga de ell@s informalmente, lo que se ventile de ell@s y lo que no pueden detener como una avalancha de hielo, que por darle vida a la transparencia y rendición de cuentas de la clase política.
Justamente la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, publicó recientemente con el respaldo de más organizaciones las ocho preocupaciones fundamentales de la Ley General de Transparencia aprobada en febrero del 2014.
Entre los cuestionamientos están las sanciones que limitan el derecho de acceso a la información que incluye la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados.
La indefinición de la presunción de “generar daño” permite numerosas interpretaciones que fomentan la indeterminación e imprecisión de los argumentos legales.
Y justamente, el ciberespacio se ha convertido en eso, en una ventana de expresión, de denuncia y de exigencia para informar y ser informados; es decir, lo que no quisieron garantizar en una superflua ley, se ha generado de manera inevitable en las redes sociales principalmente.
De esta forma, es injustificable, reprobable y condenable la actitud de un sujeto o de quien/es están de tras de esta maquiavélica propuesta que como se señala renglones arriba, fue o fueron aplastados por los núcleos en medios de comunicación que querían criminalizar.
Si cambia o no la propuesta de ley, si la reconsidera o la modifica en su totalidad será una nimiedad comparada con la escalada social que se ha volcado en su contra.