Cerca de 4 millones de inmigrantes latinoamericanos con hijos nacidos en Estados Unidos y que no tengan antecedentes criminales, podrían no ser deportados si la suprema corte de justicia norteamericana valida la orden ejecutiva del presidente Barack Obama.
Nueve jueces revisarán —a partir de hoy 19 de enero y hasta junio de este año— la orden ejecutiva de Obama proclamada en noviembre de 2014 y rechazada por miembros republicanos del congreso norteamericano ya que fue considerado una acción autoritaria y unilateral ya que el congreso es el único facultado para legislar al respecto.
Las órdenes ejecutivas del presidente son facultades extraordinarias del poder ejecutivo y forman parte de una estrategia en el sistema democrático de los Estados Unidos que le permiten balancear los pesos y contrapesos en la promulgación de las leyes.
Uno de los planes centrales de la administración del presidente Obama —por terminar en enero de 2017—es el tema de la reforma migratoria. Las iniciativas en esta materia han sido completamente bloqueadas o bien, aplazadas por el congreso norteamericano motivo por el cual, el presidente Obama tomó la decisión de usar sus poderes extraordinarios facultados por la constitución.
Si la corte legisla a favor de Obama, el plan de inmigración será válido solamente hasta que termine su administración en enero de 2017 y corresponderá al próximo presidente de los Estados Unidos decidir si se mantiene vigente o no.
El Economista (España) oag