El movimiento solidario para lograr la igualdad de género que promueve la organización no gubernamental He For She, alcanzó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrados asumieron compromisos con la campaña que cobija la Organización de las Naciones Unidas
La propuesta nace a partir de la defensa que los hombres hacen de las mujeres contra la violencia de género, en el entendido de que es una cuestión de derechos humanos básicos, y a partir de ahí, alcanzar la disputada igualdad que tanto reclaman las feministas y las no tanto.
He For She ha logrado convencer a más de 16 mil 324 hombres de la nobleza de su objetivo y, bajo el cobijo de la ONU, busca romper barreras desde la institucionalidad de dependencias y otras instancias de gobierno.
En este marco el Tribunal Electoral hace público su compromiso por una sociedad igualitaria como base de una sociedad de derechos, y con la mira puesta en cuestiones político-electorales.
Uno de los magistrados del tribunal ponderó cómo en México, en el orden estrictamente jurisdiccional, la participación de las mujeres en política ha obligado a los partidos a dar cabida efectiva en el ejercicio pleno de sus derechos de votar y ser votadas a cargos de elección popular, como una medida obligada.
Si bien la perspectiva igualitaria se incluyó en la reforma constitucional, al garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas a diputaciones federales y locales, la importancia del trabajo que realiza He For She es mayor, al promover la concientización social, y al ponderar que la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres no es una asignatura que corresponda sólo a las mujeres.
El magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, resaltó en su intervención que existe un aspecto de la vida pública en el cual la discriminación contra la mujer adquiere su faceta más cruel: la falta de readaptación social de las mujeres en prisión, ya sea por prisión preventiva o por la compurgación de penas.
Ese ámbito de la vida social hoy impone la implementación de una irrenunciable garantía a su favor por todas las autoridades del Estado; la desigualdad se mantiene porque siguen siendo afectadas en la medida que no se logran tutelar sus derechos políticos, como el de votar, lo que es “indispensable de ser asegurado en una sociedad de derechos”, lo que en la práctica no se ejerce en México.
Convertir la violencia contra las mujeres en delitos, son grandes avances y noticias, pero falta mucho.
Ana Güemez, representante de la ONU Mujeres en México, reconoció la ampliación de los derechos de las mujeres en los marcos jurídicos, pero coincide con que se tiene que llegar al 2030 con un planeta 50-50, ampliando oportunidades y aumentando la participación en todos los procesos de desarrollo.
Esta es una meta no solo de México sino de todos los países en América Latina y El Caribe, los que suscribieron en su momento la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y han sido pioneros en adoptar la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En el mundo más de 560 mil hombres defienden los derechos de las mujeres. La adhesión a la campaña por parte de organismos e instituciones como el Tribunal fortalece y legitima aún más ese derecho constitucional de luchar por las garantías con las que nacemos, y que a lo largo de nuestra vida llegamos a perder, aunque tarde, pareciera que México camina en el rumbo correcto.
