Noventa meses cumplidos y contando. Ese es el tiempo que ha pasado desde la desgracia de la “discoteca” New’s Divine, donde nueve jovencitos y tres policías perdieron la vida en una avalancha humana de más de medio millar de asustadas personas a causa de un fallido operativo de gobierno y hasta hoy, sólo una persona está detenida: el dueño del antrillo.
En una ejemplar decisión, quizás con el afán de que el nombre de sus hijos no quede en el olvido, los padres de los fallecidos y de quienes quedaron marcados física, mental y espiritualmente de por vida, decidieron montar Memorial New’s Divine un espacio con contenidos museográficos, que funciona a partir de este miércoles de 11:00 a 19:00 horas, en la ciudad de México.
Ahí, el mismo lugar de la tragedia, un antro de dos niveles que cobraba 25 pesos de cover a los estudiantes de la zona, fue transformado hasta convertirse en el espacio que cada familiar de los caídos quiso, uno donde los jóvenes encontrarán la trágica historia como un ejemplo de lo que no debe volver a suceder.
Será por igual, según dijeron los organizadores, un lugar para que los jóvenes se encuentren y encuentren opciones positivas para su vida.
Pero aunque la resignación a la pérdida haya llegado, incluso aunque el dolor haya germinado en lo que es hoy el Museo de New’s Divine, la injusticia sigue y mientras eso suceda, no puede haber paz ni aceptación y menos aún beneplácito por lo alcanzando.
La mano de la justicia debe mecer a cada uno de los padres, familiares y amigos de estos jóvenes; a sus amigos y a quienes, desafortunadamente, estuvieron presentes el 20 de junio del 2008, cuando Alfredo Maya, el propietario del bar gritó al micrófono que desalojaran el antrillo porque había operativo policiaco, detonando la avalancha humana que cobró las víctimas conocidas.
Fueron 12 muertos, nueve jóvenes entre 13 y 19 años, dos policías y un elemento judicial. Casi 600 personas apretujadas en un espacio que, idealmente, era para sólo 100 20 junio 2008. El grueso menores sin control, asustados por la palabra “policía”, que habían estado ingiriendo cerveza, bailando y conviviendo. Nadie debe olvidar eso.
Decenas de personas fueron convocadas a rendir declaración ante las autoridades, pero, salvo el mando policiaco que fue cesado de sus funciones, y la detención y encarcelamiento del propietario del lugar, nada más sucedió.
Esos hechos mantienen viva la inconformidad y el clamor de justicia. Por ello la decisión del gobierno local a cargo de Miguel Ángel Mancera, de destinar más de seis millones de pesos para que expertos internacionales lleven a cabo una nueva investigación y reconstrucción de hechos; para deslindar responsabilidades y por fin, hacer lo que debieron hacer desde hace 90 meses.
Lo sucedido ahí es uno de tantos ejemplos impunidad e injusticia, algo a lo que los mexicanos no nos terminamos de acostumbrar.
Siete años y media de la tragedia han transcurrido. A la mente llegan los recuerdos de la Guardería ABC, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de los muertos de Tlatlaya y Apatzingán, de los desaparecidos y secuestrados de Guerrero; de la barbarie de Morelos y las decenas de periodistas muertos por cumplir con su deber, y otros muchos casos más perdidos al paso del tiempo.