La reticencia de las autoridades municipales para asumir en el mismo nivel el modelo de Policía Estatal Única, podrá ser superada gracias al acuerdo que tomaron los gobernador mexicanos convocados por la Conferencia Nacional de Gobernadores.
En la propuesta que han planteado los mandatarios integrados en un frente común en el tema, la pretensión es elevar a rango constitucional la Policía Única en todas las entidades federativas; la propuesta deja a salvo una guardia administrativa local para que atiendan el bando municipal en respeto de su autonomía.
El hecho es importante toda vez que esa reticencia de algunas autoridades municipales contra la implementación del modelo, radica principalmente en el aspecto económico y la pérdida de la autonomía de las autoridades básicas; de ahí la negativa a aceptarlo.
Esa oposición, de algunos que no de la mayoría, llegaba a generar grandes confrontaciones entre las autoridades estatales que en algunos estados han llegado al grado de la casi amenaza; y alcaldes convencidos de que no es el camino correcto, aunque luego se rediman, tal fue el caso del gran Cuauh Blanco, el alcalde de Cuernavaca que ha protagonizado coloquiales discusiones con el gobernador Graco Ramírez a causa de ese tema, lo cierto es que la inseguridad en Morelos colapsa a todos sus niveles de gobierno y requiere de medidas más determinantes.
En Michoacán, por ejemplo, el ejecutivo llegó a la advertencia-amenaza a los presidentes municipales, cuando les dijo que al no aceptar el Mando Unificado prácticamente quedarían en la orfandad y con problemas jurídicos al no cumplir con las disposiciones de la evaluación y la certificación de sus elementos policiacos.
La insistencia de la Federación y las autoridades para desplegar la estrategia policial tiene su razón de ser: en los hechos se ha demostrado que, en materia de seguridad, el nivel de gobierno más vulnerable a los actos de corrupción, a la presión y el embate del crimen organizado es precisamente el de los ayuntamientos. De ahí la urgencia y la necesidad de cambiar de fondo las cosas.
Los alcaldes por su parte se niegan a perder autonomía y la administración de los recursos que desde la Federación y los estados reciben en el tema de la seguridad; y es que con el Mando Policial Unificado continúan percibiendo esos dineros pero ya no los pueden gastar ellos: el manejo pasa a manos de los estados y los alcaldes sólo avalan facturas. De ahí parte del desencuentro.
Los gobernadores mexicanos, evidentemente avalados por la Federación, han encontrado la salida jurídica que ocupan para que la Policía Única deje de ser una mera opción en cambios de gobierno, y garantizar así la seguridad en sus entidades, al tener un solo mando policiaco pero respetando las particularidades de cada entidad.
Los gobernadores han planteado que al fusionar los cuerpos policiacos, tanto de investigación como de prevención, así como los cuerpos policiacos que existen en los municipios, este nuevo cuerpo de seguridad quedará separado de lo que son las policías administrativas municipales.
El planteamiento ya está avanzado con los senadores y ahora buscarán que la iniciativa sea analizada y discutida por el Legislativo. El proceso que se anticipa es largo, la Policía Única no entrará en funciones de un día para otro, pero las bases ya fueron asentadas y el marco jurídico para constitucionalizarla, es ya un hecho.