Manuel Nava
Acapulco.- Después de que durante la tarde del miércoles 11 de noviembre estudiantes de Ayotzinapa y del FUNPEG tomaron una pipa de combustible y seis autobuses de pasajeros y fueron interceptados por policías del estado cuando se dirigían hacia el plantel en Tixtla. Las movilizaciones anunciadas para rechazar la evaluación del magisterio y demandar la derogación de la reforma educativa, se precipitaron y una nueva espiral de inconformidad social se vislumbra en el corto plazo para la entidad.
Florencio Salazar Adame, secretario de gobierno aseguró que no hay jóvenes desaparecidos como los señalan los maestros cetegistas y algunos normalistas. El saldo fue de ocho heridos y 13 normalistas detenidos los cuales fueron entregados a la Comisión Estatal de Los derechos Humanos. Los estudiantes fueron revisados por un médico legista.
Debe señalarse que aun cuando dicho grupo de estudiantes fue detenido en flagrancia al apropiarse de un vehículo que portaba al menos 34 mil litros de combustible, que pretendieron internar en las instalaciones de la normal de Ayotzinapa y debió remitirse al ministerio público, la decisión gubernamental evitó aplicar cualquier tipo de sanción como lo marca la ley.
Las organizaciones pertenecientes a la Red de Alerta Temprana manifestaron su preocupación y solicitaron la intervención urgente de las autoridades federales por la detención de al menos 10 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa por parte de elementos de la policía estatal y del ejército, así como la desaparición de por lo menos 30 estudiantes y 20 más heridos y demandaron:
I Se proporcione el nombre de los estudiantes detenidos y el lugar al que fueron trasladados y se garantice su seguridad física y psicológica
II La presentación con vida y en buenas condiciones de los estudiantes víctimas de desaparición forzada, ya que se desconoce su suerte y su paradero
III Se brinden los servicios médicos de urgencia a los estudiantes heridos y se garantice la seguridad jurídica de todos ellos, ya que de acuerdo a las informaciones varios de los estudiantes quedaron tirados en el suelo sangrando, sin que se permitiera que recibieran atención médica, por lo que tememos por su estado de salud actual.
La mañana del 12 de noviembre, aproximadamente 300 estudiantes de la normal femenil Adolfo Viguri Viguri y de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA), pertenecientes al Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), marcharon por las calles de la capital para protestar contra la represión ocurrida ayer contra sus compañeros de Ayotzinapa.
Los hechos
Cerca de las 5 de la tarde del 11 de noviembre, los normalistas, todos estudiantes, tomaron una pipa de combustible y seis autobuses, que utilizarían el próximo 26 de noviembre, para participar en la Acción Global por Ayotzinapa.
En el libramiento Chilpancingo-Tixtla, a unos metros de los túneles, se dio el primer choque entre los policías y los normalistas, quienes se defendieron con piedras de la persecución de los uniformados, los cuales les lanzaron gas lacrimógeno y destrozaron las ventanas de los dos autobuses en los viajan los jóvenes, los cuales quedaron abandonados en ese punto.
Los policías sometieron a los normalistas a unos metros de la caseta de cobro de Tixtla. Ahí, los jóvenes descendieron de los autobuses y lanzaron piedras hacia los uniformados, además de que se cubrieron el rostro para protegerse del gas lacrimógeno.
Un convoy de cinco patrullas de la Policía Estatal trasladó, desde la caseta de cobro de Tixtla hasta las instalaciones de la Codehum a los 13 normalistas, seis de ellos estaban heridos y uno de ellos tenía fracturadas ambas manos, pero no se precisó quiénes eran los lesionados.
A la Codehum llegaron a manifestarse integrantes del FUNPEG, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora y del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), quienes portaban carteles en los que se leyó: “Otra vez fue el Estado, ¿a esto le llaman orden y paz?”.
Debe señalarse que previamente a estos hechos, Carlos Botello Barrera, integrante de la comisión política de la CETEG convocó a los integrantes del magisterio guerrerense para que los días 14 y 15 de noviembre se concentren y organicen para impedir el desarrollo de las evaluaciones y convocó a estudiantes y padres de familia, para que se unan a la lucha contra la reforma educativa, la cual en contra de la educación laica y gratuita. “Con esta reforma, nosotros nos hemos visto en la necesidad de continuar impulsando acciones en contra, que para nosotros es punitiva”.
Ante estos anuncios, José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación, informó que es casi un hecho que se pospondrá la evaluación del desempeño de los maestros en Guerrero, que programó para dichas fechas el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ya que para aplicarlo se tiene de plazo hasta el 13 de diciembre; y es posible que se lleve a cabo en el Estado de México.
Antonia Morales Vélez, integrante de la Comisión Política, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora declaró que pese a que se posponga la aplicación de la evaluación este fin de semana y se busque una sede fuera del estado, el magisterio disidente se manifestará e impedirá el examen.
Sin importar en dónde se aplique el examen, la CETEG protestará e impedirá que se lleve a cabo, “si ya están buscando (las autoridades) un lugar fuera del estado, que lo hagan, que se vaya de Guerrero José Luis González”, insistió la dirigente.
Denunció que el secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Hilario Ruiz Estrada, coadyuvó para que se implementara en Guerrero la evaluación del desempeño y mal usó las cuotas sindicales de los maestros, las cuáles pidió sean devueltas de manera íntegra. Denunció que una maestra, a quien identificó como Mayra, e hija de Ruiz Estrada, hostigó a trabajadores y les ofreció pagarles viáticos para que se presenten a la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente.
Desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, del 11 de noviembre, los cetegistas tomaron la Subsecretaría de Educación Básica y la Subsecretaría de Administración y Finanzas, conocida como la Casa Blanca; además de oficinas alternas de la Subsecretaría de Educación Básica, ubicadas en la colonia Tribuna Nacional; el departamento de Profesiones y Servicios Sociales, la Dirección General de Escalafón Mixta, el Programa de Educación a Distancia y las oficinas de educación preescolar.
La noche de ese mismo día, 400 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y Sindicato Único del Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon por la avenida Costera para exigir la abrogación de la reforma educativa y demandaron seguridad para los docentes.
Héctor Astudillo, gobernador de la entidad, compartió la postura de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el sentido de que los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez son los responsables del alto nivel de homicidios e inseguridad en Guerrero.
Al ser cuestionado sobre los asesinatos ocurridos en lo que va de su administración y la ola de violencia que priva en la entidad solamente dijo: “Es lo que encontré y es lo que estoy encontrando, un estado con una violencia muy marcada, por supuesto que el hecho de que yo llegara a ser gobernador no quería decir que automáticamente se iba a parar todo, yo creo que son las consecuencias de lo que vengo observando”.