Como parte del programa de combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública le echó el ojo a poco más de un centenar de funcionarios públicos de ésta y otras administraciones públicas pasadas, señalados por el delito de enriquecimiento ilícito. Aquí el problema es ¿quién vigila al vigilante?…
Virgilio Andrade, titular de la dependencia, cacaraqueó el huevo como si fuera el del ganso de oro; en un país donde la corrupción ocupa casi un tanto del Producto Interno Bruto, la realidad es que esos 100 presuntos servidores públicos deshonestos son nada frente a la altísima nómina que guardan los gobiernos federal y estataes tanto en oficinas centrales como en las cientos de dependencias que operan en todo el país.
A los exfuncionarios que son investigados, aunque en el ámbito administrativo ya feneció el delito, éste sigue vigente en el ámbito penal y por ello siguen vigentes.
Y si bien se le llenó la boca para anunciar lo anterior, Virgilio Andrade, advirtió que no dará a conocer los nombres de los susodichos ni de sus cómplices, con el objeto de no entorpecer la investigación que se lleva a cabo.
Si lo que pretendía el servidor público con el anuncio de los 100 corruptos era llamar la atención; lo logró, aunque fuera temporalmente.
Habla de corruptos y de cómplices que son investigados por enriquecimiento ilícito, con averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas a partir de las denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República.
La preocupación crece entre los exservidores públicos de confianza de sexenios pasados, porque si pensaban que ya la habían “brincado”, no sucedió así. En lo administrativo, sí; en lo penal, no, por eso la repentina rezadera, aprovechando el espíritu católico que rejuveneció en México a partir del anuncio de la próxima visita del Papa argentino, Francisco I.
Y aunque no quiere soltar nombres de los que están en la mira de esa golpeada dependencia de gobierno, sí soltó algunos nombres de personajes de la función pública que han sido encontrados culpables de delitos similares en el último año, como el titular de Exportadora de Sal, Jorge Humberto López Portillo; el de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes de Oca y del Puerto Topolobampo, Javier Tovar Jácome, por decir algunos.
La SFP ha salpicado algunos otros datos importantes, como las sanciones aplicadas en los últimos tres años a funcionarios que han cometido alguna irregularidad, que superan los 5 mil 492 millones de pesos; en ese periodo se presentaron 38 mil 774 multas a 29 mil 510 burócratas.
Los actos de corrupción son como los secretos a voces de los pequeños pueblos mexicanos, todos saben que se cometen, todos saben quiénes lo cometen y todos guardan el silencio cómplice que hoy tiene a nuestro país situado entre las naciones más corruptas del mundo. El dicho popular es aplicable aquí: “crea fama y échate a dormir”.