Dinero público y publicidad electoral
Las leyes son reglas impuestas por un conjunto de
políticos, en un lugar determinado, en un momento preciso, y
¿hay qué esperar que las leyes hagan justicia?
Anónimo
Carlos Alberto Pérez Cuevas
El debate se centra estos días en si es legal, valido o lícito para los dirigentes de los partidos políticos del país usar dinero público para aparecer en spots televisivos o de radio; en el caso de los funcionarios públicos está claro que es violatorio de ley y prohibido por el artículo 134 Constitucional para todos los órdenes de gobierno: municipal, estatal y nacional y los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos.
La legislación, como siempre, tiene una gran cantidad de lagunas y vacíos que son aprovechados. Es el caso de la exposición mediática de los dirigentes del PAN y de Morena, Ricardo Anaya y Andres Manuel Lopez Obrador.
Es cierto que ambos dirigentes usan recursos públicos para promover su imagen, pero también es cierto que no violan la ley, y aclaro que no estoy haciendo una defensa de su actuar, estoy expresando en análisis un hecho concreto y real, sus actos no son ilegales porque la reforma constitucional se quedó corta y no previó especificamente a los partidos políticos.
Para que la ley fuera efectiva debió de prohibir de manera integral a todos los entes que reciben recursos públicos indistintamente de su denominación o situación dentro del espectro público o privado, a publicitarse de manera personalizada. Esos vacíos permiten a los dirigentes partidistas a usar recursos publicos sin violar la ley, simple y llanamente porque no está expresado en la ley, aunque en esencia se encuentren en el mismo supuesto que los funcionarios públicos con la prohibición del artículo 134 constitucional.
Originalmente el problema estuvo en regular y sobrerregular de manera apresurada y con destinatario específico en 2007 por la participación de organizaciones de la sociedad civil con spots en la campaña presidencial de 2006, incluso se legisló violando el derecho fundamental de libre expresión; en 2013 la reforma intentaba controlar a los gobernadores para que dejaran de intervenir en los procesos electorales locales. Niguna de estas reformas funcionó; por el contrario, trajeron mas problemas: uso desmedido de recursos públicos y componendas en el mercado negro, violaciones sistemáticas a la ley y contabilidades paralelas de partidos y candidatos, millones de spots en tiempo del Estado que lograron el hartazgo ciudadano, compra de espacios de televisión disfrazadas de cápsulas informativas.
A los ciudadanos nos tratan como si fueramos infantes y no pudiéramos tomar una decisión; no debemos de permitirlo; debemos exigir para los procesos electorales y el manejo de los recursos públicos y privados en el futuro, que exista la total transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y destino de esos recurso y leyes que funcionen igual para todos.
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