Actos presidenciales sin sustento jurídico
Los gobiernos civiles
no deben tener religión.
Benito Juárez
Para el artífice de la separación de la Iglesia católica y del Estado mexicano —y forjador de la laicidad de la república—, “los gobernadores de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte”.
Este último argumento ha servido para que, desde la reforma ideológica que desarticuló el liberalismo mexicano en 1992, varios titulares del Ejecutivo mexicano hayan hecho pública profesión de su adhesión a la religión mayoritaria de los mexicanos, simulando recepciones al jefe de Estado del Vaticano.
Si en el caso de los titulares del Ejecutivo provenientes de las filas de Acción Nacional eran de esperar actitudes y posturas congruentes con la doctrina ideológica de su partido, en el caso de Enrique Peña Nieto preocupa sobre manera que, como gobernante proveniente de un partido que defiende la laicidad del Estado, manipule su profesión religiosa en función a necesidades mediáticas que redundan en su popularidad.
Así lo demuestra el “episodio” del micrófono deliberadamente abierto, cuando en 2009 informó de su matrimonio con Angélica Rivera en una audiencia con el papa Benedicto XVI; así lo confirma, también, la amplia difusión mediática de su “boda privada” con la actriz, en la catedral de Toluca en noviembre de 2010, cuando el entonces gobernador del Estado de México se fortalecía con todo el apoyo de la república mediática para recuperar para el PRI la presidencia de México.
Y, finalmente, así ocurrió el pasado 13 de febrero de este año, cuando en un acto de control de daños causado a la figura presidencial por la revelación de que la anulación canónica del primer matrimonio de la actual primera dama carece de validez, y por tanto nulifica la ceremonia en la que el actual presidente contrajo nupcias con la actriz, en aras del rating se prefirió violar el precepto constitucional que consagra la laicidad del Estado mexicano, y por ende la de su presidente, el cual, a sabiendas de su exposición pública y notoria, participó activamente en la ceremonia litúrgica efectuada en la Basílica de Guadalupe, acompañado por su familia y recibiendo la eucaristía, patentizando así su fe ante millones de espectadores, en tanto que a la primera dama se le pidió discretamente abstenerse de comulgar, pues su situación canónica le impide recibir la eucaristía en tanto no se aclare la validez o invalidez de su primer matrimonio con José Alberto Castro.
Si la recepción oficial en Palacio Nacional se puede explicar en función a la doble calidad del papa Bergoglio como jefe del Estado Vaticano y pontífice de la Iglesia católica, la participación de Peña Nieto en la eucaristía celebrada por el vicario de Cristo en la Basílica de Guadalupe no tiene sustento jurídico alguno y viola flagrantemente la premisa juarista de que “los gobiernos civiles no deben tener religión alguna”.
