Entrevista a Humberto Guerrero | Miembro de Fundar
Moisés Castillo
La presión de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y del movimiento ciudadano #SinCuotasNiCuates tuvo efectos para que el senador priista Raúl Cervantes Andrade no fuera considerado en la terna del Ejecutivo federal para ocupar uno de los dos espacios vacantes en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte).
Sin embargo, la polémica revivió por los candidatos a ministros que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República para llenar los lugares que se abrirán desde el próximo 30 de noviembre, al terminar los periodos de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. ¿La autonomía judicial está en riesgo en caso de que no se elijan perfiles con méritos?
Personajes controvertidos
La controversia cae sobre Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual procurador del Estado de México, quien no ha dado resultados para combatir los feminicidios en la entidad y mintió sobre el caso Tlatlaya.
Gómez Sánchez fue el encargado de presentar y defender la primera versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. Durante las indagatorias afirmó que no existían indicios sobre algún tipo de alteración de la escena en donde presuntamente fueron ejecutados, de manera extrajudicial, 22 civiles.
Meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares, contradiciendo así lo dicho en su momento por el procurador mexiquense.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez se desempeñó como subprocurador jurídico en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de la entidad, y posteriormente se convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal.
Otra candidatura cuestionada es la de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle. Durante su periodo como jueza en materia penal durante 2011, fue investigada por la Procuraduría General de la República por supuestos delitos contra la administración de la justicia, por liberar a Osvaldo Sauceda Guerra, acusado de lavado de dinero, cuando Estados Unidos pedía su extradición.
Además está el nombre de Álvaro Castro Estrada. En 2010, tras una serie de declaraciones por parte del entonces ombdusman nacional Raúl Plascencia, sobre la supuesta inacción de la Secretaría del Trabajo respecto al accidente de la mina Pasta de Conchos, tuvo que abandonar la Subsecretaría del Trabajo por presiones del Senado. Más tarde, el presidente Felipe Calderón lo convirtió en presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Hay que recordar que la primera terna que envió el presidente Peña Nieto está integrada sólo por mujeres: Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle, todas magistradas. La segunda terna está formada por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y por Javier Laynez Potisek, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los senadores tienen 20 días para procesar ambas ternas y tener listo el nombramiento de los dos ministros antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.
El artículo 95 de la Constitución señala que para ser ministro de la Corte se necesita gozar de buena reputación. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Mal mensaje
Para Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el proceso de designación de los ministros confirma el temor de que entren perfiles más alineados o aliados con el Poder Ejecutivo.
“Las posturas progresistas que hay en la Corte pueden quedarse aisladas o minimizadas ante la llegada de perfiles grises. Es lo que genera el sistema cerrado como el que tenemos. La Corte pierde esta autonomía y la posibilidad de ser el último espacio real de defensa de los ciudadanos para la protección de sus derechos”.
¿Qué le parecen las dos ternas que envió Enrique Peña Nieto al Senado?
El primer elemento que llama la atención es la falta de información sobre los perfiles de las personas que han sido presentadas en las ternas. Como una valoración general, estamos frente a perfiles bastante grises, parcos. Es muy claro que en el caso de la terna integrada por mujeres domina un elemento técnico. Han sido funcionarias judiciales, se han formado en la carrera judicial, dos casos en el Poder Judicial Federal y el otro en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En la terna integrada por hombres, ahí veo contrastes. Llama la atención la postulación del procurador del Estado de México, vinculado al caso Tlatlaya, quien negó la magnitud de los hechos. Sorprende lo parco de los perfiles, la falta de información, cuando justo estamos en un momento en donde se requieren perfiles muy contundentes, en cuanto a una vocación de protección de derechos humanos y democrática. México tiene una crisis de derechos humanos y el antecedente en la designación de ministros se llama Eduardo Medina Mora. Es un personaje no con un perfil gris sino con un perfil oscuro en cuanto a violaciones a derechos humanos.
¿Cuál es la señal que envía el Ejecutivo federal al proponer precisamente a Alejandro Jaime Gómez, procurador mexiquense?
Sin duda, es un mal mensaje que se impulsen perfiles de estas características. Manda un mensaje de que no se busca fortalecer a la Corte en esta perspectiva de protección de derechos. El mensaje es de querer tener cierto control sobre decisiones y discusiones que se den en el interior de la Corte. Esto, inevitablemente, nos lleva al escenario de reformar la Constitución para modificar el proceso de designación de los ministros, es algo que el Senado se ha comprometido a cambiar próximamente. Como mínimo, en el actual proceso que no permite transparencia y participación efectiva de la sociedad civil, esperábamos que Peña Nieto expresara sus razones y justificaciones del porqué impulsar a estos perfiles ante este vacío de información que existe sobre la trayectoria de cada una de las personas.
En el caso de los candidatos, que tienen una carrera judicial, revisar cuál fue el sentido de sus fallos, es algo que de oficio tendría que hacer el Ejecutivo federal, realizar una exposición de motivos que lo llevaron a conformar estas ternas. Sobre todo en este contexto donde sí se puede ver amenazada la vocación protectora de derechos de la Corte.
No hay fórmula mágica
¿Cuál sería el procedimiento adecuado para designar a los ministros de la Corte?
Una fórmula mágica no existe, pero en lo que sí podríamos estar de acuerdo es en quitarle al Ejecutivo federal esa facultad de que proponga las ternas. Explorar experiencias internacionales, por ejemplo, en donde se forman cuerpos colegiados que tengan representatividad tanto del Congreso como de la sociedad civil. Un cuerpo colegiado que sea quien genere, en primer lugar, las ternas, análisis de perfil con criterios muy claros, con audiencias públicas, con la posibilidad de cuestionar a cada uno de los candidatos. Pueden existir diversas fórmulas, pero lo que se tiene que hacer es quitarla esa facultad al presidente de la república para que otros actores más allá del Ejecutivo y Legislativo puedan participar en la evaluación de los perfiles.
¿Existen riesgos de que la Corte pierda autonomía y eficacia frente al Ejecutivo con estas ternas?
Sí. Justo el problema es el sistema que tenemos, donde el control sobre la decisión recae en el Ejecutivo y en un Senado cuya representatividad está en entredicho: ¿realmente vela por los intereses de la ciudadanía? Justo el riesgo es que se generen pactos entre los poderes y a su vez cooptar a la Corte, frenarla en un desarrollo jurisprudencial que, con sus vaivenes, dio muestras de que está dispuesta y abierta a tener ciertos debates progresistas en cuanto a la protección de derechos. Esto se puede ver amenazado si la correlación de poderes en el interior de la Corte comienza a cargarse más a una postura condescendiente hacia el Ejecutivo.
Último recurso
¿Cuál es el papel que debe desempeñar la Corte ante el descrédito de la clase política e instituciones endebles?
La Corte es la que tendría la última oportunidad de hacer un balance de poderes, siempre tendrá sus limitaciones porque se refiere a casos, depende de que la gente recurra a instancias judiciales para lograr el camino judicial y al final de cuentas sus pronunciamientos pueden generar efectos generales, es una posibilidad. Se vuelve el último recurso para generar contrapesos reales de las decisiones de los otros dos poderes. La función de la Corte, en muchos de los casos que se le presentan, está justo en poder ser un contrapeso verdadero que corrija injusticias y desigualdades. Por ejemplo, toda la avalancha de casos que se están generando a partir de la reforma energética, donde hay disputas fuertes sobre territorio, recursos naturales. Es un tema de desigualdad, y justo requerimos de una Suprema Corte que esté dispuesta a asumir ese rol y analizar ese tipo de casos con una perspectiva de derechos.
¿Cómo superar el debate de la “cuota de género” en este tipo de nombramientos? ¿La designación no debería ser única y exclusivamente por trayectoria profesional, capacidades, méritos?
Lo que debemos hacer es llevar el debate más allá de la cuota de género. Es decir, no es que esté mal que haya una perspectiva de género en este proceso de designación, pero una perspectiva de género implica que haya una cuota de género, que el perfil de las personas que vayan a llegar al pleno de la Corte tengan los conocimientos, la experiencia de haber aplicado estándares de perspectiva de género en su trayectoria judicial.