Deslinde oficioso
Raúl Jiménez Vázquez
La actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deriva causalmente de una serie de actos jurídicos suscritos por representantes del gobierno federal. El primero de ellos es el acuerdo de asistencia técnica para la investigación de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, firmado con la OEA el 12 de noviembre del 2014, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de la medida cautelar 409-14, emanada de la resolución 28/2014, de fecha 3 de octubre del 2014, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a la denuncia interpuesta por los padres de familia de los estudiantes y requirió al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las víctimas, incluyendo la determinación de su paradero.
En dicho acuerdo de voluntad se convino la creación del GIEI y se le confirió un mandato específico para llevar a cabo, entre otras funciones, la elaboración de planes de búsqueda en vida de los estudiantes, la evaluación de las líneas de investigación y el desempeño del papel de coadyuvante en la indagatoria penal.
Como se sabe, en el informe final del Grupo de Expertos se puso en un severo entredicho la conclusión básica de la indagatoria oficial, según la cual la “verdad histórica de los hechos” se redujo a la supuesta ejecución e incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula.
Dicho reporte fue avalado plenamente por la Comisión Interamericana, a raíz de lo cual el 19 de octubre del 2015 el Estado mexicano y el GIEI suscribieron un acuerdo constante de diez compromisos básicos para dar seguimiento al trabajo sobre el caso Ayotzinapa. Derivado de lo anterior, el pleno de la Comisión decidió prorrogar por seis meses el mandato del GIEI.
A la luz de ese encadenamiento de actos avalados por el derecho internacional que el gobierno federal ha aceptado sin condición alguna, es claro que el trabajo del GIEI tiene pleno sustento jurídico y total legitimidad interamericana.
Por ello, llama poderosamente la atención la postura asumida dentro del informe rendido por Los Pinos a la Cámara de Diputados en respuesta a diversas preguntas parlamentarias, donde se asegura que el Ejército no intervino durante la negra noche de Iguala en virtud de que no hubo una petición de apoyo de las autoridades civiles.
Tal aseveración implica un deslinde oficioso, una exoneración anticipada de los efectivos castrenses y la instalación de un muro de contención al señalamiento hecho por los expertos interamericanos en el sentido de que en distintos momentos del ataque a los muchachos participaron como observadores y agresores policías municipales, policías ministeriales, policías federales, policías militares, miembros del área de inteligencia militar y efectivos del 27 batallón de infantería.
Esta incongruencia presidencial no abona, sino todo lo contrario, entorpece el encuentro con la verdad y la justicia inherentes a un acto de barbarie que conmocionó y enlutó a muchos sectores de la humanidad.