Por los caminos del sur
Acapulco.- Durante lo que ha transcurrido del primer mes del 2016, grupos de autodefensas han brotados en diversas poblaciones de la entidad, particularmente de la región norte del estado.
La condición de inseguridad es el argumento para la multiplicación de los grupos civiles armados. En el contexto, vienen creciendo las diferencias en torno al Mando Único Policial y amagos en otras ciudades de recurrir a las autodefensas ante la ola creciente de inseguridad.
En Acapulco, el asesinato de choferes del transporte y tortilleros implicó las amenazas por parte de ambos gremios de armarse ante los resultados en materia de seguridad. Esos grupos armados derivarían en autodefensas.
A la par surgió la versión de que sería derogada la ley 701, bajo la cual se amparan algunas policías comunitarias con lo cual también se pretende amarrar el Mando único policial.
Hace unos días surgió en Teloloapan un grupo de autodefensa, también con pobladores de Tianquizolco, San Francisco Lagunita, Apetlanca, y Cuetzalita de la Reforma, pertenecientes al municipio de Cuetzala del Progreso.
Héctor Astudillo Flores, gobernador de la entidad, aseguró que mientras se conduzcan “en buen plan”, dará la bienvenida a los grupos de autodefensa pero que lo ideal sería que se formalizaran.
En ese contexto surgió el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón. Los comunitarios dan cobertura a Telolopan, Apaxtla, y Cuetzala del Progreso.
El domingo 18 de enero marcharon en Teloloapan, para exhibir su fuerza compuesta por unos 400 policías comunitarios.
También durante la primera semana del año, surgió la versión de que sería derogada la ley 701 que permite la formación de cuerpos de policía comunal.
Al iniciar el año, Marcos Matías Alonso, ex diputado federal y asesor en la Cámara de Diputados en el tema de los pueblos originarios, advirtió que el Congreso local prepara una consulta para reformar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que puede ser una trampa para anularla.
El ex diputado, informó que durante la última semana del 2015, hubo una reunión con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, el perredista Osiel Hugar García Trujillo, donde se informó la intención de abrir un proceso de consulta para reformar la legislación.
Al respecto Héctor Astudillo Flores, gobernador de la entidad, negó que tenga algún interés de derogar la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El mandatario informó que se requiere de “varios cientos de millones” de pesos para liquidar al 84 por ciento de los policías de Guerrero que no aprobaron la certificación, pero aseguró que su plan es “recuperar a los que más se pueda”.
El 5 de enero. Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), llamó a los diputados del Congreso local para que se rehúsen a modificar la Ley 701, pues según su versión, la modificación sólo ayudaría a hundir en la cárcel a luchadores sociales como Nestora Salgado García, cuya lucha y acciones se basaron en ese ordenamiento.
A su juicio, modificar la Ley 701, es una manera de retroceder en los logros y avances que se han obtenido, porque esa norma tutela la identidad de los pueblos originarios y los ampara en la creación de policías comunitarias que buscan defender a los pobladores en estos tiempos violentos.
Por su parte María de Jesús Cisneros Martínez, diputada de MORENA, anunció un recorrido los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del presente mes por las comunidades indígenas asentadas en los municipios de San Luis Acatlán, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Marquelia, con el objetivo de informar el estado que guarda la Ley 701 que defiende los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La reforma a la Constitución del Estado de Guerrero, aprobada en abril de 2013, dejó establecido en sus artículos Tercero y Cuarto Transitorios, el mandato de adecuación de todas las leyes de rango constitucional en un periodo no mayor de veinticuatro meses, mientras tanto durante dos años tales disposiciones conservarían su vigencia y aplicación. Dichos transitorios textualmente establecen lo siguiente:
TERCERO.- El Congreso del Estado de Guerrero, deberá aprobar y reformar, en un plazo no mayor de veinticuatro meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales.
CUARTO.- En tanto se realizarán las reformas correspondientes que se deriven de esta Constitución, las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia y aplicación.”
Cisneros Martínez dijo que la ley 701 es reglamentaria al artículo 10 de la Constitución del estado, que fue derogado tras la reforma constitucional del 2014, por ello, dijo, que el pasado 29 de octubre presentó una propuesta de reforma al artículo 1 de la ley 701, para que esta sea considerada ley reglamentaria de los artículos del 8 al 14, y así mantenga su vigencia, pero que su iniciativa fue rechazada por la Comisión de Asuntos Indígenas.
“Con base en estas disposiciones transitorias vamos advertir a los pueblos y comunidades indígenas de las omisiones en las que ha incurrido esta y la pasada Legislatura al incumplir con la adecuación de esta ley de los 24 meses que ordena, el artículo 3”, indicó.
Por su parte, Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) de San Luis Acatlán acordaron con Martínez Cisneros que realizarán movilizaciones para exigir al Congreso del estado se mantenga vigente la ley 701.
El 14 de enero, Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), de las dos fracciones, las que encabezan Ramos Reyes Guerrero y Antonia Morales Vélez, marcharon para exigir la cancelación de la reforma educativa y la cancelación de la segunda etapa de la evaluación educativa a la que consideran punitiva, la presentación con vida de los 43 normalista desparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, la liberación de todos los presos políticos y que no se derogue la Ley 701 que da certeza jurídica a los pueblos indígenas en cuestiones de seguridad y autonomía.
Guerrero se ha vuelto un lugar atractivo para la siembra de mariguana y amapola blanca, así como la producción de heroína. Algunas estimaciones señalan que alrededor de 60 por ciento de la siembra de amapola del país, corresponde a Guerrero, concentrada en las regiones Centro, Costa Grande, Tierra Caliente y La Montaña.
Desde 2012 Guerrero ocupa el nada honroso primer lugar en homicidios en el país. En la entidad la tasa de homicidios dolosos es de 55 por cada 100 mil habitantes, que es cuatro veces mayor que la correspondiente a la media nacional. La mitad de los actos ilícitos que se cometen en Guerrero son efectuados con la ayuda de un arma de fuego.
Guerrero ocupa el cuarto lugar en violencia intrafamiliar a en el ámbito nacional, con más de 2 mil 300 casos de violencia de género.