Acapulco.- Guerrero termina el año de las misma manera en que transcurrió el 2015, entre crisis. Deja un saldo de instituciones en el descrédito y sin capacidad para para instaurar el estado de derecho.
La violencia, bien por causas socio-políticas o por el narcotráfico, fue el signo distintivo del ciclo de doce meses que está por concluir. Cierre de negocios y de escuelas con motivo de la inseguridad, constituyen denuncias reiteradas.
Los hechos recientes, evidenciaron que las autoridades carecen de información oportuna y adecuada o bien se pretende minimizarla en aras de ponderar un relativo éxito de los operativos policiacos.
Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco, señaló que la violencia debe ser reconocida por las sociedad y las autoridades “por más dura y cruel” que sea. Señaló que admitir la “dolorosa crisis” de la entidad, entre la violencia y la corrupción, es necesario para el proceso de construcción de paz.
“No mirar con objetividad la realidad que se vive a diario y negar a las víctimas de la inseguridad y la violencia, no favorece a la construcción de la paz”, insistió en un comunicado.
“Y es que esconder y disimular o negar la violencia agrava la crisis humanitaria que vivimos. Revela la disfuncionalidad de las instituciones y la incapacidad de realizar estrategias”, indicó el religioso.
Aunque lo mencionó, el caso más reciente fue 17 de diciembre cuando Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, negó el hallazgo de 19 cuerpos en el Chichihualco, municipio de Leonardo Guerra en Guerrero, reportada por autoridades un par de días antes.
Después, el mandatario estatal explicó que recibió una llamada del delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), José Juan Monroy García, quien le confirmó que efectivamente esa dependencia federal ya tiene en sus manos la investigación del hallazgo de los cuerpos, aunque no precisó la cantidad.
A consecuencia del hecho, Melquiades Olmedo Montes, tuvo que renunciar a la titularidad de protección civil. En entrevista con un medio nacional, el funcionario estatal dio a conocer información que no turnó con anterioridad al gobernador. En una carta, Olmedo Montes agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores, la invitación a participar en su administración estatal.
Después, dijo que el apoyo prestado a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR), estuvo en el marco del expediente AP/PGR/SDHPDSC.
“Fue otorgado para establecer un sistema de poleas, a fin de recuperar restos óseos, no dirigí, no estuve presente en el lugar, ni participé en el levantamiento de los cuerpos porque no había la seguridad de que se hallarán cadáveres”. Difundió en redes sociales y aclaró que su argumento no pretende liberarlo de alguna responsabilidad.
Al día siguiente de que fue ejecutado Filiberto Corraltitlan Yectli, director de Tránsito del ayuntamiento de Zitlala, cerca de la comunidad de Las Trancas, y después de que el alcalde priista Roberto Zapoteco Castro exigió la ayuda de los gobiernos estatal y federal ante la escalada de la violencia. Los cuerpos de cuatro hombres degollados y desollados fueron encontrados el 21 de diciembre en un tramo carretero entre las comunidades de Aquixtla y Tonalapa, en Zitlala, en Guerrero.
En otro hecho, el mismo 21 de diciembre fue encontrado un hombre asesinado a balazos cerca del río Ajolotero en el municipio de Chilapa.
Esto justamente a menos de un mes de la conferencia que dieron en México Héctor Astudillo, gobernador del estado y Evodio Velázquez, indicando que el operativo federal de seguridad estaba arrojando resultados.
Pero hay otra contradicción el 17 de diciembre, El Congreso de Guerrero informó que dejó sin efectos la licencia por tiempo indefinido que separaba a Erick Ulises Ramírez Crespo de la alcaldía de Cocula después de que fue absuelto por la PGR de cualquier vínculo con el cártel de Guerreros Unidos.
Ramírez Crespo fue detenido el pasado 29 de octubre en compañía de Adán Zenén Casarrubias Salgado, líder de los Guerreros Unidos. Entonces la directiva estatal y municipal del PRD se deslindó del alcalde y en esta ocasión, como un “aquí no ha pasado nada” respaldaron al político.
En su momento Celestino Cesáreo Guzmán, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, manifestó que su partido no “meterá las manos al fuego” por el alcalde de Cocula, Eric Ulises Ramírez Crespo, detenido por militares y policías federales en Morelos, junto a Adán Zenén Casarrubias Salgado, líder de la organización criminal Guerreros Unidos.
En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD se pronunció a favor de las acciones de las autoridades federales en el combate de los grupos delincuenciales “de alto impacto”, y pidió una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial sobre las presuntas responsabilidades de los detenidos.
El 16 de diciembre César Miguel Peñaloza Santana, ex alcalde de Cocula, Guerrero, fue aprehendido en Iguala por el Ejército y la Policía Federal por su presunta relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
En diciembre de 2014, la Procuraduría General de la República detuvo al edil a partir de la investigación que inició por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Guillermo Baltazar y Jiménez, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros Tamaulipas, determinó que la PGR no aportó las pruebas suficientes para ordenar la captura de Peñaloza Santana, por lo que quedó libre.
En octubre de 2014, Miguel Peñaloza afirmó que el grupo criminal Guerreros Unidos nunca ha actuado en Cocula. “Nosotros nunca recibimos una denuncia o una queja sobre este grupo en el municipio”.
Empleados, familiares y amigos del alcalde de Cocula, César Miguel Peñalosa Santana, realizaron una marcha al día siguiente para solicitar su liberación inmediata, pues permanece detenido en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. Dijeron que el ex edil no tiene vínculos con la delincuencia organizada, como sostiene la Procuraduría General de la República.