Momento de dar respuesta a los ciudadanos
Es momento de dar respuesta a los ciudadanos respecto a uno de los problemas que más nos preocupa: la inseguridad. Identifico en el gobierno federal y en los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la voluntad de avanzar en esta importante reforma.
Existen iniciativas presentadas y compromisos públicos en este tema por parte del gobierno federal, partidos políticos, legisladores y gobernadores, de modo tal que están dadas las condiciones para que la reforma en materia de seguridad pública sea una realidad en el actual periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, persiste en varios espacios de discusión una confusión entre lo que implica el mando único y la policía única.
El modelo de mando único supone que una parte o la totalidad de los policías municipales de una entidad federativa estén bajo el mando operativo del gobierno estatal. La transferencia de mando se realiza por convenios y los municipios pueden, en principio, ponerle fin a éstos. Al 15 de diciembre de 2015, el gobierno federal estimaba que 72% de los municipios del país (86% de la población) habían firmado alguna versión de estos convenios.
Dependiendo del tipo de convenio, es posible que los municipios: designen a las autoridades municipales de seguridad pública o que lo hagan de manera coordinada con el gobierno del estado; comisionen a la totalidad de sus elementos o sólo a una parte de éstos al esquema de mando único, y realicen todas las funciones de seguridad pública o sólo algunas en materia de tránsito, faltas administrativas y de prevención del delito.
El modelo de mando único no implica la disolución formal de las corporaciones municipales ni la desaparición de las atribuciones constitucionales de los municipios en materia de seguridad pública.
Persiste la relación laboral de los policías con sus respectivos ayuntamientos, incluyendo el pago de salarios y otras prestaciones. El gobierno del estado puede proveer capacitación y equipamiento adicional a los elementos municipales, pero no establece una relación laboral con éstos.
El municipio continúa siendo responsable de la administración de los recursos locales y federales que le son asignados para seguridad pública, aunque puede convenir que una parte de éstos los ejerza el gobierno del Estado — en cuyo caso se considera responsables a ambos para fines de reporte y auditoría. Sólo la Ciudad de México tiene lo que puede denominarse como una policía estatal única: sólo existen corporaciones estatales y no hay policías en las delegaciones.
Los modelos de mando único tienen tres objetivos principales: a) incrementar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y centralizar el diseño y ejecución de estrategias de seguridad pública. Algunos modelos de mando único otorgan un papel preponderante al gobierno federal —como es el caso en Baja California, Michoacán y Tamaulipas— mientras que otros buscan concentrar el mando en las autoridades estatales —como es el caso en Morelos y Nuevo León—; b) promover la homologación salarial y de capacidades de las corporaciones policiales, así como consolidar los procesos de depuración. Aunque la homologación está mandatada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los proponentes de los mandos únicos estiman que son un mejor mecanismo para lograrla. Lo mismo se argumenta respecto de la depuración de elementos por vía de la aplicación de controles de confianza; c) reducir la vulnerabilidad de las corporaciones municipales respecto de la infiltración del crimen organizado.
El mando único parte del supuesto —la mayor parte del tiempo implícito antes que explícito — de que las autoridades municipales son más vulnerables a las presiones o corrupción del crimen organizado.
En este momento no es posible determinar qué efecto ha tenido el modelo de mando único policial sobre la incidencia delictiva o sobre el nivel de desarrollo institucional de las policías del país. Existen una gran diversidad de tipos de mando único y la gran mayoría de éstos comenzaron a implementarse o consolidarse apenas en los últimos dos años; en el caso de Morelos, por ejemplo, fue hasta 2014 que la mayoría de los elementos municipales quedaron adscritos al mando único. Los modelos más antiguos, como el de Baja California y el de Nuevo León, tenían un alcance limitado y dependían en gran medida de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Existe evidencia de que la confianza en las policías, la percepción de inseguridad y la victimización no han mejorado en los últimos dos años en materia de seguridad pública nivel nacional.
Es posible que el mando único pueda cumplir con los objetivos que se ha trazado, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia que respalde sus resultados, por lo que sus supuestas ventajas deben considerarse aún como teóricas.
La crisis política y constitucional del mando único policial en Morelos probablemente obligará al Poder Judicial de la Federación a pronunciarse sobre los alcances legales de los convenios de mando único y la distribución de competencias en materia de seguridad pública.
A la fecha, existen propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad pública, presentadas por el Ejecutivo federal, por la fracción parlamentaria del PRI, por la fracción parlamentaria del PAN, por la fracción parlamentaria del PRD y por la fracción parlamentaria del PT, razón por la cual realice la convocatoria a los grupos parlamentarios en el Senado para que un plazo de 30 días, las comisiones y el pleno del Senado de la República aprueben el dictamen de las iniciativas mencionadas y poder con ello contribuir a generar el esquema legal que reclama nuestra sociedad en esta materia.
Coordinador parlamentario del PRD en el Senado.
@MBarbosaMX