Otra vez Duarte. Cual proyector cinematográfico trabado que regresa siempre la película al mismo punto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha dado de qué hablar y, de nueva cuenta, la noticia cimbró la vida social y política de ese puerto mexicano venido a menos en los últimos años.
La notica de cómo un grupo de personas de la tercera edad fue “contenida” a golpes, gritos y agresiones por la policía local, conmocionó al país y a muchos ojos ajenos, allende las fronteras, que señalaron con el dedito acusador, la política de represión del gobierno veracruzano.
Las gráficas que acompañaron la noticia que corrió por el mundo, especialmente en redes sociales, dobló al grueso de la población.
Dolieron, y mucho, los rostros sangrantes, las miradas llorosas, asustadas, de esas personas que lo único que pedían era el pago de su pensión. Extrabajadores que dieron su vida entera en una fuente laboral, que merecen el pago mensual que reciben, sólo reclamaban eso: justicia.
Y a cambio de ese justo reclamo recibieron toletazos eléctricos, mentadas de madre, empujones y golpes que, en más de algún caso, pusieron en riesgo su vida misma.
Los “valientes” policías expusieron su vida y su integridad para contener al grupo de ancianos que pedían atención al gobierno de uno de los ejecutivos más cuestionados en la vida e historia de Veracruz: Javier Duarte.
El grito de “no violencia” que clamaron los demandantes se perdió en el vacío; la pacífica marcha derivada de su molestia tras recibir como pago de sus pensiones y jubilaciones sendos cheques gubernamentales sin fondos, se convirtió en minutos en una batalla campal donde no es difícil advertir quiénes fueron los perdedores… los golpes y las heridas, todavía les duelen.
Hay quienes afirman que el gobernador Javier Duarte ha perdido la razón.
Lo dicen sus gobernados y a esa reflexión se suman otras voces, políticas, como el diputado local Ricardo Ahued Bardahuil, quien, a punto de las lágrimas, reclamó un “castigo ejemplar” para quienes dieron la orden y permitieron el violento desalojo de los abuelitos inscritos en el Instituto de Pensiones del Estado, instalados en el primer cuadro de la capital veracruzana, luego de tres días de manifestaciones pacíficas.
Para él y otros legisladores, el acto de barbarie cometido es “vergonzoso e imperdonable”. Más allá de eso, es un acto que atenta contra las premisas nacionales e internacionales que en materia de derechos humanos se promueven e impulsan.
Pareciera que la violencia y la intolerancia se han convertido en el sello de casa del gobierno de Duarte, aplicado lo mismo a periodistas que a ediles y a grupos sociales inconformes con su política o bien con cualquiera que reclama públicamente por las injusticias cometidas.