Entrevista a Aleida Calleja | Expresidenta de la AMEDI

 

Nora Rodríguez Aceves

Los legisladores que están pidiendo la prórroga del apagón analógico son muy irresponsables porque ni siquiera han presentado ningún tipo de estudio que determine cuáles serán los impactos, por tanto están siendo obsequiosos con Televisa, empresa a la cual sólo le preocupa el rating, no tanto los pobres, pues con el rating pone sus tarifas a los anunciantes de publicidad comercial; entonces es un episodio más de los tantos que hemos vivido en el país de parte de las televisoras, especialmente de Televisa, por impedir el apagón analógico porque eso le implica mayor competencia, afirma Aleida Calleja, expresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

“Piensan que la única solución es aplazar el apagón, no están viendo el problema integral, cómo realmente se resuelve que tengamos toda la cobertura; ahí hay un problema de visión, no se trata nada más de aplazar; hay que ver el efecto dominó que significa, porque aplazar no dará el resto de las soluciones por sí solas, hay que tener responsabilidad en eso.”

Cabe recordar que el pasado 21 de octubre, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, señaló, en una entrevista con Grupo Radio Fórmula, que “veía complicadísimo y bien difícil, concretar la transición de lo analógico a lo digital en televisión abierta, y que más allá de querer boicotear el proceso, la empresa defendía el derecho a la televisión abierta de millones de personas en el país”.

Propuesta de ampliación del plazo

Las reacciones por parte de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión no se hicieron esperar, ya que al siguiente día, el 22 de octubre, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentó ante el Pleno, a través del senador Zoé Robledo Aburto, una propuesta para que se amplíe hasta el 30 de junio de 2016 el plazo para que culmine la Transición Digital Terrestre.

Esto es, dijo el legislador, con el objetivo de “tener un balance entre la seguridad de que nadie se quede sin el derecho a la información —vía televisión— y otros derechos, pero también para que continúe otro proceso fundamental, que es la liberalización de la banda de los 700 Megahertz”.

En la iniciativa, signada por los perredistas Robledo Aburto y Miguel Barbosa Huerta, se especifica una reforma al párrafo tercero del artículo 5 transitorio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política.

En cuanto a la propuesta de reencender la señal análoga en los estados donde ya se efectuó el apagón, el perredista dijo que “representaría un gran gasto de recursos públicos, inconveniente en la actual época de austeridad”.

Ese mismo día, los senadores del PAN formalizaron su petición de posponer el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016, a través de una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

Con la propuesta presentada por el senador Javier Lozano Alarcón, el objetivo es que este proceso ocurra en una sola fecha en el ámbito nacional y no mediante apagones secuenciales o paulatinos. Además de que “es necesario generar las condiciones óptimas para lograr una transición a la televisión digital terrestre ordenada, transparente, eficaz y sin que esta migración implique una sensible afectación a las familias mexicanas que menos tienen por el cese de las transmisiones de señales de televisión analógica”.

El senador panista consideró “indispensable que no se realicen entregas de equipos receptores o decodificadores de señales digitales durante el periodo que inicia el 1 de enero de 2016 y concluye el 30 de junio de 2016, a fin de garantizar equidad en el proceso electoral que se realizará el año próximo”.

Frente a este escenario de modificar el marco jurídico, la especialista en temas de libertad de expresión, derecho a la información, marcos legales de radiodifusión y estándares internacionales en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, África y Asia, explica que por eso desde la reforma constitucional de 2013 en telecomunicaciones y radiodifusión, el artículo 5 transitorio dispuso que el apagón debería hacerse en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de 2015, “porque ya las televisoras habían puesto tantas piedras para obstaculizar el apagón que los partidos decidieron ponerlo en la Constitución para que no hubiera nuevamente otra estrategia de las televisoras para impedirlo. Aunque queda muy poco tiempo realmente, porque lo que se tiene que hacer es cambiar la Constitución, y el 15 de diciembre termina el periodo de sesiones ordinarias —y hay que recordar que tiene que pasar por las dos Cámaras y luego por los congresos estatales—, en realidad estamos contra el tiempo, pero sería muy irresponsable atrasarlo más allá del primer trimestre del siguiente año”.

Políticas mal diseñadas

Aleida Calleja explica en entrevista exclusiva para Siempre! que, aunque todos los apagones analógicos en función de la experiencia internacional han tenido ciertos tropiezos, ninguno ha llegado al 100 por ciento, incluso ahora mismo la televisión analógica no tiene una cobertura al 100 por ciento tampoco, y eso que tiene 60 años, el asunto con el apagón analógico es que hay varios problemas, el primero de ellos viene del mal diseño de la política que así se estableció, no en la reforma constitucional, sino en la ley secundaria de telecomunicaciones y de radiodifusión; un error fue que en lugar de tener un diagnóstico de un padrón como se hizo en Tijuana en el programa piloto, se hizo con el padrón de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social); otro gran error fue haberle quitado al Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones) —que antes lo hacía la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones)— la entrega de codificadores, y pasársela a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); otra mala decisión fue dar televisores, que encareció muchísimo el programa y que no hubo racionalidad alguna para entregarlos, en lugar de decodificadores. Con decodificadores hubiera sido mucho más fácil cumplir las metas de cobertura universal.

Asimismo, el retraso del apagón analógico también impacta otros proyectos que son de muy importantes para el país. El primero de ellos es que se retrasaría muchísimo más la implementación de la red mayorista compartida para dar mejor y mayor conectividad al país, desde la banda de 700 Megahertz, que tendría que cubrir al otro 50 por ciento de la población que está desconectada, que no tiene acceso a Internet, que ya lleva dos años de retraso por culpa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además de que “sería una barrera de entrada muy importante para la nueva televisión digital para lo que será la tercera cadena nacional de televisión, que estaría en franca desventaja frente a las actuales televisoras porque no tiene señales analógicas, sólo digitales, y no podrá ganar audiencia mientras se aplace el apagón, al mismo tiempo que se desincentiva la licitación de las 123 frecuencias de televisión digital que quedaron desiertas en marzo de este año, con lo cual se reduce la posibilidad de tener contenidos diversos y la competencia”.

En términos monetarios, agrega que “suponiendo que la inversión que se debe dar para que opere la red compartida es de siete mil millones de dólares, ésa es la pérdida que estás teniendo; es una muy mala señal para los inversionistas, porque qué inversor extranjero querrá invertir en un país donde se cambia la Constitución a modo de un particular, es gravísimo”.

Aleida Calleja apunta que la única vez que se retrasó fue en el programa piloto de Tijuana que fue antes de la reforma, en mayo de 2012, donde nuevamente las instituciones del Estado funcionaron como ariete, pues en ese tiempo fue el Instituto Federal Electoral, so pretexto de las elecciones a gobernador en el estado, quien pidió que se aplace, cuando todo el mundo ya sabía que se iba a dar el apagón, que incluso el Instituto Electoral de Baja California le había contestado a la Cofetel que no había problema, pero se volvieron a mover los intereses de la televisora y, ¡qué horror!, cómo se iba a quedar la población sin ver las campañas electorales.

Algunas poblaciones quedarán sin señal

“No hay que caer en el juego de las televisoras de manera tan brutal, entonces en lo que tenemos que estar pensando y lo que le tenemos que estar exigiendo al gobierno es, uno: dame las cifras exactas, y dos: cuál es tu plan para cubrir todas aquellas poblaciones o aquellas personas que se quedarán sin la señal. Es grave que se queden sin señal de televisión, sin duda, pero es más grave —desde mi perspectiva— retrasar la banda del 700 que permitirá la conexión al otro 50 por ciento de la población desconectada”.

En ese mismo tenor, comenta que el grupo ganador de la licitación de la tercera cadena nacional de televisión “podría hacer las acciones legales que considere necesarias en términos de las pérdidas o de las afectaciones que puede tener debido a que no entre directamente en enero de 2016 porque no se haya hecho el apagón analógico”.

Esto es, que puede demandar al Estado —se le plantea a la entrevistada, a lo que responde—: “de alguna manera sí, porque hay un compromiso del Estado, hay un compromiso constitucional de terminar el 31 de diciembre; eso lo sabían perfectamente todos, incluyendo los medios públicos. Que las televisoras públicas vayan ahora a pedir recursos a la Cámara de Diputados, cuando desde hace dos años sabían que la fecha estaba establecida, a mí me parece una responsabilidad mayor”.

Lo advertimos desde hace mucho

Pero a todo esto hay que agregarle el tema electoral, ya que en 2016 hay elecciones en 13 estados de la república; “ése es otro problema que hemos tenido, que al programa se le dio también un uso electorero, entonces hay un problema de diseño que es real, hay un mal uso, una mala implementación por parte de la SCT y eso es lo que están aprovechando las televisoras. Pero seamos realistas, ¿cuánta gente se quedará sin señal?, y sobre ese universo cierto tendríamos que estar pensado en las alternativas de solución, no en estar posponiendo el apagón, sino cómo se hará la cobertura para esa población más pobre, en lugar de estar dando televisores deberían ya de estar dando decodificadores; lo advertimos desde hace tiempo, lo advertimos desde hace mucho tiempo, pero hicieron oídos sordos”.

Todo esto “lo advertimos en su momento, que no se estaba haciendo una campaña desde la Cofetel, una campaña como debe ser, entre la población; todo lo que nosotros diagnosticamos se está cumpliendo; ahora lo que queda es: uno, exigir que la autoridad nos deje claras las cifras, y dos, exigir que la autoridad nos diga qué es lo que hará; pero lo que no se puede hacer es cambiar la Constitución al contentillo de una televisora, eso sí es gravísimo, porque una prórroga no debería de ir más allá de un mes, dos meses, por lo mucho. Aplazarlo hasta junio o hasta diciembre de 2016 tendría impactos económicos, técnicos y de todo tipo, muy fuertes para el país”.