2016 y 2018
Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a las personas por el sólo hecho de serlo. En la portentosa Declaración Universal de los Derechos Humanos se advierte que su desconocimiento ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y ha obligado a ejercer el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
En la Carta de San Francisco, instrumento fundacional de la ONU, se plasmó expresamente la fe irrevocable de las naciones en los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de las personas. Análogamente, en la Carta de Bogotá, texto primigenio de la OEA, se estableció la proclamación de los derechos fundamentales de las personas como uno de los principios basales de la organización.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada por la asamblea general de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, refuerza esa visión estratégica. Ahí se indica que la promoción y respeto a los derechos humanos es condición primordial para la existencia de una sociedad democrática, y que la democracia, a su vez, es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales.
Todo ello permite apreciar que más allá de su evidente importancia jurídica, los derechos humanos sin lugar a dudas constituyen un asunto de la mayor relevancia política. Nuestras autoridades no lo perciben así.
Las evasivas, el disimulo, el doble discurso y el linchamiento mediático han sido la respuesta oficial ante los fuertes señalamientos formulados por el Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Relator contra la Tortura y el Relator contra las Ejecuciones Sumarias.
Tales órganos internacionales no han escatimado palabras en su afán de hacer notar que al menos existen cuatro gravísimas patologías humanitarias a la que el gobierno mexicano no ha querido hacer frente en forma contundente: I) el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y la programación de su regreso a los cuarteles, II) el trágico saldo de las más de 26 mil personas desaparecidas y las más de 100 mil vidas humanas segadas durante la guerra antinarco, III) la falta de voluntad política para discernir la verdad en torno a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, IV) el imperio de la tortura en las actuaciones de los militares y las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Estos reclamos supranacionales no cesarán. Por el contrario, irán escalando más y más y ello pondrá en un severo aprieto la imagen de Peña Nieto, jefe del Estado mexicano y cabeza visible del partido en el poder que disputará las gubernaturas y demás posiciones políticas que estarán en juego en el 2016.
Así pues, de no haber un giro estratégico, un verdadero golpe de timón, la vertiente internacional de los derechos humanos serán el factor estratégico de las próximas elecciones, incluyendo la contienda presidencial