Juan Carlos Romero Hicks*
La inserción de México al mercado global es una realidad. Cerca de 400 mil millones de dólares anuales de exportaciones con destino a más de 50 países, o el aumento de tratados comerciales son prueba de que el país se consolida como actor clave en la economía mundial.
En este contexto de internacionalización económica, la educación superior no se ha transformado al ritmo que debiera. El sistema educativo universitario se caracteriza por su desintegración, se sustenta en una Ley con casi 40 años de vida y con pocos cambios. México no forma universitarios para enfrentar el reto, no contamos con una agenda integral para modernizar, internacionalizar y transformar este nivel educativo.
Rezagos en la educación básica, malos resultados en las pruebas internacionales y la demanda de cobertura en Educación Media Superior, han sido el foco de la agenda educativa del país. Esta realidad no puede, sin embargo, ser la causa del abandono de la discusión y la construcción de una política que transforme las universidades para enfrentar el mercado global del siglo XXI.
Debemos preguntarnos si queremos profesionistas con visiones locales y desarticuladas, o si queremos dar el salto a un sistema universitario que forme personas completas, abiertas al mundo, con altas capacidades técnicas y de aprendizaje.
Esta tarea debe darse al menos en cuatro líneas de acción:
Institucional: existen esfuerzos de varias universidades por conectarse con el mundo, varias de ellas con oficinas de internacionalización, firmando convenios de intercambio de alumnos, docentes y personal administrativo en distintos países.
Sin embargo, son esfuerzos particulares. Muchas universidades e institutos tecnológicos no cuentan con una agenda de modernización o internacionalización en ninguno de los aspectos que se requieren, por lo que es necesario que las autoridades educativas creen incentivos y una política que acompañe a todos en este camino.
Jurídica: La Ley General de Educación ignora este nivel educativo. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978 es anacrónica e inútil, no considera aspectos clave para que el sistema universitario compita a nivel global. Se requiere un nuevo andamiaje jurídico que contemple la acreditación de programas, revisión del modelo vigente de reconocimiento de validez oficial de estudios, evaluación, revalidaciones nacionales o internacionales, movilidad académica, investigación, vinculación de instituciones con la sociedad, innovación, ciencia y tecnología, entre muchas otras.
Duele decirlo pero un graduado de una licenciatura de vanguardia en otro país, por ejemplo, licenciatura en manejo del cambio climático o ingeniería nano electrónica no puede conseguir una cédula profesional por la anacrónica regulación en la materia.
Movilidad: es de reconocerse el esfuerzo del Foro Bilateral Sobre Educación Superior Innovación e Investigación (FOBESII) y el programa Proyecta, que pretende alcanzar 100 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos, pero no puede ser nuestra única estrategia. Tampoco las becas CONACYT son suficientes para cubrir la necesidad de movilidad que México requiere.
Debemos ser innovadores: si no tenemos recursos para enviar a los alumnos a las mejores universidades, enfoquemos nuestras baterías en traer y mandar a los docentes, hacer convenios para llevar cursos transfronterizos de manera virtual, compartir agendas de investigación y traer extensiones universitarias de todo el mundo.
Diplomática: es una buena idea poner la mirada en Europa, pensar que podemos hacer las reformas necesarias para solicitar ser incluidos en el Acuerdo de Bolonia, no debemos quedarnos sólo en acuerdos de reconocimiento muto de titulaciones y grados académicos.
El fondo del asunto es contar con una política de Estado que busque universidades abiertas y conectadas al mundo, competitivas en las ligas internacionales y preparar de manera integral a una generación para enfrentar los retos del tercer milenio.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
@JCRomeroHicks