No más Topo Chicos
Luego del motín en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, es necesario que los representantes del Poder Legislativo mexicano revisemos el anclaje jurídico en el que tenemos sostenido el Sistema de Impartición de Justicia, pues cada vez son más frecuentes este tipo de incidentes por la sobrepoblación y falta de regulación para cada tipo de centro de reclusión, ya sea federal, estatal o municipal.
Los legisladores debemos fijar una ruta de atención a este tipo de situaciones, sobre todo ahora que en el Senado de la República tenemos una agenda enfocada a sacar temas que tienen que ver con seguridad y procuración de justicia, empezando por la discusión del mando único, de ejecuciones penales, desaparición forzada de personas y tortura.
En nuestro sistema penitenciario, tenemos la obligación de vigilar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a la integridad de los internos, de conformidad con los estándares internacionales y a lo establecido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.
Recordemos que apenas en octubre de 2015 se hizo una revisión a dichas reglas y en éstas se concede una gran importancia a la protección de las garantías básicas de las personas privadas de libertad, por ser uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y malos tratos.
Entre las observaciones realizadas, destacan las relacionadas con la salud y la prohibición absoluta de la tortura y maltrato de prisioneros, la aplicación de las regulaciones sobre la incomunicación y aislamiento prolongado.
Hace unos días, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del alto comisionado de la ONU nos llamaron la atención al pedirnos que se haga frente “de manera conjunta y decidida a una grave situación carcelaria donde se combinan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas”.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relator especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, elaboró un catálogo de las fallas del sistema penal mexicano.
Entre ellas, se establece que la sobrepoblación en las prisiones es resultado del uso desmesurado de la cárcel, que incluye rezago judicial, el cual se refleja en que casi el 50 por ciento de la población interna es procesada, así como la imposición de penas excesivas, a veces sin la posibilidad de medidas cautelares, o el otorgamiento de libertades anticipadas y la falta de utilización de penas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad.
Es ahí donde los senadores debemos presentar una propuesta legislativa que logre una reinserción social efectiva de la población que se encuentra recluida en las cárceles, las cuales se están convirtiendo en bombas de tiempo que estallarán lamentablemente con resultados peores a los que ya se han reportado ante la falta de vigilancia de las autoridades federales y estatales.
No más Topo Chicos, hay que actuar de inmediato y dejar de seguir pasando la bolita unos a otros, no podemos ser sólo espectadores, tenemos un compromiso con la sociedad mexicana que nos dio su confianza para hacer leyes y transformar el sistema penitenciario, que hoy se ha convertido en verdadera escuela para la delincuencia organizada.
@JL_Preciado_
Integrante del grupo parlamentario del PAN