Entrevista a Jahir Dabroy | Profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala | Exclusiva Siempre!
La semana pasada se llevó a cabo una cadena de sucesos que pasaron inadvertidos ante la marejada de noticias sobre la epidemia del virus zika, la guerra en Siria, Donald Trump y el papa Francisco.
El 2 de febrero se reunió la comisión internacional de las Naciones Unidas contra la impunidad de Guatemala —el organismo que derrocó al presidente guatemalteco Otto Pérez Molina— y convocó a un diálogo nacional para reformar el sistema de justicia.
Ese mismo día, México recibió una carta escrita por seis premios Nobel de la Paz alertando sobre los intentos del gobierno mexicano por deslegitimar la verdad en el caso Ayotzinapa propuesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instando al gobierno a aceptar la línea de investigación que este grupo realizó.
Recordemos que fue el propio gobierno mexicano quien hizo la petición de apoyo a la Corte Interamericano para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, motivo por el cual se aceptó el mandato del grupo de expertos.
Como en cascada, diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, encabezadas por Amnistía Internacional y el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, se han dedicado a denunciar fervorosamente la campaña de desprestigio contra el GIEI.
Dice parte de la carta: “El Grupo de Expertos necesita tener el pleno apoyo del gobierno de México para que pueda investigar (…) Con sólo tres meses restantes en el mandato del Grupo, el tiempo es crucial. Con este caso, el gobierno mexicano tiene una importante oportunidad para demostrar su compromiso con los derechos humanos; no hacerlo demostraría, una vez más, que en México sigue reinando la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
Por si fuera poco, el 5 de febrero, México anunció su apoyo a la iniciativa global del desminado de Colombia, un proyecto auspiciado por Estados Unidos, a petición del propio presidente colombiano Juan Manuel Santos. Esa misma semana también la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas abogó por una acción global contra los refugiados de Centroamérica.
Todos estos sucesos en apariencia desconectados apuntan hacia una estandarización de la lucha por los derechos humanos auspiciada desde los organismos internacionales, que ejercen cada vez más presión sobre el gobierno mexicano.
La cancillería mexicana ha realizado acciones de política exterior, como la petición del mandato del grupo de expertos y que podrían ser considerados los pasos previos al modelo guatemalteco, en donde la palabra “impunidad” es la clave.
“Guatemala es el primer experimento en el mundo por parte de Naciones Unidas por lo que ya es un modelo exportable”, aclaró en entrevista exclusiva para Siempre! Jahir Dabroy, profesor y maestro en análisis político de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ampliar el triángulo del norte
¿Hay presiones internacionales para exportar el modelo guatemalteco al mundo?
Hace poco estuvo el vicepresidente estadounidense Joe Biden y planteó la necesidad de poder ampliarlo al triángulo del norte —Honduras y El Salvador— motivo por el cual Estados Unidos estaría muy interesado en fomentarlo.
¿De dónde surgen los fondos de la comisión contra la impunidad?
La Comisión funciona con un fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo que es apoyado por donaciones internacionales y uno de los más importantes es Estados Unidos, a quien le interesa fomentar el Estado de derecho y el establecimiento de reglas en la región por lo que le apuesta en buena medida a que este tipo de entes pudieran surgir en la región.
¿Hay indicios de que en el triángulo del norte se pueda implementar?
En El Salvador y Honduras ya hay manifestaciones de la sociedad civil exigiendo que se instale una comisión similar de naciones unidas, e incluso ya se debaten hasta el nombre de dicho ente. Entonces realmente no estamos lejos de que esa experiencia pueda ser repetida.
La característica fundamental es el tema de la voluntad política porque como es un ente internacional con ciertas facultades con un territorio soberano tiene que contar con el aval de los tres poderes del Estado. En Guatemala, el aval fue el congreso de la república a petición del Ejecutivo.
¿Cómo fue el proceso de instauración de la Comisión en 2006?
Fue un proceso duro que llevó bastante tiempo de discusión, que si es o no constitucional, qué capacidades va a tener o sus límites. Pero sí había una fuerte presión social e internacional demandando que esa comisión se instalara.
En Guatemala la cooperación internacional es bastante fuerte aparte del apoyo de los Estados Unidos. A partir de allí hay un mandato específico de Naciones Unidas, un foro de discusión de Estados soberanos donde Guatemala presentó su petición como Estado que fue secundada por la Asamblea General.
¿Cuáles son los límites de la Comisión?
Tiene prácticamente tres puntos que tienen que ver con los cuerpos que distorsionan las labores de Estado, apoya las instituciones guatemaltecas del sector justicia, investigar y perseguir penalmente individuos y organizaciones que pertenecen a ese tipo de aparatos así como darle asistencia técnica. Este es exactamente el mandato.
El tema de la “impunidad”
¿Por qué entonces la Comisión tiene cabida en todos los sectores de la sociedad guatemalteca?
El punto es que cuando se toca el tema de “impunidad”, toca precisamente a toda la sociedad, a todas las instituciones y es por esto que se percibe que la Comisión tiene un mandato omnipotente y omnipresente, pero no es así.
Tiene formalmente limitaciones lo que pasa es que, por primera vez, un órgano de Naciones Unidas tiene la capacidad de hacer denuncias penales ante el sistema de justicia guatemalteco por eso se facilita el demostrar que la impunidad es alta y está incrustada en toda la sociedad guatemalteca.
¿De qué depende el actuar de la Comisión?
La Comisión ha tenido sus momentos de mucha fuerza y otros con un perfil muy bajo, pero eso obedece mucho a quien la esté dirigiendo. El comportamiento de la Comisión es distinto.
Tuvimos un Carlos Castresana que estuvo muy asociado por ejemplo al sector empresarial y donde no se tocaban puntos álgidos. Tuvimos un Francisco Dall´Anese que prácticamente pasó inadvertido con un perfil muy bajo, que no se atrevió a tocar a políticos.
La figura actual de Iván Velásquez es más atrevida en tocar a ciertos actores quienes nunca se imaginaron que les tocara a ellos. Se pensaba que la Comisión apoyaba investigaciones, informativos del ministerio pero nunca que se convertiría en el enemigo de la clase política.
¿La Comisión es una transgresión a la soberanía guatemalteca?
El discurso de la soberanía es una falsa trampa. Sobre el origen de la Comisión, sí hubo resistencia pero el debate duró cuatro años antes de que se instaurara en 2006.
El gran debate era la vulneración al concepto de soberanía nacional. Era transgredir la soberanía de la nación de Guatemala sobretodo por parte de los sectores más conservadores y, en especial, un ala muy conservadora del ejército que habla sobre la violación de la soberanía nacional.
¿Y siguen en pie esos debates?
La Comisión tiene un mandato de dos años prorrogable por dos más pero cada vez que se va a renovar se pone a debate si debe continuar o no si sigue en Guatemala.
El tema es que debemos hacernos responsables de nuestro destino por nosotros mismos, debemos dejar trabajar al ministerio público de manera autónoma, no podemos seguir siendo asistencialistas, lo que se sigue demostrando aún es que estamos en pañales en el tema de manejo de impunidad y ya sigue siendo necesaria la comisión en el país.
No se puede ser juez y parte
¿Otros países deberían instaurar una comisión de Naciones Unidas?
La Comisión es un espacio porque no se puede ser juez y parte. Al final de cuentas todos conocemos la experiencia latinoamericana, en donde México lamentablemente tiene una fama en el asunto de la práctica de la tranza como referente político.
Si queremos cambiar algo de raíz, si dejamos a la actual clase política mexicana, querer transparentar los procesos, estamos perdidos porque todos sabemos de entrada que no va a pasar.
Y se necesita de algo que no te imponga reglas y que no vulnere tu soberanía pero que sí pueda investigar que lo que se hace sea acuerdo al marco normativo, que se respetan las leyes, que no hay impunidad, que no hay corrupción, que estás siendo eficiente.
Eso de la trampa que no es soberano, que se vulnere el Estado, que haya alguien que nos diga todos los días qué hacer. No es así el asunto, en Guatemala se percibe diferente porque aún con la Comisión, solamente hay una nota de prensa donde se señala que el 97% de los casos continúan sin que se emita un castigo, lo que nos dice que estamos en un alto nivel de impunidad todavía.
¿Habría alguna forma de deshacerse de dicha comisión?
En el caso de Guatemala solamente se puede pedir no renovar el mandato.
En 2015, antes de ser depuesto, el presidente Otto Pérez Molina planteó que ya no siguiera el mandato. Entonces hasta hubo una visita de Estado del vicepresidente de los Estados Unidos al triángulo norte recordándoles en el interés que su país tenía en esta comisión.
No se pudo decidir revocar el mandato en ese momento porque había demasiada presión interna y externa para que la Comisión continuara. Y así andamos debatiendo desde entonces.
@jahirda
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