Los derechos de las audiencias
A través de la imposición de la estrategia anulatoria del derecho de réplica por los partidos políticos dominantes en el Congreso de la Unión, la partidocracia generó las siguientes consecuencias político comunicativas para la sociedad mexicana en el siglo XXI:
- La instauración de dicha política pública restrictiva sobre la réplica marcó el límite máximo que anuncia hasta dónde el Estado mexicano está dispuesto a respetar los derechos de las audiencias plasmados en la Constitución Política Mexicana: las garantías comunicativas de los públicos no deben rebasar su simple posición de receptores y consumidores pasivos, pues lo contrario, considerarlos como ciudadanos, incomoda al mercado y al Estado. Ello debido a que el reconocimiento real de dichos derechos se convierte en un obstáculo para que, por una parte, opere la dinámica del mercado salvaje desregulado sin mayores obstáculos civiles; y por otra parte, para que se garantice eficientemente el funcionamiento del modelo de gobernabilidad autoritario que se pretende imponer al país por los poderes fácticos mediáticos, el gobierno en turno, y los partidos políticos dominantes para regresar al viejo modelo de la dictadura perfecta que parcialmente se había superado con la transición pacífica a la democracia.
- En el mediano y largo plazo, dicha negativa jurídico política para negar la respuesta ciudadana colaborará a incrementar el coraje, la incredulidad y ausencia de confianza de la sociedad civil en las instituciones privadas y públicas, pues cada vez más, los pobladores nos sentiremos más asfixiados, abusados y no representados por los meta poderes públicos modernizadores, especialmente mediáticos; sin contar con algún recurso efectivo de diálogo civilizado con éstos. Todo ello, contribuirá a abonar la profundización del clima de descomposición y violencia social que reina en la sociedad y que tanto daño ha causado a la república.
- Con el establecimiento de dicha estrategia jurídica hermética que evitó que los ciudadanos ejercieran su derecho de respuesta dentro de la misma programación de las industrias electrónicas, el Estado orilló a que la ciudadanía calumniada, desprestigiada, humillada, manipulada, denigrada, etc. por la información transmitida irresponsablemente por los medios electrónicos, recurra al nuevo espacio público cibernético de Internet para desde allí defender su honra. Esto generará el ejercicio de un derecho de réplica paralelo que se ejecutará a través de las redes sociales, poniendo en entredicho por ineficaz el orden jurídico formal sobre el mismo que elaboraron los partidos políticos. Ante ello, surge el cuestionamiento: ¿para qué pagamos la sociedad civil la costosísima existencia y mantenimiento de los actuales partidos políticos, si éstos no nos resguardan de los abusos de los poderes fácticos mediáticos y las audiencias tenemos que defendernos solos en el ciberespacio con las herramientas autónomas que únicamente nos aporta Internet y las redes sociales?
- Dicha estrategia anulatoria debilitó severamente el desarrollo de la democracia en México, pues acorraló las libertades de expresión, de información y de comunicación, al no contar con el ejercicio real de la réplica. De esta forma, se incorporó en el país un proyecto comunicativo, equivalente a una mini segunda Ley Televisa modernizada que impidió el avance civilizatorio del prototipo de comunicación plural, abierto, incluyente y dialógico en la república, y con ello, el progreso de la transición pacífica a la democracia nacional.
- A lo largo de la historia de la comunicación nacional, una vez más, se confirmó que el Estado mexicano no está dispuesto a otorgar los derechos comunicativos más elementales de los auditorios, pues incomodan a los concesionarios monopólicos de la radiodifusión que se mueven con la lógica del mercado salvaje para obtener las máximas ganancias, a costa de lo que sea; y no con base en la lógica del servicio público que les ha asignado la Constitución Política y que es el prototipo de comunicación que necesita apremiantemente la sociedad mexicana para coexistir de manera pacífica. Ello demostró que en materia de garantías comunicativas elementales en el siglo XXI estamos ante un Estado mexicano fallido que no acepta los derechos comunicativos para la mayoría de la población, y no ante un Estado republicano comprometido con la defensa comunicativa de las audiencias, de la democracia y de la libertad de expresión.
- Contrariamente al lema propagandístico central que durante muchos meses difundió el nuevo gobierno del PRI para justificar que con las reformas estructurales de tercera generación que se realizaron “!México se mueve hacia adelante¡”, la decisión gubernamental de negar el derecho de respuesta canceló la veracidad de tal campaña, pues lo que realmente se demostró fue la inmovilización comunicativa de los auditorios para escudarse frente a la violencia simbólica de las industrias electrónicas y no el fomento de sus garantías comunicativas elementales para dinamizar su participación en el espacio público mediático.
- Finalmente, después de esperar civilizadamente más de nueve décadas en el ámbito de la radiodifusión, de nuevo la política comunicativa de Estado negó la naturaleza de este derecho básico como garantía constitucional que forma parte de la esencia del “ser ciudadano” moderno en la república, y que, por lo mismo, está más allá de las misericordias, espontaneidades, socorros, dádivas o migajas coyunturales que concedan los concesionarios mediáticos a los habitantes en momentos de su conveniencia. Por consiguiente, debido a todo lo anterior, en términos comunicativos, en pleno tercer milenio, en el ámbito comunicativo en México los ciudadanos no somos ciudadanos, pues no contamos con una verdadera capacidad real de respuesta en el espacio público mediático de la nación, ya que el Estado decidió que continuemos siendo siervos de los poderes fácticos mediáticos y de la partidocracia que han dominado la historia moderna nacional desde hace muchas décadas. Hay que recordar que una característica fundamental de los esclavos ha sido el no poder responder a sus amos.
Frente a dicha realidad son diversas las acciones que la sociedad puede realizar para rescatar su garantía constitucional del derecho de respuesta. Por ello, en el marco histórico de nuestra muy frágil democracia la sociedad mexicana debe realizar, entre otras, las siguientes cuatro acciones para conquistar dicha garantía comunicativa:
- Los ciudadanos organizados deben exigirle públicamente al Estado que le regrese su derecho de respuesta, que una vez más le fue arrebatado por los poderes fácticos mediáticos y la partidocracia que los apoya.
- Es necesario que como parte de los derechos de las audiencias el IFETEL establezca lineamientos rigurosos que sirvan como contrapesos normativos para defender el derecho de respuesta de los ciudadanos que no incluyó la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica aprobada por el Congreso en octubre de 2015.
- Es indispensable que los sectores legislativos de oposición en el Congreso establezcan una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia para que, basados en los argumentos anteriores, se anule tal normatividad contraria a las necesidades comunicativas de las comunidades nacionales.
- Finalmente, es prioritario que en el ámbito del derecho de réplica la sociedad civil, y no los sectores empresariales ni los partidos políticos, precisen los elementos político jurídicos básicos que deben considerarse para que las audiencias puedan ejercer su garantía de respuesta, y con ello se cumpla el espíritu y la letra ya plasmada en la Constitución Política Mexicana y en los diversos acuerdos internacionales firmados por México en dicha materia. De lo contrario, se continuará ejerciendo en el espacio público mediático de la nación un simple proceso de información masiva cerrado, unilateral, concentrado, mercantilista, discrecional, déspota y autoritario; pero ahora disfrazado de comunicación colectiva moderna, avanzada, democrática, e incluso posmoderna, con sus respectivas consecuencias unidireccionales y asfixiantes para las comunidades nacionales.
Es necesario remarcar que sin derecho de respuesta no existe ciudadanía, Estado moderno y democracia plena; sino mero sometimiento a la impunidad ilimitada del poder, ante lo cual la sociedad ha expresado de múltiples formas que ¡ya basta! Si no se le permite responder a los ciudadanos por las vías institucionalizadas y civilizadas que señala la Constitución Política Mexicana, la población buscará que se le escuche con los métodos del México bronco que han ensangrentado otras etapas de la historia nacional y el único responsable de ello será la partidocracia negligente instalada en el Congreso de la Unión.