Exige un rediseño a fondo
En septiembre de 2014, policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El caso cimbró al país y sus repercusiones aún se sienten en la arena pública. No fue un incidente aislado, lamentablemente existen centenares de casos documentados de participación de policías en hechos delictivos.
La corrupción es sólo uno de los problemas. Salvo excepciones, las instituciones policiales en México están mal pagadas, entrenadas, organizadas y controladas. La distancia entre la policía y los ciudadanos se ha agrandado con el transcurso de los años.
Después de la tragedia de Iguala, el gobierno de la república reconoció el problema y puso en la mesa una propuesta: la eliminación de las 1800 instituciones municipales y su integración en 32 policías estatales únicas.
Sin embargo, la propuesta presidencial tiene múltiples deficiencias que la hacen inviable. Pide a los gobiernos municipales ceder sus policías y comprometerse a pagar un monto indeterminado a los gobiernos estatales por la función de seguridad pública. No es casual, por tanto, que la mayoría de los alcaldes del país se hayan manifestado en contra de la propuesta.
El propio gobierno reconoce esta inviabilidad. Ningún funcionario de peso la ha defendido vigorosamente. Incluso en su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por “reformas constitucionales para fortalecer las instituciones de seguridad públicas locales y redefinir el sistema de competencias en materia penal”, es decir, abrió la puerta para discutir alternativas.
Decir no a la iniciativa presentada por el Ejecutivo en materia de seguridad no equivale a decir no a la reforma policial o decir sí al statu quo. Entonces ¿qué reforma se necesita? Una que contemple por lo menos los siguientes elementos: la preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios, sujeto al cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia; la definición de estándares policiales nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera policial; la acreditación de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno como base de su permanencia, así como el establecimiento de un organismo certificador nacional con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías e intervenir (y eventualmente eliminar) instituciones incapaces de cumplir con normas mínimas.
También se requiere que esta reforma establezca el fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías; la institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio de dignificación y fortalecimiento de la carrera policial; la definición de un modelo presupuestal que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública.
Una reforma de esa naturaleza exige un rediseño a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia, debe tener como punto de arranque una reforma constitucional. Pero el cambio no puede detenerse allí. Es indispensable revisar buena parte del marco normativo en la materia, empezando con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También tiene que contemplar una transformación de los fondos de aportaciones y subsidios dedicados a la seguridad pública en las entidades federativas y los municipios.
En resumen, en esta propuesta de reforma policial profunda el centro del debate es la calidad de las policías, no su número. La pregunta esencial es cómo se gobiernan y cómo se organizan las policías, no quién manda sobre ellas.
Entre los elementos centrales de la reforma necesaria es que los municipios mantengan un rol fundamental en la seguridad pública; la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP); el establecimiento de esquemas de subrogación; de la obligatoriedad del control interno y la supervisión externa; la creación de un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal policial y de procuración de justicia.
La iniciativa propone el establecimiento de una nueva institución que otorgue cobertura de seguridad social a policías, agentes del ministerio público, peritos y demás personal de las instancias de seguridad pública, consolidando un régimen complementario al de derechos de los trabajadores del Estado. Asimismo, se fortalecen los derechos laborales de los policías y se garantiza su derecho de asociación.
Asimismo, modifica el papel de los órganos de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y sus conferencias nacionales temáticas (seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario) se convertirían en órganos deliberativos, donde se fijarían los grandes lineamientos de política pública, pero no intervienen en la operación cotidiana de las instituciones participantes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD en el
Senado de la República.